La sinuosidad del camino que transitó la juez Juana Méndez antes de dictar sentencia interlocutoria en el caso de Byron Jerez, comprobó la información de LA PRENSA, el jueves pasado, sobre las presiones que se estaban haciendo para influir en el resultado del juicio, en su primera fase, que concluyó el sábado recién pasado al mediodía.

Los máximos dirigentes sandinistas quisieron poner en entredicho la credibilidad de LA PRENSA, diciendo que era mentira la información que publicamos de que el señor Daniel Ortega quiso comunicarse con el procurador penal Alberto Novoa, para presionarlo. Al respecto los dirigentes sandinistas alegaron que lo que queríamos era “desacreditar” al FSLN, y el señor Tomás Borge hasta amenazó a LA PRENSA, al decir que este Diario tiene 76 años, pero “no hay mal que dure 100 años”. O sea, que si el FSLN volviera al poder liquidaría a LA PRENSA. Pero el mismo procurador Alberto Novoa identificó públicamente a la persona que lo llamó en nombre de Ortega, la cual admitió que lo había hecho, y, además, fueron significativas las maniobras que se hicieron para tratar de eximir de culpas a Jerez o para liberarlo por cualquier subterfugio legal, antes de que la juez dictara la sentencia interlocutoria.

Precisamente por eso fue que la Procuraduría presentó formalmente otra acusación, en los juzgados, contra el señor Jerez, con demanda de arresto provisional, antes de que el procesado pudiese ser excarcelado mediante triquiñuelas legales y judiciales.

LA PRENSA no tiene ningún interés en desprestigiar al FSLN ni a ningún otro partido. Los partidos políticos se prestigian o se desprestigian no por lo que se dice en los medios de prensa, sino por lo que ellos mismos hacen para bien o mal de la sociedad. Los partidos, en general, sólo nos interesan en cuanto a que son instituciones de derecho público e instrumentos indispensables para el funcionamiento del sistema democrático de gobierno, y, por lo tanto, nos preocupa que estén envilecidos por la corrupción y desvirtuados por el caciquismo. De manera que como periódico independiente que se rige por principios democráticos y libertarios, queremos que los partidos políticos se depuren de la corrupción y del caciquismo —como lo está haciendo el Gobierno actual, paradójica pero significativamente contra la voluntad del liderazgo de “su” propio partido—, a fin de que puedan servir de manera eficaz a los intereses de la sociedad y de los ciudadanos que confían en ellos y que los siguen.

El histórico proceso judicial que se le está siguiendo al señor Byron Jerez —quien es un símbolo del gobierno anterior y por lo tanto su encarcelamiento se ve como si el mismo Arnoldo Alemán estuviera preso—, resulta apropiado para señalar que así como el Gobierno del Presidente Enrique Bolaños está cumpliendo su responsabilidad y obligación de combatir la corrupción y acusar a los corruptos —tarea que sólo los medios de comunicación independientes veníamos haciendo hasta principios de este año—, también la administración de justicia y los partidos políticos deben cumplir la parte que les corresponde en esta difícil, y para algunos dolorosa, pero imperiosamente necesaria lucha para sanear los poderes públicos y reivindicar la moralidad y la dignidad de la nación.

Al respecto, es alentador el manifiesto que un considerable número de personalidades liberales de todo el país publican en campo pagado de esta misma edición de LA PRENSA, en el que respaldan la lucha contra la corrupción “venga de donde venga y condenando a los culpables, sean quienes fueren”. Y sería beneficioso para el país que personalidades honestas del sandinismo hicieran lo mismo, o que por lo menos criticaran a los líderes de su partido que presionan a funcionarios judiciales para tratar de proteger a los corruptos enjuiciados. Pues es seguro que las presiones a favor de Jerez se van a trasladar ahora al Tribunal de Apelaciones, que va a ratificar, revocar o modificar la sentencia de la jueza Méndez.

La lucha contra la corrupción sólo será exitosa si a los esfuerzos de los medios de comunicación independientes y del Gobierno, se suma la actuación honesta de la justicia y el respaldo de partidos depurados del lastre de la corrupción y de los corruptos.  

La lucha debe ser de todos