Nada personal
Los que sí pagan están indefensos
Douglas Carcache
douglas.carcache@laprensa.com.ni
Por custodiar a funcionarios públicos, los pocos policías que hay en Nicaragua descuidan la seguridad de miles de ciudadanos que viven expuestos a la delincuencia en barrios y centros públicos.
Sólo en Managua hay más de 40 policías dedicados a proteger a funcionarios del Estado, mientras quedan 28 mil habitantes desamparados, si tomamos en cuenta que en el país existe un policía por cada 700 pobladores.
Hay personalidades que ameritan protección, pero son pocas, entre ellas el Presidente y el Vicepresidente de la República. Sin embargo, otros funcionarios de menor rango, quizás por miedo a sus acciones del pasado o porque necesitan sentirse importantes, han pedido escoltas pagados con dinero del presupuesto de la República.
Entretanto, la Policía pide que le aumenten más de un millón de córdobas a su presupuesto del próximo año para comprar pistolas, entre otros gastos, porque sólo disponen de una pistola por cada cuatro agentes, según explicó el director de la institución, primer comisionado Edwin Cordero, en una visita que hizo a LA PRENSA la semana pasada.
Existen funcionarios públicos que, por sus funciones, temen que atenten contra sus vidas y en algunos casos su protección es justificada, pero el costo de ese resguardo debería ser cubierto por la institución para la que trabaja el custodiado.
La juez Juana Méndez, por ejemplo, ha necesitado protección policial después que le asignaron el caso de los fraudes contra el Estado y lavado de dinero, por el que son investigados el ex presidente Arnoldo Alemán y funcionarios de su Administración. ¿Acaso la Corte Suprema de Justicia cubre el costo de esa custodia, asumiendo el deber de darle todas las facilidades a sus funcionarios para que impartan bien la justicia?
Asignar escoltas para más funcionarios de los que la necesitan, es un gasto que atenta contra la protección a los ciudadanos, porque sólo hay siete mil policías para una población mayor de cinco millones de habitantes.
Mientras decenas de funcionarios andan con custodias caras, pagadas con el presupuesto de la Policía que procede de los impuestos cobrados a la ciudadanía, en los barrios de Managua los pobladores pagan vigilantes civiles para protegerse de la delincuencia, sin ninguna garantía.
Conozco el caso de un político sin cargo público que, tras denunciar irregularidades del gobierno de Alemán, pidió que la Policía le asignara guardaespaldas. Menos mal que le dijeron que no.
Los ciudadanos pagan con sus impuestos la seguridad de ministros, magistrados o diputados; y además tienen que arreglárselas, pagando más, para evitar que los ladrones comunes penetren en sus casas.
Si cada institución del Estado pagara, de su presupuesto, la custodia de sus altos funcionarios, la Policía se evitaría ese gasto y podría contratar más agentes para cuidar mejor a los que siempre pagan todo: los ciudadanos. 
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