Siguiendo el procedimiento establecido por la Constitución Política, hace varios días el presidente Enrique Bolaños envió a la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma al Presupuesto General de la República, de este año, que fue aprobado por la Asamblea anterior. La reforma solicitada obedece al orden de prioridades establecido por el presidente Bolaños durante la campana electoral y a los ajustes que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público considera pertinentes, tomando en cuenta las posibilidades reales de ingresos del fisco, ya sea a través de impuestos o de financiamiento internacional.

El Artículo 112 constitucional establece que “Toda modificación al Presupuesto General de la República que suponga aumento o disminución de los Créditos, disminución de los ingresos o transferencias entre distintas instituciones, requerirá de la aprobación de la Asamblea Nacional”. La reforma propuesta contempla una reducción substancial de más de 550 millones de córdobas en inversiones públicas. El gobierno alega que la administración anterior sobreestimó ese rubro, y que, al no existir fuentes de financiamiento disponibles, no queda más que hacer los recortes correspondientes.

Si bien es cierto, entonces, que las reformas presupuestarias deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional, es importante y necesario que lo haga con rapidez y sentido de responsabilidad, y que las diferentes fuerzas parlamentarias se abstengan de querer utilizar el proceso de reforma para arrancar concesiones del Ejecutivo o para cualquier otro fin. Pero las declaraciones dadas por algunos diputados dejan entrever lo contrario y por lo tanto el Ejecutivo debe actuar con firmeza y hacer pública cualquier presión en ese sentido.

La aprobación de la reforma presupuestaria es una condición previa a la conclusión y firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y es de sobra conocida la gran importancia que tiene para la reactivación de la economía nacional la conclusión y puesta en marcha de ese acuerdo. Los donantes y cooperantes internacionales han sido enfáticos al señalar que no podrán desembolsar su ayuda mientras no se hagan las reformas presupuestarias. El embajador de Suecia, Klas Markensten, lo expresó claramente el miércoles pasado en una reunión en la que estaban presentes los representantes de 7 países cooperantes y el de las Naciones Unidas. Markensten dijo en esa oportunidad que si no se llega a un acuerdo con el FMI “no podemos nosotros apoyar con más fondos suplementarios”.

El espaldarazo de la comunidad internacional a la administración del presidente Bolaños es importante, pero por importante que sea, no debe ser el factor determinante para la pronta aprobación de la reforma presupuestaria. El criterio fundamental para su aprobación debe descansar en los méritos objetivos de los ajustes y en las disponibilidades reales de ingresos.

Sin embargo, es importante estar claros de una cosa: para los diputados resulta una tentación prácticamente irresistible el no oponerse a la reducción de cualquier gasto contemplado en el Presupuesto de la República. Más aún: por lo general, gustan de incrementarlos. Pero en una situación económica recesiva como la que está viviendo el país, como consecuencia, en parte, de la rapiña y voracidad de la administración anterior, no resulta éste ser el momento más apropiado para pretender lucirse y forzar al gobierno a gastar lo que no tiene.

De ahí también que una reforma tributaria que el Ejecutivo está preparando para enviar próximamente a la Asamblea, debe tomar en consideración esa realidad que vive el país. Es conveniente distinguir entre una reforma presupuestaria y una reforma tributaria. La primera implica un reacomodo de las partidas presupuestarias únicamente, en tanto que la segunda puede implicar la creación de nuevos impuestos y tributos. En todo caso, cualquier reforma tributaria debe ir orientada a recaudar efectiva y eficientemente los impuestos que ya existen por ley, y no a la creación de nuevas cargas tributarias.

Pero por lo pronto, es importante que la Asamblea Nacional se ponga a trabajar con celeridad y responsabilidad para aprobar las reformas solicitadas, siempre y cuando, obviamente, sean ellas necesarias y sensatas, y que contribuyan a la pronta consecución de recursos provenientes de las instituciones financieras internacionales y de la comunidad cooperante. Cualquier atraso injustificado en la aprobación de dichas reformas, afectaría la necesaria reactivación de la economía, y, por ende, el bienestar de la ciudadanía.  

Reformas presupuestarias