El desempeño de la Procuraduría en lo que un diputado llamó “cacería de ladrones” ha despertado, por un lado, simpatías en la población, y, por otro, la animadversión de la bancada liberal, que introdujo esta semana una iniciativa para quitarle los instrumentos que ahora posee para la lucha contra la corrupción
El caso del Canal 6, que involucró directamente al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Arnoldo Alemán, es uno de los hechos que los diputados liberales han tomado en cuenta para “echarle el ojo” a la Procuraduría.

William Briones Loáisiga
william.briones@laprensa.com.ni

Diputados afines al ex presidente Arnoldo Alemán y actual titular de la Asamblea Nacional presentaron el pasado jueves una iniciativa de interpretación auténtica a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), vigente desde el 31 de agosto de 1979, en procura de pasar parte de sus funciones al Ministerio Público.

La iniciativa surge a 115 días de que la PGJ asumió con beligerancia las funciones establecidas en su Ley Orgánica. Muestra de que está contra la corrupción son los recientes casos contra ex funcionarios de la Administración Alemán, quienes fueron llevados al banquillo de los acusados a pesar de que provienen del mismo Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que el presidente Enrique Bolaños.

Según la ley, la PGJ forma parte del Poder Ejecutivo, tiene la representación legal del Estado, en tanto el Ministerio Público representa los intereses de la sociedad y las víctimas en el proceso penal.

Hasta el año 2000, cuando se aprobó la Ley Orgánica del Ministerio Público, la PGJ tenía la doble función de representar al Estado y a la ciudadanía. Cuando se aprobó el Ministerio Público, se alegó que cada institución cumpliría funciones diferentes, que ahora se pretende revertir, en detrimento de la Procuraduría.


DIFERENDO A LA CORTE

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 138 de la Constitución, es atribución de la Asamblea Nacional “la interpretación auténtica de la ley”, en lo cual el Poder Ejecutivo no tiene capacidad de veto, aunque cuenta con la opción de recurrir por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El presidente Enrique Bolaños puede recurrir de inconstitucionalidad contra la interpretación auténtica de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), que proponen diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en caso que el Legislativo apruebe el correspondiente Decreto legislativo, aseguró Luis Humberto Guzmán, ex presidente de la Asamblea Nacional.

Guzmán dijo que de imponerse el Decreto Legislativo que “interpreta” las funciones de la PGJ, el presidente Enrique Bolaños o cualquier otro ciudadano puede recurrir contra esa disposición que considera alejada del espíritu de una interpretación auténtica. “La interpretación está encaminada a escalarecer una confusión legal para llenar una laguna legislativa, pero en esa ley las cosas están suficientemente claras. Ese decreto pretende debilitar al Poder Ejecutivo de contar con un agente legal que proteja los intereses de Nicaragua, a través de la Procuraduría”, explicó.

“Una vez aprobada se puede alegar que viola varios principios de la Constitución. Eso es recurrible porque es asunto de examinarla para indicar los artículos constitucionales que viola, y puede hacerlo tanto el Presidente de la República como cualquier ciudadadano”, dijo.

El ex titular del Parlamento identificó claras diferencias entre las facultades de la Procuraduría y la Fiscalía. “No es una materia que se preste a confusión. La Fiscalía es una entidad autónoma encaminada a actuar sobre la base de su propio criterio y decisiones, en tanto la Procuraduría, para decirlo claramente, es un instrumento del Poder Ejecutivo como agente legal que le permite proteger sus intereses y los del país”, expresó.

Guzmán dijo no apreciar oscuridad en la Ley Orgánica de la PGJ, y, por ende, no amerita ser interpretada. Agregó que le llama la atención que se presente esta iniciativa pocos meses después de aprobarse la Ley Orgánica del Ministerio Público, y ante las recientes denuncias de corrupción contra funcionarios de la Administración del diputado Arnoldo Alemán, presidente del Parlamento.

“Da la impresión de que se pretende amputar los brazos legales del Poder Ejecutivo en su actuación decente contra la corrupción y a favor de la transparencia. Es un proyecto claramente interesado, tratan de establecer que la investigación y persecución de los delitos de acción pública, que causan perjuicio al patrimonio del Estado, le corresponda exclusivamente a la Fiscalía General de la República”, observó.

Guzmán consideró absurdo que los diputados que proponen este Decreto Legislativo antepongan consideraciones políticas a las parlamentarias. “Los diputados deben percatarse de que esta no es una interpretación inocente. No es una cosa que ocurre de manera casual, sino que está encaminada expresamente a reducir las posibilidades del Poder Ejecutivo”, insistió.

Sergio Bofelli, vocero de la PGJ, desestimó la iniciativa de interpretación auténtica a la Ley Orgánica de esa institución, y dijo que cuentan con el respaldo del presidente Bolaños. “Confiamos en ese gran jurado que es la opinión pública, que ha visto que hemos trabajado con efectividad y transparencia, en la lucha contra la corrupción. Esperamos que los diputados vean eso para que en vez de quitarle funciones a la Procuraduría, la fortalezcan”, comentó.

Por su parte, Iván Escobar Fornos, presidente de la CSJ, evadió comentar el tema, asegurando que es un tema que le corresponde a la Asamblea Nacional, y no descartó que el Poder Judicial reciba algún recurso de parte del presidente Bolaños u otra persona. “Esa es una decisión política. Hay algo presentado (la iniciativa de Decreto Legislativo) en la Asamblea Nacional, y no quiero entrar en esos temas porque mañana podemos conocer de algún recurso. Quiero apartarme de eso, dejemos que los diputados hagan sus cosas. No puedo opinar sobre un poder independiente”, dijo.


NUEVA CORRELACION DE FUERZAS

Los diputados liberales pueden aprobar este Decreto legislativo, con 24 votos de los 92 representantes con que cuenta la Asamblea Nacional, ya que para ello se requiere de la mayoría simple de 47 legisladores que hagan quórum el día que se someta a disución en el plenario.

Sin embargo, Guzmán consideró que la correlación de fuerzas del diputado Arnoldo Alemán y su bancada liberal, ha variado durante los últimos días, por lo que a la hora de someter al plenario la aprobación de ese Decreto legislativo probablemente no cuente con los 47 diputados requeridos para establecer el quórum de ley, y por lo tanto, tenga que engavetarse o posponerse su aprobación.

No descartó que el diputado Jaime Morales Carazo, que ha manifestado una actitud crítica hacia la bancada del PLC, se oponga a esa iniciativa, al igual que los diputados Jaime García Mangas y Eduardo Gómez, que el pasado jueves desafiaron la orden de ese partido, para desairar una invitación del presidente Enrique Bolaños. De ser así, Alemán contaría con la presencia de solamente 42 diputados del PLC y tres de Camino Cristiano Nicaragüense (CCN).

“Ésta es una prueba decisiva. Creo que Alemán no controla los 47 votos requeridos. Una muestra de eso es que pudo aceptar el nombramiento de una comisión para que evaluara la posibilidad de retirarle la inmunidad, teniendo la certeza de que esa mayoría rechazaría en el plenario tal solicitud. Eso me hace pensar que tiene duda de que dispone de los votos necesarios”, aseguró.


TODO PARA LA FISCALIA

En la “interpretación auténtica” que los diputados liberales pretenden hacer de la Ley número 411 o Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, expresan que: Por cuanto al publicarse la Ley número 411 ya estaba organizado el Ministerio Público y el Fiscal General de la República tomó posesión de su cargo el día 11 de diciembre de 2001, la representación del Ministerio Público le corresponde exclusivamente al Fiscal General.

A la vez, pretenden “interpretar” que: es atribución exclusiva de la Fiscalía General de la República promover de oficio o a instancia de parte, la investigación y persecución de los delitos de acción penal.

La investigación y persecución de los delitos de acción pública, que causen perjuicio al patrimonio del Estado o al de sus organismos, corresponde de manera exclusiva a la Fiscalía General de la República; sin perjuicio de las facultades conferidas por la Constitución a la Contraloría General de la República.

Es atribución exclusiva de la Fiscalía General de la República, remitir a la Policía Nacional, las denuncias recibidas para que practiquen la investigación respectiva con las instrucciones jurídicas que estime pertinentes la Fiscalía misma.

La Policía Nacional transmitirá a la Fiscalía General de la República las denuncias de delitos de acción pública, incluyendo las pruebas que haya recogido en sus investigaciones.

La Fiscalía General de la República podrá promover nuevas o ulteriores investigaciones, que la Policía Nacional realizará bajo su dirección.


SEIS POR CIENTO "INTERPRETADO"

Una de las más connotadas leyes que se sometió a interpretación auténtica durante los últimos años fue el seis por ciento consignado constitucionalmente a las universidades. La interpretación se realizó a mediados de los 90, y pretendía definir el vacío legal en cuanto al cálculo de ese porcentaje, pues no estaba definido si debía calcularse sobre la base de los ingresos netos o brutos del Estado.  

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