Editorial
El mundo de los menores
Esta semana —del 8 al 10 de mayo— se celebra en Nueva York una nueva sesión especial de la ONU a favor de la infancia, en la que participa una delegación oficial de Nicaragua encabezada por la primera dama de la República, doña Lila de Bolaños. Y con este motivo, organismos especializados en los problemas de la infancia han dado a conocer cifras actualizadas sobre la situación de los niños y adolescentes en Nicaragua y el mundo.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNICEF), en Latinoamérica hay 163 millones de menores, de los cuales la mitad vive en la pobreza. Más de 7.5 millones de niñas y niños de 10 a 14 años trabajan en faenas riesgosas para la integridad física, y 20 millones desempeñan labores domésticas en jornadas intensas y prolongadas. Entre los mayores problemas que sufren esos millones de niños que viven en la pobreza figuran la prostitución, la drogadicción, el narcotráfico, la violencia familiar y el Sida.
A pesar de que Nicaragua es una de las naciones más pobres de América Latina, como consecuencia de la corrupción, revoluciones, contrarrevoluciones y toda clase de conflictos políticos y sociales que ha sufrido durante la mayor parte de su historia, curiosamente no aparece entre los países que tienen mayores problemas de niños que trabajan en situaciones de alto riesgo, que según UNICEF son Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.
Por otro lado, según informes oficiales publicados en LA PRENSA el martes de esta semana, en Nicaragua la mortalidad entre niños de 0 a 5 años es de 4.5 por ciento, siendo la diarrea la primera causa de ella. En términos relativos, ese dato es una buena noticia, porque según las cifras del Minsa y la UNICEF, la mortalidad infantil en 1990 era de 8.1 por ciento, o sea que en 11 años se redujo casi en la mitad. Sin embargo, las mismas estadísticas dicen que en 1993 el 25 por ciento de los niños nicaragüenses sufría desnutrición, y ahora es el 30 por ciento, de manera que actualmente son más los pequeños desnutridos pero sufren menos enfermedades y no se mueren tanto como 12 años atrás.
Otro grave problema en este ámbito es el de la delincuencia infantil y juvenil, que en Nicaragua se ha agravado desde que se aprobó y puso en vigencia el Código de la Niñez y la Adolescencia, que se ha convertido en el segundo más importante reducto de impunidad, después de la inmunidad constitucional con la que se protegen los políticos corruptos.
La misma Corte Suprema de Justicia, según información que publicamos el lunes recién pasado, ha comprobado después de valorar el cumplimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia, que los delitos cometidos por menores aumentan en vez de disminuir, pero que se castigan mucho menos que antes, porque la mencionada ley enfatiza en los derechos de los niños y adolescentes, pero no en sus deberes. De manera que proliferan los delitos cometidos por pandilleros juveniles e infantiles (l6,451 de febrero de 1998 a octubre de 2001, de los cuales sólo 2,188 se encuentran en “causa abierta”), inclusive homicidios, ante la impotencia de la sociedad, porque según el Código esos actos no son cometidos por delincuentes sino por “transgresores” inimputables.
Los protectores de los derechos de la infancia, y las autoridades tienen que comprender que entre los menores también es aplicable la regla de que derechos y deberes son dos caras de la misma moneda, y que la convivencia se basa precisamente en el equilibrio entre unos y otros.
Sin dudas que los menores tienen derechos, y el primero de todos es, precisamente, el de ser niños y adolescentes. Y tienen además derecho a ser alimentados debidamente, a un techo que los cobije y a una educación que los capacite para en el futuro trabajar y ganar lo suficiente para mantener con dignidad a su familia. Pero a los menores hay que hacerles saber que así como tienen muchos derechos deben tener también deberes y responsabilidades.
Un crimen es un crimen independientemente de la edad de quien lo cometa, y debe ser castigado por la justicia tanto si el criminal es un adulto como si es un menor de edad. 
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