Cayos Perlas
Jorge Salaverry*
Todos sabemos que los derechos de propiedad en nuestro país son débiles. Eso es un problema grave, si tomamos en cuenta la íntima relación que existe entre el grado de fortaleza de los derechos de propiedad y las decisiones de inversión. También sabemos que el capital en Nicaragua es tan abundante como el agua en la Luna, y que por esa razón nuestro país vive urgido de grandes flujos de inversión extranjera para poder crear los miles de empleos que la población necesita.
Pero, por lo visto, los nicaragüenses estamos empecinados en ahuyentar cualquier posible inversión. El domingo 21 de abril apareció en primera plana del diario The Miami Herald, un reportaje en el que —para todo efecto práctico— se invita a los extranjeros a no invertir en Nicaragua. La publicación tiene que ver con los hasta hace poco desconocidos Cayos Perlas —que son pequeñas islitas ubicadas en el Caribe nicaragüense— y con el estadounidense Peter Tsokos, que “cometió el delito” de comprar varios cayos a un precio relativamente bajo y de revenderlos después en una cantidad considerablemente mayor.
Según el artículo del Herald, uno de los compradores —una inglesa de apellido Gaskin— pagó poco menos de un cuarto de millón de dólares por uno de ellos, sólo para encontrarse “que su recientemente encontrado paraíso estaba a punto de convertirse en una tormentosa disputa de propiedad” —qué raro eso en Nicaragua, ¿verdad?— porque, al igual que los otros cayos vendidos por Tsokos, está siendo reclamado tanto por las comunidades indígenas, que dicen que son de ellos, como por el Gobierno de Nicaragua, que dice que las islas del país no pueden ser vendidas ni compradas. Tsokos alega que su adquisición fue legítima y que los compró a personas que tenían títulos reales de propiedad.
En este artículo me limitaré a comentar sobre dos aspectos que he observado desde que ese caso se hizo público en los medios de comunicación nacionales a mediados del año pasado. En primer lugar, veo que no son pocas las personas que consideran que la venta de un cayo a un extranjero significa una lesión a la soberanía nacional.
Es muy probable, sin embargo, que esas mismas personas no vean mal que un extranjero compre una finca en el departamento de Boaco, por ejemplo. Y si nos fijamos bien, la única diferencia es que una de las propiedades está rodeada de tierra, en tanto que la otra está rodeada de agua. Mientras la venta de una finca a una tercera persona, ya sea nacional o extranjera, se considera normal, legal, y aceptable, la venta de un cayo, por lo visto, se percibe como una enajenación indebida de parte del territorio nacional. El hecho de ser un pedazo de tierra rodeado de agua les da la impresión de que si un extranjero lo adquiere, es como que esté fundando “un nuevo país” a costa del nuestro. Esa ridiculez me recuerda los años aquellos en que siendo un niño en Puerto Cabezas me metía en el mar y creía que ya no estaba en Nicaragua.
El otro aspecto que me ha llamado la atención es que hay quienes consideran una estafa el que Tsokos haya comprado 5 ó 6 cayos a un precio promedio de 5,000 dólares cada uno, y que después haya vendido uno solo de ellos en más de 200,000 mil dólares. Esas personas piensan, por lo visto, que el valor “objetivo” de cada cayo es de 200,000 mil dólares, y que, por lo tanto, Tsokos “estafó” a quienes se los vendieron a él en un precio considerablemente menor. Nada más falso que eso. El valor de un bien mueble o inmueble reside en la mente de quienes participan en la operación de compra-venta, y no en el bien mismo.
Dicho en otras palabras, los cayos antes no valían nada porque nadie quería comprarlos. Luego aparece un comprador y ofrece 5,000 dólares, aproximadamente, por cada uno. Pareciéndole bien ese precio a sus dueños, éstos deciden, libremente y sin presiones de ninguna clase, aceptar la oferta y venderlos. Luego, el nuevo dueño busca a través de Internet a posibles compradores que valoren los cayos en un precio mayor, y los encuentra.
Nada remoto hubiera sido que los nuevos dueños encontraran a otros posibles compradores dispuestos a pagar aún más, demostrando así que el precio de cualquier bien es totalmente subjetivo, pero, con lo que le está sucediendo a los más recientes adquirentes, no creo que nadie quiera comprar nada en Nicaragua.
* El autor es miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA y catedrático de la Universidad Thomas More.
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