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LUNES 27 DE MAYO DEL 2002 / EDICION No. 22741 / ACTUALIZADA 1:30 am
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Douglas Carcache
douglas.carcache@laprensa.com.ni

BARCELONA.— Los países latinoamericanos conocieron hace diez días los requisitos que deben cumplir para estrechar las relaciones económicas y políticas con los 15 estados de la Unión Europea (UE), pero hay uno reservado que tarde o temprano sobresaldrá con fuerza: el control de la emigración.

Es el gran ausente de la Declaración de Madrid suscrita el 17 de mayo por los mandatarios europeos y latinoamericanos, donde sólo quedó señalada la necesidad de “erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia relacionada con ellos”.

Sin embargo, el gobierno español, que preside la UE por un período de seis meses desde enero pasado, está sugiriendo pedir a los países pobres que controlen la salida de sus emigrantes indocumentados o de lo contrario aplicarles restricciones en las ayudas que reciben de Europa.

“Puesto que les ayudamos y lo seguiremos haciendo, que ellos (los países pobres) también hagan un esfuerzo para impedir la inmigración ilegal”, indica la propuesta española enviada hace pocos días a la Comisión Europea con sede en Bruselas.

El ministro español del Interior, Mariano Rajoy, reconoce que la inmigración es “el fenómeno más importante que tiene planteado no sólo España, sino toda la Unión Europea”.

Unos tres millones de inmigrantes viven clandestinos en Europa, de los cuales medio millón están en Francia, 300 mil en España y más de 200 mil en Italia, según estimaciones de organismos de la UE.

La inmigración indocumentada, según Rajoy, “en muchas ocasiones lleva a la marginalidad, y cuando uno está en esa situación y no tiene otra opción, es fácil caer en la delincuencia”.

Si después del año 2004 la UE suscribe acuerdos de libre comercio con los países de Centroamérica y de la comunidad Andina, éstos tendrán que incluir el envío frecuente de grupos de trabajadores a Europa, con toda la legalidad, porque esa fuerza laboral seguirá siendo necesaria allí.

La Unión Europea necesita por lo menos 44 millones de inmigrantes, hasta el año 2050, para mantener su crecimiento económico y continuar financiando las pensiones de su población, que cada vez tiene menos jóvenes, indican datos del sistema de estadísticas Eurostat.

Es lo contrario de América Latina, donde hay 500 millones de habitantes y 200 millones están muy pobres, por lo que frenar la emigración hacia Norteamérica y Europa será difícil mientras falten opciones laborales. La cooperación para asistencia social es insuficiente.

Sólo si Europa abre sus mercados a Latinoamérica ayudaría a disminuir la emigración desde estos países, si en ellos surgen nuevas actividades productivas y empresas, aunque esto también dependerá de la transparencia e iniciativa económica con que actúen gobiernos y empresarios, invirtiendo bien los impuestos y reinvirtiendo las ganancias, en cada caso, para que el bienestar social y los empleos con calidad se multipliquen.  
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