La existencia y modo de operar de empresas como Concretosa y Concrenicsa ponen de manifiesto un tipo de práctica empresarial que, desgraciadamente, es muy común en países subdesarrollados como Nicaragua. Un grupo de funcionarios públicos toma ventaja de la información privilegiada que les da su posición en el gobierno, y hacen uso de su capacidad de influir en las dependencias del Estado, para formar empresas que precisamente por esas ventajas de antemano tienen asegurado el éxito.

Según las informaciones publicadas en LA PRENSA y no desmentidas, eso es precisamente lo que hicieron los señores Arnoldo Alemán, Byron Jerez, Eduardo Mena, Sebastián Martínez Reyes y David Robleto Lang, quienes, mientras eran funcionarios del gobierno anterior que presidía el doctor Arnoldo Alemán, crearon las empresas Concretera de Nicaragua, S.A. (Concrenicsa) y Construcciones y Concreto S.A. (Concretosa), para hacer pingües negocios con dependencias del Estado, especialmente con el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Sin embargo, los funcionarios referidos, a excepción de David Robleto Lang, ocultaron su participación en esas empresas mediante el uso de testaferros.

Una de esas empresas, Concrenicsa, ubicada en Puerto Cabezas, hizo un contrato, sin que mediara ninguna licitación, con una de las empresas de construcción regionales del MTI para suministrarle adoquines de concreto para cubrir 5 kilómetros de la carretera que va de Puerto Cabezas al Río Wawa. El contrato hasta por 6.5 millones de córdobas para suministrar 924,972 adoquines se ha cumplido sólo parcialmente.

El mayor problema de que existan empresas como las mencionadas, estriba en que compiten de manera desleal con aquellas otras cuyos accionistas no tienen las ventajas que sí tienen los accionistas cuando éstos a su vez son funcionarios públicos. Es lo que en el mundo empresarial se conoce como la práctica de jugar con los dados cargados. Esa práctica ventajista es extremadamente perjudicial para el desarrollo económico de cualquier país, ya que desincentiva la inversión de aquéllos que, si el terreno de juego estuviera nivelado, arriesgarían su capital en nuevas inversiones.

Pero cuando, como en este caso, el ex presidente de la República junto con algunos de sus más cercanos amigotes se adelantan a invertir bajo el amparo del poder, no hay empresario con dos dedos de frente que se atreva a competir contra quienes de antemano tienen todas las de ganar.

Alemán y sus socios no pueden alegar que en Puerto Cabezas no existiera ninguna fábrica de adoquines para suplir la demanda del MTI, ya que precisamente son esas oportunidades de negocios las que deben ser conocidas y aprovechadas por el sector privado y no por los funcionarios públicos, a quienes lo único que les corresponde es cumplir con transparencia y eficiencia las funciones propias de su cargo. Si la oportunidad del negocio hubiese sido del conocimiento público en la región y fuera de ella, es seguro que más de un empresario hubiese hecho la inversión necesaria para producir los adoquines requeridos, pero no fue así. Alemán y sus amigos vieron la oportunidad de un negocio fácil y seguro y se lo apropiaron indebidamente. No hay nada nuevo en eso. Es un viejo vicio que los Somoza practicaron mucho.

En países más avanzados, cuando un empresario asume la responsabilidad de un cargo público pone sus intereses empresariales en fideicomiso, a fin de que sus deberes públicos no se mezclen con sus intereses privados. Desafortunadamente, en Nicaragua no existe todavía la figura ni la cultura del fideicomiso, y habría que considerar la posibilidad de crearla.

Pero el caso al cual hacemos referencia en este Editorial es completamente distinto. Aquí estamos ante un grupo de funcionarios públicos que llegaron al poder con el evidente propósito de enriquecerse y con la firme determinación de no detenerse ante nada, con tal de lograr su propósito.

Es sumamente importante para el desarrollo de Nicaragua, ahora que hay un gobierno que nos ha prometido una nueva era, eliminar esas prácticas corruptas que entorpecen el desarrollo económico y moral de la nación. Todo nicaragüense tiene derecho a aspirar al mundo empresarial, pero debe buscarlo compitiendo honestamente en el mercado y no aprovechándose de los cargos públicos. Son dos ámbitos de actividad que deben mantenerse separados para que puedan funcionar adecuadamente.  

Dados cargados de adoquines