Cuestionando la competitividad del Estado
Claudia Guadamuz Moreno
claudialissethe@hotmail.com
Los promotores y divulgadores de las bondades de las políticas neoliberales, nos han vendido la idea de que un Estado demasiado grande es sinónimo de ineficiencia. Lamentablemente muchos gobiernos de países latinoamericanos principalmente, han comprado esta idea dejándose llevar por lo llamativo del envoltorio sin cuestionar mucho su contenido. No sería justo, sin embargo, obviar que esta “compra” no ha sido voluntaria sino más bien “inducida” por los organismos multilaterales.
En el caso de América Latina, a pesar de las críticas férreas que se hicieron a los grandes aparatos estatales característicos de la década de los 80, no todos los países asumieron estas medidas. De tal manera que Chile, ejemplo del éxito de algunas políticas neoliberales, no redujo el tamaño del Estado, y por el contrario, como bien afirma Atilio Boron en su obra Réquiem para el neoliberalismo es uno de los más grandes del continente. Nadie puede atreverse a cuestionar la eficiencia del Estado chileno cuando hacemos referencia al desempeño económico de este país. El éxito de la entidad denominada ProChile, como promotor y gestor de las empresas exportadoras chilenas, es un ejemplo de que la burocracia, bien llevada puede generar rendimientos significativos.
El Estado nicaragüense ha sido objeto de serias reducciones producto de las medidas de ajuste estructural impulsadas por el Fondo Monetario Internacional a principios de los años noventa. A pesar de haber cumplido con gran parte de esas medidas y de haber privatizado algunas de las empresas estatales más importantes, el incremento en la eficiencia del Estado en su capacidad de dar respuestas a las demandas de la ciudadanía y sobre todo en la reducción del déficit fiscal no son los resultados más plausibles.
En el Consejo Nacional de Planificación Económica Social (Conpes) se analizó en días recientes la Estrategia para el Desarrollo de Nicaragua elaborada por la Presidencia de la Republica, así como las iniciativas del Primer Foro de Apoyo al Sector Productivo de Nicaragua. Los planteamientos expresados por los expositores, recalcaron la necesidad de fortalecer y promover la empresa privada nacional pero que los mismos empresarios debían plantearse como meta inmediata ser más competitivos.
Los representantes del sector empresarial argumentaron que aunque comparten el criterio de que ser empresas competitivas es una condición indispensable para insertarse en los mercados internacionales, también es cierto que esto no debía ser tarea exclusiva del sector privado sino también del sector público. Al mismo tiempo que expusieron ejemplos concretos de incoherencias entre las políticas de algunos ministerios y de leyes que desincentivan la actividad empresarial, señalaron la falta de beligerancia y de capacidad de respuesta del Estado nicaragüense para la solución de esos problemas y la articulación de las políticas públicas.
Debemos ser conscientes de que Nicaragua necesita un Estado fuerte, sólido y coherente, con instituciones que respondan a las necesidades de cada uno de los sectores de la economía nacional. El Estado debe ser también altamente competitivo y eficiente para garantizar las condiciones necesarias y las bases sobre las cuales tanto el sector privado como la ciudadanía en general puede apoyarse para lograr su propio desarrollo.
Nadie podría negar en estos momentos la ineficiencia de la mayoría de las instituciones gubernamentales y del Estado en general como es evidente en el Poder Legislativo, Judicial y Electoral. Sean cuales sean las causas de la ineficiencia (pactos políticos, incompetencia administrativa, imprecisos criterios de reclutamiento de funcionarios públicos, actos de corrupción, etc.) el hecho es que el Estado nicaragüense no ha sido capaz de atender satisfactoriamente las demandas de la ciudadanía y es imperativo en estos momentos reorganizar y fortalecer las instituciones de gobierno.
La mayoría de los nicaragüenses coincidirán que la necesidad de una reforma institucional en todo el aparato estatal es incuestionable. Pero una reforma al Estado debe ser coherente con el tipo de economía que queremos desarrollar y con el tipo de valores que queremos fomentar dentro de nuestra sociedad. La responsabilidad social no se debe exigir solamente a la empresa privada, debemos exigirla también al Estado en su conjunto pues de su eficiencia y eficacia depende en igual medida el desarrollo de la nación.
Los nicaragüenses debemos comenzar a debatir dentro de nuestros espacios de acción diaria, sobre el tipo de gobierno, Corte Suprema de Justicia, Asamblea Nacional o Consejo Supremo Electoral que necesitamos y considerar el tamaño de Estado que podemos financiar. Para ello la sociedad en general junto a las instancias de gobierno debe comenzar un diálogo de altura para abordar estos temas y la coyuntura nacional no pueden ser más propicia.
La autora es magister en Gestión y Políticas Públicas,
Universidad de Chile. 
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