Nicas de La Carpio viven bajo amenaza
Josué Bravo
SAN JOSE, COSTA RICA.-Para Silvia Granja, residente del asentamiento La Carpio, al sureste de la ciudad de San José, abandonar Nicaragua y venir a trabajar a Costa Rica, aunque sea por un bajo salario, significa que al menos puede adquirir una humilde vivienda y sobrevivir con su familia. Algo que jamás imaginó tener en su natal Granada.
Ella, junto a sus dos hijos, una nuera y cuatro nietos, vive en un pequeño rancho construido con pedazos de zinc, madera y cartón comprimido, en un lote situado al borde de un precipicio, en la “ciudadela” La Carpio.
La mayor preocupación de Granja no es vivir en condiciones infrahumanas o tener que defenderse de los delincuentes que traten de robarle, sino que en cualquier momento las autoridades costarricenses decidan desalojarla del terreno que compró hace 7 años en 15 mil colones (640 córdobas), a sabiendas que el vendedor no era dueño del inmueble.
Cinco mil familias que viven en este asentamiento sobrellevan esta misma dificultad. Muchas se apoderaron ilegalmente del lugar donde habitan y otras compraron a supuestos dueños en negocios clandestinos.
Aunque las instituciones del gobierno estiman que el 50 por ciento de los habitantes de La Carpio son inmigrantes nicaragüenses de escasos recursos económicos, el presidente de la Asociación de Desarrollo Municipal, Marcos Iglesias, sospecha que los nicas ya pueden ser el 85 por ciento, debido al flujo migratorio constante.
Hace 15 días, el Ministerio de Vivienda divulgó una encuesta nacional, mostrando que 42 mil hogares pobres de Costa Rica viven en condiciones similares a las de La Carpio. El 70 por ciento residen en el área metropolitana que abarca San José
Cartago, Heredia y Alajuela
Hasta hace seis meses La Carpio pertenecía a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pero en una transacción que duró más de dos años esos suelos pasaron a ser administrados por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
A finales de los años 80, las familias nicaragüenses que vinieron a Costa Rica, huyendo de la guerra, se apoderaron de esas zonas declaradas áreas verdes por la CCSS. Después la invasión se masificó y ahora no sólo viven nicas, sino ticos y ciudadanos de otros países latinoamericanos.
La falta de títulos de propiedad de los inmuebles y la necesidad de las familias pobres de tener una casa, ha propiciado el negocio para otros precaristas y “zopilotes” (estafadores) de la vivienda.
María Rodríguez, originaria del departamento de Carazo, comentó que una mujer —cuya identidad no quiso revelar por temor a represalias— la estafó con 25 mil colones (1000 córdobas) que ella le pagó a cambio de incluirla en un proyecto de vivienda que jamás existió.
“Me dijo que ese dinero era necesario para la prima de mi casa. Ahora no tengo ni mi plata ni casa. Lo peor de todo es que la mujer se me hace la loca cuando le reclamo”, dijo Rodríguez.
Denis Palacios está endeudado con un compatriota por 400 mil colones (16 mil córdobas). Hace tres meses le “compró” una casa de madera y zinc ubicada a cinco metros del río Virilla. En ella vive junto a su cónyuge y sus cuatro hijos.
Palacios sabe que el negocio no tiene validez legal. La parcela no era del vendedor. En el acuerdo sólo mediaron las “palabras de hombres” y un papel escrito a mano que demuestra la compra.
Marcela Peralta alquila un cuarto en 15 mil colones mensuales, cubierto con latas viejas y cartón. Para poder dormir en ese pequeño espacio después de un intenso día de trabajo en labores domésticas, tiene que bajar 100 metros sobre un camino resbaladizo.
Estas tres personas saben que además de los problemas legales que podrían enfrentar, las condiciones de salud no son las indicadas. Lo único que los obliga a permanecer, es el deseo de poder sobrevivir a un bajo costo y ahorrar el dinero necesario para luego enviarlo al resto de familiares en Nicaragua.
El presidente de la Asociación Municipal afirmó que la institución “está consciente del grave problema que afrontan los ciudadanos, sobre todo los nicaragüenses que están viviendo a orillas de los ríos Virilla y Toro Amarillo, porque están a merced del hampa, la crecida de los ríos y la posibilidad de un derrumbe que los sepulte por completo” .
Según Iglesias, el Ministerio de Vivienda y el IMAS no pueden titular, ni reubicar a familias expuestas al peligro de ser arrastrados por un alud. El reglamento interno de ambas instituciones no permite incluir en un programa de vivienda a inmigrantes indocumentados.
“Parece que aquí hay un problema de cultura, a la gente le importa dónde duerme, cómo vive, el peligro que corre. Ellos no pueden obtener un bono de vivienda porque son ilegales. Es algo terrible. Nosotros no podemos controlarlo. Si nosotros quisiéramos echamos migración para evitar un desastre pero, por ahora no”, comentó.
Iglesias informó que gestionan ante el Ministerio de Vivienda un proyecto habitacional para todos los pobladores de La Carpio y esperan respuesta. “Ahora es el ministerio el que decidirá quién clasifica o no en este proyecto”.
El 4 noviembre, la directiva del IMAS, remitió una carta a Marcos Iglesias advirtiendo que “si viene gente nueva a quererse meter, haremos uso de la fuerza pública en caso que sea necesario”. Pero oficina de prensa del IMAS informó que ningún ciudadano de La Carpio será desalojado.
Mientras las autoridades discuten sobre el futuro de los habitantes de La Carpio, en su mayoría nicaragüenses, Silvia Granja se las ingenia para que el pequeño patio de su humilde vivienda no se siga erosionando, porque un derrumbe también afectaría a su vecina que vive 10 metros abajo.
Peligros en La Carpio
SAN JOSE.- Cerca de 400 familias nicaragüenses pobres que viven sobre dos pendientes en el precario La Carpio, corren el riesgo de quedar sepultadas si ocurriera un derrumbe.
-Los inmigrantes viven sobre las laderas de los ríos Virilla y Torres, ubicados al norte y al sur del asentamiento, respectivamente.
-Hace mes y medio, un pequeño talud arruinó siete viviendas de la pendiente norte y una crecida del río Virilla desbarató una casa ubicada sobre la rivera de ese río. La Comisión Nacional de Emergencia distribuyó frazadas y colchonetas entre los afectados.
-Las parcelas donde están las casas eran disparejas y fueron rellenadas con tierra, hasta formar una superficie plana. Cada vivienda está separada por precipicios de más de cinco metros de forma descendente. El panorama se asemeja a las graderías de un estadio.
-Muy abajo, a orilla de estos ríos, unas quince casas sufren la amenaza constante de las fuertes corrientes de agua. Hace un mes una crecida del Virilla se llevó parte de las pertenencias de Carlos Palacios, originario de la isla de Ometepe.
-“Ese día el río se llevó los zapatos de mis niños, parte de nuestra ropa y alimentos. El acoso es constante, no podemos dormir por el temor de que una noche de éstas seamos arrastrados por la corriente”.
-“El salario no me alcanza para poder comprar o alquilar una mejor vivienda. El gobierno (de Costa Rica) dice que no hay plata para nosotros. Nuestro problema es doblemente grave porque somos extranjeros y hay muchos indocumentados, pero creo que nos merecemos una vivienda porque también aportamos a la economía del país”. Agregó.
Piden seguridad
Según el Ministerio de Vivienda de Costa Rica, los nicaragüenses indocumentados no pueden obtener un crédito para construir viviendas, excepto si sucede un desastre natural. Han pedido a las autoridades ticas que los trasladen a un sitio con menos peligro 
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