La inversión directa del extranjero en Centroamérica
Cefas Asensio Flórez*
La inversión extranjera directa (IED) es sin duda uno de los indicadores de mayor sensibilidad para medir el fortalecimiento económico de la región centroamericana. Esta forma parte de las transferencias netas recibidas y no son generadoras de deudas, por lo que generalmente se les asocia positivamente con la generación de empleos y, por otro lado, especialistas consideran que son más éticas que la ayuda oficial a nuestros países debido a los mayores esfuerzos que se deben hacer para asegurar que sean rentables. ¿Cuáles podrían ser estos esfuerzos que harían más ética la inversión directa del extranjero en nuestra región?
Antes que nada, el crecimiento mostrado por Centroamérica en la inversión directa del extranjero entre 1990-1998, una vez superado los conflictos armados y con su mejor cifra de los últimos veinte años de 3,885 millones de dólares, se ha venido a la baja después del huracán Mitch y los efectos del fenómeno del Niño en la región, descendiendo hacia el 2000 en 1,978 millones de dólares. Sólo esto justifica claramente las iniciativas regionales para atraer la inversión en busca de superar sus problemas estructurales.
No obstante, la calidad de los resultados a largo plazo de estas inversiones está siendo determinada hoy por: la búsqueda del equilibrio regional mediante la superación de marcadas desigualdades o asimetrías entre países, el encuentro de estrategias inversionistas para que nuestros países pasen de tener beneficios marginales a beneficios más o menos equitativos y, sobre todo, por la búsqueda del desarrollo de nuestros propios proyectos nacionales y regionales a corto, mediano y largo plazo.
En primer lugar, el mayor crecimiento regional de la inversión directa del extranjero entre 1997 y 98 no fue homogéneo para los seis países. En 1997 el incremento fue sustancial en Panamá (3 veces en sólo un año, para 1,300 millones de dólares), y en 1998 se dio el aumento inusitado en El Salvador a 1,103 millones, casi 20 veces cualquiera de sus cifras anteriores, y en Guatemala a 673 millones, 8 veces mayor que 1997. Honduras y Nicaragua, con un crecimiento bastante sostenido desde 1994, mostraron cifras anuales en el 2000 menores a los 300 millones de dólares. De Costa Rica y Panamá baste indicar que desde 1985 estas inversiones han estado en un nivel por encima del promedio regional. Esto solamente reafirma que ni Honduras ni Nicaragua han sido objeto de inyecciones sustanciales de inversión directa del extranjero en los últimos veinte años, a diferencia de los otros países dentro de la región.
Esta clara asimetría no se puede ni debe pasar por alto con vistas a potenciar la actuación de la región como bloque en el plano internacional; es decir, la actuación regional impone algunos principios de solidaridad que en nuestro caso deberían incidir para que las inversiones muestren cierta proporcionalidad que contribuya a ir superando este tipo de brechas entre países. Experiencia aleccionadora en esta materia ha sido la actitud solidaria de las potencias europeas a favor de España y Grecia para lograr su plena integración a la Unión.
En segundo lugar, anunciar inversiones para la región es alentador y muestra un escenario cuasi romántico en un clima de alto desempleo; pero también hay que examinar cuáles son las inversiones más apropiadas en términos de los costos y beneficios tanto para nosotros como para los inversores extranjeros.
Un indicador para analizar los efectos de la inversión directa del extranjero en la región, y para el país en particular, es la relación de sus montos contra la salida de capitales, es decir, ¿cuánto de las inversiones realmente quedan al país y cuánto se va al país de origen? Por ejemplo, entre 1993 y 2000 el total de IDE que entraron a Centroamérica fueron del orden de 13,543 millones de dólares, mientras en pago de utilidades nuestros países vieron partir de sus territorios 11,173 millones, es decir, 83 centavos por cada dólar invertido. Si bien para Nicaragua esta proporción es de 30 centavos repatriados por dólar invertido del extranjero, el peligro está latente a las puertas de grandes compromisos de largo plazo que positivamente debemos esperar en el futuro inmediato.
Otro aspecto es el de los beneficios indirectos de toda inversión, que tienen efectos más allá del dinero, tales como la capacitación de recursos humanos, la creación de infraestructura y la transferencia de tecnología, dando valor agregado a nuestros productos primarios y los que nuestros países, unos más que otros, no parecen estar capitalizando a favor de sus propios proyectos. Deberían presentarse proyectos de co-inversión donde los beneficios indirectos vayan transfiriéndose cada vez más al país o región.
En tercer lugar, y no menos importante, la inversión directa del extranjero ha de verse como un complemento y para el fortalecimiento de las inversiones nacionales y regionales propias, no como una sustitución. Un rol clave de nuestros gobiernos y de la cooperación a la región sería facilitar la asistencia técnica y quizás promover políticas públicas y leyes que coadyuven a condiciones más equitativas entre la inversión extranjera y la nacional, de modo que ambos inversores se sientan estimulados y puedan coordinar esfuerzos.
La inversión directa del extranjero para Centroamérica ha de ser la oportunidad, no sólo de generar empleos a corto plazo y de poder vender nuestras materias primas, sino fundamentalmente de crear condiciones favorables al funcionamiento del bloque regional en un mundo globalizado, donde, sin embargo, cada país -por ende el nuestro- cuente con proyectos que generen el capital material, financiero y humano para su auto-sostenibilidad de largo plazo.
1. La información fue tomada y elaborada con base en los datos nacionales del “Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2001” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
* El autor cursa un Master en Economía Pública y del Desarrollo. 
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