Los recientes incidentes en los que miembros del Ejército y la Policía han actuado de manera arbitraria agresiva contra periodistas de LA PRENSA, ultrajando de esa manera la libertad de información que es el fundamento de todas las libertades y derechos democráticos, son pruebas muy claras de que la democracia todavía no está consolidada en Nicaragua. Y demuestran, además, que tenían razón quienes después del triunfo electoral democrático de 1990 demandaron la disolución del Ejército y sustituirlo con una fuerza policial nueva, de auténtico carácter nacional.

Es cierto que durante los 12 años transcurridos desde que el FSLN entregó el poder y se comenzó a desmontar el régimen totalitario, el antiguo Ejército Popular Sandinista —años más tarde llamado Ejército de Nicaragua— ha respetado al proceso democrático y en términos generales se ha mantenido al margen de las disputas públicas por el poder. Este Ejército, que nació como un cuerpo armado partidista, del FSLN, ahora se comporta formalmente como un cuerpo profesional y al menos en apariencia se subordina al poder civil del Estado. Pero sólo en apariencia, porque de hecho el Ejército opera como una entidad autónoma en una singular situación en la que los militares fingen estar subordinados a los civiles y éstos simulan que controlan a las fuerzas armadas.

Por ejemplo, es bien sabido que uno de los principales mecanismos de control sobre el Ejército, es el financiero, y ante todo que los sueldos de los militares sean pagados con cheques fiscales como los de todos los funcionarios y empleados públicos. Pero no es eso lo que ocurre en Nicaragua, y las autoridades gubernamentales ni siquiera saben si es correcta o no la cantidad de efectivos que el mando militar reporta para recibir mensualmente su parte del Presupuesto Nacional.

Por otro lado, la Constitución Política de la República establece —desde la reforma constitucional de 1995— que el Ejército “estará sometido a la autoridad civil que será ejercida directamente por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, o a través del ministerio correspondiente”. Además, la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo (Ley 290), dictada en 1998 en concordancia con la Constitución, señala que le compete al Ministerio de Defensa, por delegación del Presidente de la República, “dirigir la elaboración de las políticas y planes referidos a la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial nacional, y dentro de esas atribuciones, participar, coordinar y aprobar los planes y acciones del Ejército de Nicaragua”.

Sin embargo el Ejército no se rige por esas disposiciones de la Constitución y la Ley 290, sino por el Código Militar, que en su artículo 6 señala que “El Ejército estará subordinado a la autoridad civil que será ejercida por el Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de la Nación”. O sea que el Ejército desconoce a la Ley 290, obvia al Ministerio de Defensa y se basa en disposiciones del Código Militar que fueron dictadas antes de la reforma constitucional de 1995 y, por lo tanto, fueron enmendadas o derogadas por ésta.

Lo cierto es que el llamado Código Militar, que es una ley secundaria, debió ser reformado inmediatamente después de que se aprobó la reforma constitucional de 1995, pero los militares se han opuesto y los timoratos gobernantes civiles se han sometido a la voluntad castrense, siendo el último caso el del Presidente Enrique Bolaños, quien afirmó recientemente que no es oportuno reformar el Código Militar, y que, a su juicio, no se podrá reformar durante los siguientes cuatro gobiernos.

En todo caso, la renovada agresividad de las fuerzas armadas contra la libertad de prensa, que es el fundamento de la democracia, replantea el debate sobre la situación y función de los militares en la sociedad nicaragüense. Y al respecto es oportuno reiterar que ya que no fue posible disolver al Ejército, al menos hay que subordinarlo, pero de verdad, a la autoridad civil; para lo cual es necesario reformar el Código Militar y comenzar a pagar a los efectivos del Ejército con cheques fiscales, a fin de saber cuántos son en realidad.  

El Ejército y la democracia