El presidente Bolaños tiene que resolver pronto uno de sus retos fundamentales como es lograr que la Asamblea Nacional haga una escogencia adecuada de los cinco magistrados de la Corte Suprema que se deben nombrar en julio próximo, para sustituir a otros tantos togados a quienes se les cumple el período para el que fueron escogidos.

Uno de los principales compromisos que asumió el presidente Bolaños, durante la campaña electoral, cuando tomó posesión de la Presidencia y al cumplir sus primeros cien días de gobierno, fue el de impulsar la transformación y depuración del Poder Judicial. Y para esto es indispensable que los magistrados de justicia dejen de obedecer a intereses, disciplinas e ideologías partidistas, y que actúen de manera profesional, equitativa y honesta, sin caer en las prevaricaciones propias del Estado prebendario que construyeron los anteriores gobernantes y que fue institucionalizado por el pacto libero-sandinista del año 2000.

Ahora bien, el primer paso para lograr ese trascendental objetivo es que los 5 magistrados que deben ser nombrados próximamente, sean independientes, eficientes y honestos. Al respecto la Comisión para la Reforma Judicial nombrada por el presidente Bolaños ya presentó sus primeras propuestas, y señaló que “las elecciones de nuevos magistrados de la Corte Suprema en julio del presente año”, deben realizarse “en base a criterios claros que designen como candidatos a profesionales de reconocida honorabilidad, prestigio y trayectoria y no en base a intereses partidistas”.

Sin embargo, los actuales magistrados partidistas de la Corte, así como dirigentes y activistas de los partidos mayoritarios —PLC y FSLN— argumentan que es imposible nombrar magistrados políticamente independientes, porque según ellos no hay ningún jurista ni ciudadano que no tenga inclinación y simpatías por uno u otro partido. Agregan que la escogencia de los magistrados es inevitablemente política y partidista, porque lo hace la Asamblea Nacional que es el poder estatal político por excelencia. Y dicen, además, que es imposible escoger a los magistrados de la Corte por concurso y mediante participación de la sociedad, como propone el presidente Bolaños, puesto que el procedimiento para hacer esos nombramientos lo establece la Constitución y le corresponde a la Asamblea Nacional.

Pero el hecho de que la Asamblea Nacional esté integrada por representantes de los partidos políticos, y que a ella le corresponda exclusivamente el nombramiento de los magistrados —sobre la base de propuestas de los mismos diputados y del Presidente de la República—, no significa que obligatoriamente se tenga que designar a militantes de sus organizaciones partidistas. Y además, no es verdad que todos los juristas y ciudadanos son de alguna manera politizados y partidistas. Por el contrario, la mayor parte de los juristas nicaragüenses son estrictamente profesionales, apolíticos y apartidistas, así como la gran mayoría del pueblo no pertenece a ningún partido político. En realidad, el hecho de que los ciudadanos voten en las elecciones por uno u otro candidato de los que presentan los partidos que participan en las contiendas electorales, no significa que sean sus militantes.

La propuesta del presidente Bolaños y de la comisión para la reforma judicial, de que los magistrados que nombre la Asamblea Nacional sean escogidos entre candidatos escrutados y avalados por la sociedad; que además sean profesionales del derecho independientes de las conveniencias y las parcialidades políticas; y que tengan una sólida preparación académica, capacidad probada, solvencia moral e integridad personal, es perfectamente válida y viable. En Nicaragua hay suficientes juristas que no tienen militancia política ni simpatías por ningún partido, que conocen el derecho a la perfección y que son distinguidos por su honradez y reconocidos por su independencia política y profesional.

Todo es cuestión de proponerlos. Pero de antemano debe estar claro que no deben ser nombrados activistas ni simpatizantes de ningún partido o movimiento político (como los que está proponiendo la alianza política Convergencia Nacional y los que propone el partido sandinista por intermedio de sus organismos periféricos y de fachada), ni a magistrados actuales —de la Corte o de los tribunales de apelaciones— que retienen sentencias por intereses políticos o para conseguir beneficios materiales. En fin, a nadie que por intereses políticos y fidelidades partidistas vaya a sesgar o seguir sesgando las decisiones judiciales.  

El reto de las magistraturas