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MIéRCOLES 8 DE MAYO DEL 2002 / EDICION No. 22722 / ACTUALIZADA 12:45 am
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Bolaños y Moscoso acuerdan conformar comisión tripartita

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.Invitarán a Colombia a participar en investigación que finalmente aclare cómo llegaron las armas a ese país

El presidente Enrique Bolaños y la presidenta de Panamá Mireya Moscoso se reunieron anoche, en San José, donde coincideron por la toma de posesión de Abel Pacheco.

 

Luis Felipe Palacios
felipe.palacios@laprensa.com.ni

El presidente Enrique Bolaños anunció ayer que acordó con la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, crear una comisión investigadora entre Panamá, Nicaragua y Colombia, para esclarecer el desvío de armas nicaragüenses que terminó en manos de paramilitares colombianos.

“Acabamos de terminar una reunión con la presidenta Moscoso, en la que abordamos el problema del embarque de armas, y como es un asunto con una documentación larga y un poco compleja, con relativa facilidad y gran amistad y convicción, concluimos que debemos nombrar una comisión que investigue a fondo el manejo de esas armas”, declaró el mandatario a Canal 2 vía telefónica desde San José, Costa Rica.

Agregó que, aunque no se ha confirmado que las armas llegaron a Colombia, pedirán al presidente de ese país, Andrés Pastrana, que participe con su Canciller en la conformación de una comisión tripartita, los cuales contarán con la ayuda de varios organismos internacionales, entre ellos la Policía Internacional (Interpol) y la Organización de Estados Americanos (OEA).


“QUE SE INVESTIGUE"

Por la mañana, el primer comisionado de la Policía Nacional, Edwin Cordero, adelantó que solicitaron el auxilio de Interpol para esclarecer la compra de armas que la empresa guatemalteca GIRSA adquirió de la Policía de Nicaragua (PN), que supuestamente iba hacia la Policía de Panamá, pero que terminó en manos de un grupo irregular de Colombia.

“La Policía solicitó la intervención de la Interpol, porque no tenemos nada que ocultar, (sin embargo) los panameños no quieren que intervenga”, precisó Cordero, quien culpó al gobierno panameño de ser los responsables que las armas hayan parado en Colombia.

El primer comisionado recordó que el recambio de armas con Panamá lo firmó por parte de Nicaragua el jefe de la administración de la PN, comisionada Melbys González, con funcionarios panameños que no identificó, y que éste fue avalado por la Contraloría General de la República y autorizado por el ex ministro de Gobernación, René Herrera, y que del mismo sabía el ex presidente Arnoldo Alemán.

“Fue un trámite transparente. No hubo nada escondido, todo mundo sabía cuando se embarcaron esas armas en El Rama, en un barco de bandera panameña en donde el capitán (un mexicano de nombre Jesús Fernando Iturrios Maciel) firmó el recibido de las armas”, añadió.


LOS DOCUMENTOS

De acuerdo con un manifiesto en poder de LA PRENSA, con fecha de 02 de noviembre de 2001, y sello de Agencias Vasalli, la PN entregó 14 contenedores con tres mil fusiles AK, y cinco mil municiones con destino al Puerto Colón de Panamá.

Además, la PN presentó la orden de compra que solicitó el Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá con fecha del diez de febrero de 2000, en la que detallan los tipos de armas, y aclara que éstas “serán utilizadas exclusivamente para la Policía Nacional de Panamá, por ende tendrán como destino final la ciudad de Panamá”. La orden de compra, a la que tuvo acceso LA PRENSA, fue firmada por cuatro funcionarios del gobierno panameño: Alex Vergara del Ministerio de Gobierno y Justicia; Fredinson Carvajal de la Contraloría; Rolando Taboada, Director de Servicios Generales; y Reinero Castillo como Jefe de Compras.

“En Panamá están los señores que hicieron los trámites, entre ellos un israelí de nombre Shimón Yelinek que vive en Panamá, quien es marido de la cónsul de Israel en Panamá, y fue quien vino a revisar las armas, y dijo que aceptaba el recambio de las armas”, recordó Cordero. Sin embargo, el israelí rechazó al Canal 3 de Panamá estar vinculado en la compra de armas, aunque admitió que viajó a Nicaragua en septiembre de 2001 y se encontró con Oris Zoller, principal accionista de GIRSA para ver el armamento, pero negó que se haya hecho pasar como comprador de la Policía de Panamá.

Por otro lado, señaló que no le correspondía a la PN darle seguimiento a la entrega de las armas hasta que tuviera en manos de la Policía panameña, y desmintió que eso lo diga el tratado de la OEA, de la cual Nicaragua es signatario: “El tratado dice que se tiene que verificar, corroborar que las armas tienen un destino final, el cual está escrito en el documento que firman los panameños y miembros del gobierno panameño. Eso está escrito, y con eso corroboramos que el destino final es Panamá”, argumentó.


MONTEALEGRE ASUME RESPONSABILIDAD

Sobre el precio de las armas, que ha sido considerado extremadamente bajo, Cordero dijo que no era un problema suyo, sino que eso lo debía responder el anterior comisionado Franco Montealegre, a quien responsabilizó de vender a “precio de guate mojado” las armas y las municiones: “No puedo decir cómo hizo él para hacer esa valoración de las armas. Pregúntenle a él por qué vendió las armas a ese precio”, añadió. Las armas fueron vendidas a un precio promedio de 30 dólares, cuando en el mercado internacional se cotizan desde 500 hasta 2,400 dólares.

Por su parte, Montealegre aseguró a LA PRENSA que él asume toda la responsabilidad que le corresponde en el caso de las armas y consideró que el problema en este escándalo no es el precio en que fueron vendidas, sino el grupo al que fueron a parar.

También reafirmó su posición de no dar más detalles hasta que concluya la investigación, por temor a entorpecerlo “ya que es un problema de Estado”.  
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