Crisis insuperable en Alcaldía de Tola
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 | Le llueven problemas de dirección, administrativos, políticos y judiciales |
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La Playa Amarillo, en el municipio de Tola, ha sido objeto de litigio entre la Comuna y empresarios privados. |
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Noelia Sánchez Ricarte
CORRESPONSAL/RIVAS
departamentos@laprensa.com.ni
La municipalidad de Tola atraviesa por una de sus peores crisis, pues además de la suspensión del alcalde Alfonso Falcón por parte de los cuatro concejales —la cual no fue acatada por el edil— también existen juicios criminales en contra de las autoridades municipales emprendidas por personas y sociedades que se han sentido “ofendidas” por el actuar de las mismas, asunto que no se ha resuelto.
La controversia entre el alcalde liberal y los concejales se ha convertido en un asunto político, pues personas que expresan su apoyo al alcalde Falcón han tildado de “traidores y corruptos” a los dos concejales liberales. Ante el problema, la dirigencia del PLC, facción arnoldista, al frente de José Ángel Granados, emitió un comunicado respaldando al alcalde Falcón.
Ciudadanos afines del alcalde Falcón han imposibilitado en muchas ocasiones el paso a la Alcaldía de los concejales liberales, Miriam Vanegas y Leónidas García; en cambio, los concejales sandinistas Jorge Luis Villagra y Diego Raúl Aguilar tienen “libre paso”.
Todas estas situaciones han surgido luego de que los concejales, por unanimidad, decidieron suspender de sus funciones al alcalde Falcón durante tres meses, considerando, entre otras cosas, el supuesto incumplimiento del alcalde a los acuerdos tomados, en consenso por el Concejo en pleno, y al haber enajenado costas a favor de particulares.
LOS JUICIOS
Los problemas legales surgieron a raíz de una serie de medidas o resoluciones que los concejales tomaron, siendo una de las principales la apertura de supuestos caminos públicos que eran obstaculizados por personas particulares.
Uno de esos caminos elegidos fue el de Playa Redonda, donde según la municipalidad de Tola, era necesario abrir un camino de acceso a la playa.
También se abrió el camino a la Playa Amarillo, que por años fue público, y que al cerrarse imposibilitaba el acceso a muchas personas de la zona, según pobladores y la municipalidad. Se decide, así mismo, delimitar las áreas municipales de zonas privadas en la faja costera.
Las acciones derivaron en denuncias judiciales, por ejemplo, en el Juzgado de Distrito del Crimen de Rivas, se levantó la instructiva de dos procesos en contra del alcalde de Tola, Alfonso Falcón, luego de que el Tribunal de Apelaciones de Granada diera curso a dos denuncias en contra del edil.
Uno de los juicios que enfrenta el alcalde es el interpuesto por el señor Raúl Cordón Morice, quien lo acusa por los supuestos delitos de estelionato, usurpación de dominio privado, amenazas y coacción, perturbaciones, usurpación de atribuciones y abuso de autoridad.
Cordón también entabló una demanda en contra de los concejales por los supuestos delitos ya mencionados.
En este caso, en sus consideraciones, Cordón alega que ha tenido “acoso” con su propiedad desde la anterior administración, pues han perturbado su propiedad al autorizar un camino en zona privada, y al entregar en arriendo esta zona que él adquirió por venta que le hizo el Estado.
El 24 de junio, la sociedad “Investissements Suisses de Tourisme S.A.”, representada por el abogado Manuel Cárcamo, acusó en este juzgado a los concejales por los presuntos delitos de estelionato, usurpación del dominio privado, perturbación y penetración ilegítima, usurpación de atribuciones y abuso de autoridad, asociación e instigación para delinquir y cohecho.
Al alcalde Falcón también lo demandaron por usurpación de domino privado, perturbación y penetración ilegítima, usurpación de atribuciones y abuso de autoridad.
En este caso, el representante de la sociedad, Manuel Cárcamo, señala que los concejales colocaron un cerco de alambre en la propiedad, ubicada en El Astillero, y que en una notificación éstos indicaron que el cerco en mención era propiedad de la Alcaldía, pues los terrenos donde se edificaba eran municipales, argumentando que la construcción de la sociedad que se encuentra en esta zona “es ilegal”, puesto que ya habían sido arrendados (los terrenos) a un inversionista.
Cárcamo alega que “físicamente han afectado la propiedad privada al dar contratos de arrendamiento sobre algo que no les pertenece”.
La construcción del cerco hizo que esta sociedad introdujera un recurso de revisión ante el Concejo, pero se dio un no ha lugar a éste; no obstante el Tribunal de Apelaciones, circunscripción sala civil y laboral de Granada, declaró “admisible e introducido” un recurso de amparo administrativo.
JUZGADO DE TOLA
En el Juzgado de Tola, el señor Bayardo Argüello también demandó “por la vía ordinaria verbal y con acción interdictal de amparo en la posesión” a dos extranjeros, a un ciudadano, a los cuatro concejales y al alcalde y vicealcalde de Tola.
Argüello en su demanda dice que el pasado 23 de mayo los acusados penetraron a la finca procediendo a cortar unos alambres “que sirven como cerco a mi propiedad”.
Sin embargo, la acción de los rectores de la comuna se dio luego de que éstos consideraran que un antiguo camino fue obstaculizado mediante un cerco construido por el señor Argüello, impidiendo el pase de pobladores que por años habían transitado en esa zona, y de inversionistas que han arrendado terrenos en el lugar, así como de particulares que ahí tienen fincas.
Argüello solicitó al juez que mediante su sentencia “me ampare en la posesión que tengo sobre la finca antes referida y que como consecuencia de lo anterior los demandados se abstengan de efectuar actos perturbatorios sobre la finca”.
También denunció que se le estaba perturbando la posesión que tenían sobre la finca descrita.
ABSUELTOS
Recientemente uno de los juicios que se llevaba en el Juzgado Único del municipio de Tola, en contra de tres concejales, fue resuelto favorablemente para éstos, cuando el juez decidió absolverlos de los delitos de usurpación de dominio privado y penetración ilegitima.
Se trata del juicio que en días pasados interpuso la Sociedad Turismo Moderno Sociedad Anónima, en contra de los concejales Raúl Aguilar, Jorge Villagra (ambos sandinistas) y Leónidas García, liberal.
Esta sociedad argumentaba que los concejales habían cometido los delitos mencionados al penetrar en su propiedad ubicada en Playa Gavilán a construir “un cerco nuevo en el interior de la finca, sobre el lindero oeste”.
Un dato curioso extraído de parte de las declaraciones brindadas por uno de los concejales dice que la sociedad en mención “no tiene registrada ni una pulgada de tierra en los archivos de la municipalidad”, y que tampoco ha pagado impuestos.
Esta sociedad adquirió esta propiedad de 50 manzanas, por venta que le hizo Geninsa, cuya representante es la señora Amelia Alemán, hermana del ex presidente Alemán.
En este caso, el juez consideró, entre otras cosas, que no hay intención criminal por parte de los concejales, por lo cual ni el cuerpo del delito ni la delincuencia de los procesados fue demostrada.
DISCORDIA
Al parecer, declaraciones del alcalde de Tola, Alfonso Falcón, en radios capitalinas, fueron la chispa que encendieron aún más las diferencias entre los concejales y el jefe de la comuna.
El alcalde acusó a sus concejales de recibir dinero de parte de algunos inversionistas con el objetivo de obtener resoluciones favorables para sus proyectos. Esto fue afirmado por el edil Falcón ante periodistas, al ser abordado al respecto.
Por su parte, los concejales Miriam Vanegas, Jorge Villagra y Leónidas García, reaccionaron enardecidos ante las acusaciones de Falcón, por lo que convocaron a conferencia de prensa, en la cual dijeron sentirse “ofendidos”, y declararon que a pesar de estos señalamientos, estaban “muy limpios”, a la vez denunciaron que el alcalde ha cometido muchas anomalías en la Comuna.
Los concejales antes mencionados dijeron que el alcalde ahora desconoce todos los acuerdos que se han consensuado en esta comuna, y que en todos los casos él ha tenido pleno conocimiento y participación de los mismos.
Tras ser suspendido por los concejales el 26 de junio pasado, el alcalde Falcón no ha dejado de ejercer sus funciones e introdujo un recurso de revisión ante el Consejo Supremo Electoral.
Falcón advirtió que no dejará su cargo, mientras sentenció que son los concejales los “que se irán”. 
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