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MIéRCOLES 8 DE MAYO DEL 2002 / EDICION No. 22722 / ACTUALIZADA 12:45 am
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Orden partidaria se extiende a Parlamento

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.Diputados liberales ni siquiera informan sobre su trabajo parlamentario

Miguel López, Guillermo Osorno y Gabriel Solórzano.

 

William Briones Loáisiga
william.briones@laprensa.com.ni

Miguel López, diputado de la bancada Azul y Blanco, aseguró que sus colegas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) violan la Constitución y los Estatutos de la Asamblea Nacional, al negarse a informar de las actividades del Parlamento, por la amenaza de ser sancionados por dicho partido, que “ordenó” a sus miembros no brindar declaraciones.

De acuerdo con la disposición del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PLC, los diputados no deben brindar declaraciones para evitar mayores roces con el Ejecutivo, aunque ellos extienden su aplicación a la labor parlamentaria. “No puedo decir una sola palabra, porque me sanciona el partido”, dijo un legislador liberal, que pidió no ser identificado.

López recordó que los diputados deben mantener informados a sus electores. “Es peligroso que un partido político caiga en el ostracismo. Con esta decisión se aíslan del contacto con la realidad nacional, y no creo que el aislamiento sea la solución a los problemas que afronta Nicaragua y ellos son parte de la solución”, reconoció.

“Tanto la Constitución como los Estatutos establecen que periódicamente los legisladores deben informar a los electores sobre su gestión en el Parlamento. De continuar esa actitud, pueden provocar que el Parlamento avance lentamente y entremos en un mayor tortuguismo”, advirtió.


OSORNO EN CONTRA

Guillermo Osorno, aliado del PLC, se manifestó en desacuerdo con este tipo de autocensuras. “Es un deber de los diputados responder las inquietudes de la ciudadanía, y la autocensura es incorrecta”, comentó.

“Todo lo ligado al Parlamento es obligación darlo a conocer (los diputados) se pueden abstener de verter opiniones partidarias, pero en el manejo de leyes, es obligación informar”, insistió.

Gabriel Solórzano, Presidente de Ética y Transparencia, coincidió en que los legisladores tienen la responsabilidad de mantener informada a la ciudadanía. “Deben mantenernos informados de su gestión, en última instancia porque son pagados con nuestros impuestos”, observó.

Recordó que el organismo que preside promueve una iniciativa de ley para el acceso a la información en los poderes del Estado. “Queremos que toda persona tenga acceso a la información pública. Es responsabilidad de los diputados, responder a las solicitudes de la población, y los medios de comunicación son los principales representantes de la ciudadanía”, dijo.

“Cada diputado tiene que asumir la responsabilidad por la cual le prometió al pueblo representarlo, y al no asumir la misma el pueblo tendrá que tomar sus decisiones en las próximas elecciones”, manifestó.

Wilfredo Navarro, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, aseguró que la restricción para que los diputados opinen “es específica para los aspectos eminentemente políticos. Las cosas que tienen que ver con el quehacer partidario, tienen que manejarse a través del CEN, y ninguno tiene autorización para externar posiciones al respecto”, manifestó.

Contradictoriamente a la actitud asumida ayer por los diputados liberales, Navarro dijo que éstos tienen derecho de disentir y expresar lo que piensan.  
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