Norte
Grita de madereros por 7.5% de impuesto sobre el pino
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 | Empresarios de la madera y dueños de bosques de Nueva Segovia insisten en que no puede tratarse por igual al pino y a la madera de color, y en la situación que han quedado los bosques después de la plaga del gorgojo, más bien el Estado debería estar pensando en incentivos para el sector |
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Los madereros aducen que trabajan con el desastre ambiental provocado por el gorgojo, y, para colmo, les clavan mayores impuestos. |
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Alina Lorío L.
CORRESPONSAl/OCOTAL
departamentos@laprensa.com.ni
La aplicación sorpresiva hace unos quince días del decreto presidencial 40-2002, emitido el 25 de abril del presente año, que consiste en un nuevo impuesto del 7.5 por ciento para la madera de pino, ha provocado fuertes reacciones en el sector, que lo considera “una aberración que podría provocar el descuido total de los bosques y más desempleo en el departamento”.
En una conferencia de prensa convocada por la directiva del Consorcio Forestal Nacional, el señor Héctor Ramos, presidente de dicha instancia, explicó que el impuesto del 7.5 por ciento, según el decreto, es sobre la base de metro cúbico de madera en rollo cortada y puesta en los aserríos (de 4 a 6 dólares), pero en la realidad se está aplicando sobre la base de 70 dólares con 42 centavos del metro cúbico de madera aserrada, lista para su exportación.
“Es doble castigo para el exportador, porque además de asumir una nueva carga tributaria exagerada, también se ve obligado a pagar sumas superiores con relación a lo establecido en el decreto”, dijo el gerente de la Empresa Pinosa, ubicada en el municipio de San Fernando.
El sector maderero de Nueva Segovia, conformado por unos 32 aserríos, considera que el pino no soporta ese nuevo impuesto, debido a que los costos de operaciones para el manejo forestal en el verano recién pasado fueron superiores. Señalan que el precio de la madera continúa bajo y la plaga del gorgojo no ha desaparecido.
La directiva del consorcio insiste en que para la aplicación del nuevo decreto presidencial relacionado con el 7.5 por ciento “jamás se nos consultó a pesar de conocer todas las formas posibles de comunicación con nosotros. Eso no es posible”, dijo don Héctor Ramos.
SOBRECARGA DE IMPUESTOS
El impuesto del 7.5 por ciento se suma a la aplicación reciente de otro impuesto del 29.75 por ciento por “inspección técnica de campo”, que se paga al momento de solicitar el permiso, además de la retención del 1 por ciento que pagan de IR, el 2.49 por ciento que pagan al Inafor y el uno por ciento que obligatoriamente también pagan en las alcaldías respectivas.
César Rivera Gutiérrez, representante de la Asociación de Productores Forestales de Santa Clara, manifestó que con el costo de producción que asumen en sus pequeñas industrias “no soportan un impuesto más”, y en ese sentido sugirió que el Estado haga un análisis previo y conozca la realidad del sector para adoptar después ese tipo de medidas.
Isolda Quezada, propietaria del Aserradero Villa Quezada, en Jalapa, agregó que “para la buena marcha del nuevo gobierno, es su deber consultar con el sector forestal que ha sido beligerante, y parte de un rubro más que aporta a la economía del país”.
En tanto, la representante del aserradero Emanicsa, denunció que la aplicación del Decreto ha sido antojadiza en los puestos fronterizos de Las Manos y El Espino, y especificó que a cada rastra están cobrándole 120 dólares, que supuestamente justifican el 7.5% de impuestos, de lo contrario no pasan la frontera.
CONSECUENCIAS INMEDIATAS
En Nueva Segovia, el Consorcio Forestal Nacional calcula que viven directamente del manejo de bosques, extracción, industrialización y comercialización de la madera de pino, unas 3,200 cabezas de familia, e indirectamente otra gran cantidad de personas que prestan los servicios de mecánica, construcción, vestuario, transporte, combustibles y alimentación, entre otros.
A lo inmediato, el sector reporta la disminución de operaciones en algunas empresas, y en los casos más extremos han tenido que cerrar temporalmente por problemas de iliquidez, caso del aserradero San Judas de Ocotal, cuyo representante Juan José García, aseguró haber realizado hace una semana, un recorte del 50 por ciento del personal debido a la carga que significa pagar además el 7.5%.
El recorte de personal en el Aserradero San Judas significó dejar en el desempleo a unas 30 cabezas de familia. “Nosotros estamos trabajando con unos costos tan altos que más bien nos estamos comiendo la maquinaria y equipo de extracción, estamos peleando en el mercado con un producto proveniente de un desastre ambiental (gorgojo) y nos castigan con los impuestos”, reflexionó García.
“Eso produce una disminución de los impuestos que recauda el mismo Gobierno y las alcaldías, aumenta el desempleo, y el otro 50 por ciento de las áreas boscosas que quedaron aún en pie también desaparecerían por falta de manejo adecuado para evitar los incendios forestales y el cuido de la regeneración natural”, sostuvo.
Silvia Castellanos, Gerente de la Empresa Madesa, de Ocotal, cuestionó que con la aplicación de nuevos impuestos al sector, el Gobierno no está evitando el despale y “muy al contrario está promoviendo la ilegalidad, y, por otro lado, nadie va a interesarse por sacar de los sitios el millón de metros cúbicos de madera tumbada en los planes de control del gorgojo, y serán en el próximo verano el combustible ideal para los incendios forestales”, advirtió.
GESTIONAN SUSPENSIÓN DE IMPUESTO
Héctor Ramos, Presidente del Consorcio Forestal Nacional, informó que han iniciado una serie de gestiones y reuniones con el director ejecutivo del Inafor y con César Napoleón Suazo, Secretario General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de demandar la suspensión del Decreto Presidencial 40-2002 para los pinares.
Una de las peticiones del sector que será planteada en las reuniones con los representantes de las entidades del Estado, es que se someta a consulta con el sector forestal y revisión del Decreto Presidencial, pero que mientras tanto sea suspendido.
Silvia Castellanos, y todos los madereros del departamento, tienen la esperanza de que el Gobierno suspenda la aplicación del 7.5% para el pino, porque de lo contrario “nadie va a sobrevivir”.
En esta primera semana de junio los madereros de Nueva Segovia esperan reunirse con el Vicepresidente de la República o con quien él designe para tratar el asunto. 
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