Sobre aumento en las tarifas eléctricas
Es un contrasentido que el Gobierno hable de estrategias para el desarrollo y de incentivar a la iniciativa privada para que ésta asuma su rol fundamental de promotora del crecimiento económico, y que al mismo tiempo autorice un aumento en las tarifas eléctricas que tendría demoledores efectos negativos para los negocios y la economía nacional en su conjunto.
El sábado recién pasado, el Presidente Enrique Bolaños presentó públicamente “su visión de competitividad y desarrollo de Nicaragua, en una nueva estrategia de política económica que permitiría reducir la pobreza, generar más empleos y riquezas al país” (LA PRENSA, domingo 2 de junio corriente). En dicha presentación participó el experto norteamericano en administración de negocios, el académico de Harvard Michael Porter, quien “ratificó que Nicaragua debe convertirse en un país competitivo y productivo, porque si produce con calidad y a bajo costo puede ofrecer más empleos, mejoraría los salarios de los trabajadores y contribuiría a erradicar la pobreza que es la única manera de convertirse en un país próspero”.
Pero ese mismo día representantes gubernamentales confirmaron a LA PRENSA que a partir de esta semana se comenzaría a aplicar el incremento de hasta el 10 por ciento en las tarifas de la energía eléctrica, el cual fue aprobado en junio del año pasado por el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán. Y cabe, entonces, preguntarse: ¿Acaso no es una contradicción excluyente un aumento de las tarifas eléctricas que incrementaría los ya elevados costos de operación de todas las empresas nacionales, con la pretendida “estrategia de desarrollo” que debe basarse precisamente en el fomento de la competitividad y por lo tanto en la disminución de los impuestos, aranceles y tarifas de los servicios básicos?
Al respecto, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) —que respaldó la mencionada estrategia para el desarrollo de Nicaragua presentada por el Presidente Bolaños y el académico norteamericano Porter—rechazó tajantemente el aumento de las tarifas eléctricas porque conllevaría consecuencias negativas en la economía nacional e implicaría un aumento de todos los servicios y (el 10 por ciento) sacaría de juego a un sinnúmero de empresas, según advirtió el presidente del COSEP, doctor Anastasio Somarriba. Y por supuesto que ese aumento afectaría sensiblemente también a los usuarios del consumo doméstico, por lo que con toda razón la Red de Defensa del Consumidor está llamando a la población a manifestarse públicamente para presionar al Gobierno a que no lo haga efectivo.
Además, el incremento de las tarifas eléctricas sería un grave revés político para el Presidente Bolaños, quien tiene el compromiso no sólo de combatir la corrupción sino también de promover el crecimiento de la economía, aumentar la capacidad competitiva de las empresas nicaragüenses, y crear condiciones para la expansión del empleo en el sector privado que es el único que produce riqueza material. De manera que si el Presidente Bolaños autoriza ese aumento su credibilidad se perjudicaría más de lo que ya ha sido afectada por el despido del ex Procurador Alberto Novoa después de que éste se pronunció contra Coprosa, por la falta de empuje en la política económica nacional y por las megapensiones de ex presidentes y ex vicepresidentes que reciben algunos “grandes” personajes políticos, incluyendo el mismo Bolaños, a pesar de que siguen activos en la planilla del Estado recibiendo jugosos sueldos y “estipendios” complementarios.
Estamos claros de que las tarifas eléctricas no se determinan de manera arbitraria, sino que dependen de los costos de la generación de energía y de su distribución y administración, de manera que si éstos son altos aquellas también tienen que ser elevadas. Pero, ¿es ése el caso de la Unión Fenosa, o es que esta empresa privada incurre en excesivos gastos burocráticos y además tiene elevadas tasas de recuperación de la inversión y de ganancias propiamente dichas?
Si así fuera, y si legalmente es posible impedir el aumento de tarifas que acordó el ex presidente Arnoldo Alemán quién sabe a cambio de qué, el Presidente Enrique Bolaños debe impedirlo para proteger los intereses de los consumidores domésticos y a fin de no causarle un grave e irreversible daño a la economía nacional, e inclusive en beneficio de su propia credibilidad. 
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