El Día Internacional del Niño se celebra esta vez en Nicaragua en medio de una fuerte discusión sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia, entre quienes plantean que debe ser reformado —o que se suspenda su aplicación— y los que se oponen a cualquier enmienda, y a la suspensión.

El Código de la Niñez y la Adolescencia fue aprobado por la Asamblea Nacional el 24 de marzo de 1998, se promulgó el 12 de mayo del mismo año y comenzó a tener vigencia 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial, o sea, a fines de 1998.

Pero la entrada en vigor del Código no puso fin a las controversias. Por el contrario, debido al espíritu y contenido marcadamente proteccionista que le impusieron sus promotores y los legisladores, y por el énfasis que las personas y organismos interesados en el asunto han puesto en los derechos de los menores, sin mencionar sus deberes y obligaciones, muchos delincuentes juveniles e infantiles, así como sus familiares y defensores, lo han tomado como un escudo para evitar el castigo de la justicia cuando cometen sus fechorías.

De manera que es comprensible que algunos sectores importantes de la sociedad atribuyan al Código de la Niñez y la Adolescencia el defecto de fomentar la impunidad, y que demanden su reforma. Y por cierto que esta tendencia reformista se fortaleció con el informe sobre los efectos que ha producido en la sociedad nicaragüense la vigencia de dicho Código, que la Corte Suprema de Justicia dio a conocer el 6 de mayo recién pasado y en el cual se demuestra que en los últimos 2 años los delitos cometidos por menores de edad han aumentado.

Pero también hay sectores no menos importantes de la sociedad, sobre todo organismos y personas que trabajan socialmente en el ámbito de los menores, que defienden la permanencia del Código tal como fue aprobado en 1998, y acusan a quienes pretenden reformarlo de querer suprimir los derechos fundamentales de los niños y adolescentes. Argumentan, además, que la delincuencia entre los menores es insignificante en comparación con la criminalidad entre los adultos, y aseguran que lo necesario no es reformar el Código sino cumplir sus disposiciones proteccionistas fundamentales, que 4 años después de estar vigentes todavía no se comienzan a cumplir.

Pero la verdad es que ambas posiciones, la que defiende el Código y la que demanda reformarlo, deberían conciliarse en beneficio del bien jurídico que pretenden defender, es decir, la que se pronuncia por el fortalecimiento de la seguridad pública y la tranquilidad de los ciudadanos que son víctimas habituales de los pandilleros y los delincuentes infantiles y juveniles en general, y la que aboga por la vigencia del Código y el respeto a los derechos de los niños y adolescentes.

En realidad, en sí mismo el Código no da impunidad a los delincuentes infantiles y juveniles. Pero con esta pieza legal sucede lo mismo que con la Ley de Inmunidad, que no otorga impunidad a los funcionarios públicos que disfrutan ese privilegio, pero es aprovechada por algunos de ellos para protegerse de la justicia cuando cometen abusos y cualquier acto de corrupción. Es decir, el Código de la Niñez y la Adolescencia no contiene ninguna disposición que ampare a los menores delincuentes, pero la falta de rigor penal y el énfasis que se ha puesto en el derecho de los delincuentes en perjuicio de los derechos de las personas honradas que son víctimas de la delincuencia, han creado una situación en la que de hecho aunque no dé derecho se alienta la impunidad.

Bien se podría trabajar de consenso una reforma positiva al Código de la Niñez y la Adolescencia, que proteja los derechos de los menores pero que también ponga énfasis en sus deberes y obligaciones, y que precise las penalizaciones para los delincuentes infantiles y juveniles. Lo que hace falta es buena voluntad y ceder en los posicionamientos ideológicos que envenenan el debate e imposibilitan cualquier forma de solución, mientras la sociedad sufre los embates de la criminalidad en general y de la delincuencia infantil y juvenil en particular.  

Día del Niño y reforma del Código de la Niñez