Diplomático de EE.UU. investiga caso de armas
Luis Felipe Palacios
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El canciller Norman Caldera anunció ayer que la Comisión Tripartita —conformada por Panamá, Colombia y Nicaragua— nombró a un diplomático estadounidense experto de la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar el trasiego de tres mil fusiles AK y cinco millones de municiones, que presuntamente fue desviado de Nicaragua a un grupo irregular de Colombia.
“Se ha nombrado a un diplomático norteamericano, entiendo que retirado, con una enorme experiencia para que sea él quien recabe los informes que ya se mandaron por medio de esta Comisión a la OEA”, informó.
Indicó que los embajadores de Panamá, Colombia y Nicaragua en la OEA entregaron al experto, cuyo nombre dijo desconocer, toda la documentación en su poder sobre el desvío del armamento.
La idea, según Caldera, es que el diplomático estadounidense, quien ya tiene en sus manos los tres informes hechos por las Comisiones de Alto Nivel de los tres países involucrados, emita un juicio final y haga sus recomendaciones para el mes de julio de este año.
“Queremos que (el experto) como persona imparcial pueda analizar (los informes), ver qué preguntas están sin contestarse y buscar cómo se contesten, y después pueda emitir un juicio, no sólo de lo que ha pasado, sino —lo que es más importante todavía— qué recomendaciones se deben de tomar para que esto no vuelva a suceder en el futuro”, destacó.
LOS ANTECEDENTES
El pasado siete de mayo, las cancillerías de Panamá, Colombia y Nicaragua pidieron a la OEA que colabore en las investigaciones sobre el desvío del armamento.
El escándalo del tráfico de armas estalló el pasado 21 de abril, cuando el periódico “El Tiempo” publicó que en noviembre del 2001 se introdujeron a ese país tres mil fusiles AK-47 y unos cinco millones de cartuchos procedentes de Nicaragua, en el barco Otterloo, de bandera panameña.
Según los empresarios israelíes Oris Zoller y Uzi Kisslevich, representantes de la empresa guatemalteca GIRSA que negoció la transacción de las armas, la Policía de Panamá los contrató para adquirir el arsenal.
Ambos empresarios, en declaraciones a medios de comunicación, a finales del mes pasado, insistieron en que el negocio con la Policía de Panamá fue legal. Sin embargo, el director de la policía panameña, Carlos Barés, ha negado la complicidad de su institución. 
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