Alcaldes rechazan resolución de CGR
 | Edil de Cárdenas dice que es “algo personal” del contralor Argüello Poessy contra alcaldías sandinistas |
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Noelia Sánchez y
Clarissa Altamirano
CORRESPONSALES
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El alcalde de Cárdenas, Luis Argueta Pérez, reaccionó ante la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) diciendo que la misma “es algo personal” del presidente del ente fiscalizador, Guillermo Argüello Poessy, en contra de las alcaldías sandinistas de la frontera (Cárdenas y San Juan del Sur).
La Contraloría estableció presunción de responsabilidad penal en contra del acalde de Cárdenas por el cobro de un dólar, aplicado a viajeros que entran y salen por la frontera de Peñas Blancas.
Consideró que esta medida es algo personal de Poessy, puesto que en una ocasión llegó a San Juan del Sur y le cobraron por ingresar al balneario.
El edil destacó que introdujeron un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, a través del diputado sandinista Gerardo Miranda, para que esta contribución especial sea soportada legalmente.
DESDE HACE DIEZ AÑOS
Argueta indicó que la contribución existe desde hace diez años, y recordó que durante la administración de Armando Torrente, la Contraloría mandó a suspenderla por considerarlo ilegal, pero la disposición no se acató y continuó hasta la fecha.
Indicó que esta contribución es su única fuente de ingreso. “Sin ella tendríamos que suspender 30 becas que se otorgan a universitarios y estudiantes de comunidades pobres y escasos recursos”, dijo.
Afirmó que la contribución no es exigida, sino voluntaria y es utilizada también para diferentes proyectos, que serían suspendidos en caso de no realizar el cobro.
EDIL DE NINDIRÍ: FUE EL ALCALDE ANTERIOR
El alcalde de Nindirí, Masaya, Alfonso Castillo, negó tener responsabilidad administrativa en relación a la auditoría realizada recientemente por la CGR.
La auditoría revela que el edil y concejales se repartieron terrenos y vendieron un centro deportivo para la construcción de otras obras sin ingresar el dinero a las arcas de la Comuna, constituyendo un delito de presunción penal.
“Mi administración no tiene nada que ver con esa auditoría, le pertenece a la de Oswaldo Gago y Beninda Rivas Castillo, quien sustituyó a Gago cuando renunció para correr como diputado”, afirmó. 
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