Argentina y la fractura moral
Carlos Alberto Montaner*
Cambio los nombres para no complicar el relato. Virgilio tenía un cuñado norteamericano. Él era un porteño dedicado al comercio en el gran Buenos Aires. Vendía cosas. Le vendía cosas, fundamentalmente, al gobierno. Cuando lo conocí se movía en el sistema escolar. Pagaba comisiones por debajo de la mesa. Sobornaba funcionarios, usualmente, sin demasiada resistencia. A veces ganaba concursos de manera fraudulenta, y multiplicó su fortuna cuando se asoció a un poderoso grupo editorial europeo que participaba de estas actividades.
El cuñado gringo, Jimmy, un tipo simpático trasladado de Oklahoma a Buenos Aires a bordo de su mujer, un día necesitó una considerable cantidad de dinero y se lo pidió a Virgilio. El día de la entrega Jimmy, con la mejor buena fe, traía un documento en el bolsillo. Era un pagaré en el que reconocía la deuda y se comprometía a devolver la plata con intereses. Virgilio lo leyó entre ofendido y asombrado. Los amigos y los familiares no se prestan dinero de esa manera indecente y poco caballerosa. Ni siquiera se cobran intereses. En el círculo de la intimidad de los argentinos las transacciones están basadas en la honradez, la confianza, la buena voluntad y un apretón de manos. Jimmy se sintió avergonzado.
La historia viene a cuento del reciente incidente entre el presidente uruguayo Jorge Batlle y los argentinos, a cuyos políticos, off-the-record, llamó “una manga de ladrones”, sin saber que estaban abiertos los micrófonos. Pocas horas después, Batlle, caballerosamente, pidió disculpas y el problema quedó zanjado. Había sido un exabrupto privado. Sin embargo, la mayor parte de los argentinos sabían que algo había de razón en las palabras del uruguayo. Tampoco ignoraban, si exploraban a fondo el problema, que el fenómeno de la corrupción no sólo tocaba a los políticos argentinos, sino a cientos de miles de personas de la sociedad civil que participan en los negocios turbios, los propician y se benefician de ellos. También resultaba evidente que quienes no vacilaban en desplumar al tesoro público, en el ámbito privado y familiar, paradójicamente, solían tener un comportamiento honorable.
Es la esquizofrenia moral casi absoluta. La corrupción latinoamericana, que, a juzgar por “Transparencia Internacional”, es bastante considerable en casi todos los países, exceptuado Chile, y, en menor medida, Costa Rica y Uruguay, tiene que ver con la percepción que la sociedad tiene del Estado y viceversa. La honradez es una apreciada virtud doméstica, el Estado, en cambio, es un sitio al que se va a robar. Los ciudadanos ven al Estado y a sus funcionarios y políticos como verdaderas sanguijuelas, mientras quienes administran las instituciones del Estado no se califican como humildes servidores públicos sujetos al imperio de la Ley, sino como poderosos mandamases que miden su poder por la cantidad de prebendas que pueden recibir o asignar.
¿En qué países la corrupción es menor o casi inexistente? En primer término, en los escandinavos. ¿Por qué? Porque hay una continuidad casi perfecta entre la moral pública y la privada. El séptimo mandamiento, “no robarás”, entre ellos no ofrece distinciones. Recuerdo el caso de una ministra sueca que tuvo que renunciar cuando se descubrió que había comprado un modesto vestido con dinero oficial para asistir a una recepción de su departamento. Los suecos entendían que ese acto era tan reprobable como si se hubiera robado la ropa de una tienda o en la casa de un vecino.
La pregunta es obvia: las sociedades moralmente fracturadas, ¿pueden corregir esa atroz anomalía y comenzar a comportarse de la misma manera en el ámbito público y el privado? Parece que sí. No se trata de crear más leyes y ampliar las cárceles. Nuestros códigos penales suelen ser abundantes. El cambio comienza a ocurrir de arriba hacia abajo, cuando llega al poder un grupo decidido a frenar la corrupción con su propio ejemplo, e instala una total transparencia en los actos de la administración pública, con auditorías externas y constante rendición de cuentas a la ciudadanía. En poco tiempo, se produce una inversión de las relaciones de poder y los ciudadanos descubren que funcionarios y políticos no deben ser otra cosa que temerosos servidores públicos.
¿Ha sucedido eso en el alguna parte? Sí: España es un buen ejemplo. En pocos años la sociedad civil española ha ido asumiendo la supervisión del sector público, mientras políticos y funcionarios, muy saludablemente, han perdido discrecionalidad sobre sus actos de gobierno. Ya no pueden hacer lo que les da la gana. Están sujetos por las reglas y viven bajo la intensa lupa de la prensa. El resultado de esto era predecible: la corrupción ha disminuido tremendamente y el sector público se ha revalorizado ante los ojos de la sociedad. Ya no son una “manga de ladrones”, sino servidores públicos orgullosos de su trabajo. Si España y Chile han logrado que, finalmente, lo público y lo privado se guíen por los mismos principios éticos, el resto de América Latina tiene esperanzas. [©FIRMAS PRESS]
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