“Desvisando” corruptos
Josefina Vannini
Jvannini@netport.com.ni
Hasta hace muy poco tiempo, las autoridades de Estados Unidos negaban la visa a quienes ellos consideraban que irían a trabajar ilegalmente a ese país. Se privilegiaba con el sello a personas de negocios, turistas, gente de clase media y adinerada que iban de compras y por supuesto a funcionarios de gobiernos “amigos”, independientemente que estos regímenes fueran corruptos o de facto.
En Latinoamérica, en la última década, solamente a dos personajes se les negó el ingreso a Estados Unidos por acusaciones de delitos relacionados al narcotráfico: a Ernesto Samper y a Ernesto Pérez Balladares, ex presidentes de Colombia y de Panamá, respectivamente. Al margen de estos dos aislados casos, muchos rateros, aparentando ser grandes financistas, saquearon instituciones bancarias o las arcas de sus Estados, para los cuales trabajaban, llevando su botín a engrosar el capital de los bancos americanos —in and off shore—, abriendo grandes cuentas, comprando grandes propiedades y viviendo una vida sibarita, llena de lujos y derroche con sólo los intereses producto de los millones que habían arrebatado de la boca de los indigentes. Nicaragua no fue la excepción.
Esa fue la práctica por muchos años, y no tenía visos de variar, a no ser por el ataque terrorista del 11 de septiembre recién pasado, que hace cambiar drásticamente muchos escenarios. Ante la vulnerabilidad, los americanos, además de perseguir a cuanto terrorista existe, comenzaron a apretarle las tuercas a los capitales usados para financiar este tipo de acciones, aprobando una nueva ley, conocida por “Acta Patriótica”, que castiga duramente el delito de lavado de dinero producto no sólo del narcotráfico sino de los capitales mal habidos. ¡Aleluya!
Siento muchísimo que haya tenido que pasar una tragedia como la de Washington y Nueva York para que el gobierno norteamericano reaccionara y se diera cuenta que el dinero sucio, hoy es tu cliente y, mañana, tu asesino.
Lo novedoso es que la nueva ley, dentro del derecho administrativo y no desde un ángulo simplemente de evasión de impuestos, establece el vínculo y las consecuencias apreciables entre el acto del depósito cuestionable y su origen ilícito en otro país como base para eliminar la visa de ingreso, categorizada en Estados Unidos como un privilegio.
Obviamente, las medidas que se han tomado han sido en función de los intereses norteamericanos, pero la situación en nuestro país es tan precaria en cuanto a justicia, que la cancelación de la visa a personas con hartas pruebas de corrupción ha generado una verdadera revolución. La población lo considera como una reivindicación por la impunidad de los poderosos.
Este simple paso administrativo de las autoridades estadounidenses, tiene para nuestros políticos la grave implicación de ser la prueba de que el fulano “desvisado” es corrupto, porque, si bien la revocación del privilegio no equivale a una condena judicial, deben existir en el expediente las suficientes evidencias que obliguen a tomar esa medida. Si hay algo que se le debe reconocer al sistema judicial de Estados Unidos es que todo el mundo es igual ante la ley, de manera que en una decisión no se puede alegar envidia, tiña o resentimiento alguno.
Hay que destacar que los ahora “desvisados” fueron sobreseídos por nuestro sistema judicial alegando falta de pruebas, sin embargo ahora vemos que las pruebas estaban ahí y que solamente faltó la voluntad política para condenar a los rateros. Claro está que no solamente falló el sistema judicial sino la inoperante y cómplice Contraloría colegiada, que hasta ahora para lo único que ha servido es para pagarle el salario a unos cuantos, a quienes la pasada administración puso ahí justamente para eso: para obstaculizar la justicia.
A Dios gracias, las cosas en Nicaragua han cambiado. Tenemos un presidente honesto, y cuando la cabeza funciona bien se refleja en el resto del cuerpo. Hemos visto en el caso de Canal 6 y en el caso Jerez un viraje en la actitud de la Policía Nacional y en la de los jueces que están a cargo. Contamos con una Procuraduría que cumple con su deber, y un procurador especial penal que actúa apegado al Derecho, al igual que el director del Instituto de Medicina Legal. Faltará ver cómo funciona el Tribunal de Apelaciones. Pero, a pesar de todas las dudas, tenemos la esperanza que finalmente se hará justicia.
Los nicaragüenses estamos poniendo de nuestra parte, el deber ciudadano así nos lo manda, sin embargo, creo que el gobierno americano podría seguir echándonos una manita “desvisando” corruptos para ayudarnos en esta lucha que recién inicia y de la cual depende el futuro de nuestro país.
La autora es miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA
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