Juez defiende decisión de liberar a Duarte
Ary Neil Pantoja
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“Ningún delito impide liberar bajo fianza a un reo cuando su vida está en peligro”, es el argumento de la Juez Segundo de Distrito del Crimen de Managua, Ileana Pérez, luego de recibir críticas por haber ordenado la excarcelación de Roberto Duarte, quien se desempeñó como secretario de Comunicación Social de la Presidencia durante la administración de Arnoldo Alemán.
Duarte es procesado por el caso del fraude al Canal 6 por el cual, según la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR), el Estado de Nicaragua resultó perjudicado hasta en 1.3 millones de dólares.
La Juez Segundo negó algún tipo de preferencia en torno a la libertad de Duarte pues, según dijo, se mantiene la retención migratoria y el reo debe presentarse una vez al mes ante la judicial.
Pérez defendió su decisión e invocó los artículos 36 y 160 de la Constitución Política; así como el artículo 116 del Código de Instrucción Criminal, en los cuales basó la resolución de otorgar la libertad bajo fianza a Duarte. “Yo le debo respetar la integridad física a las personas; debo garantizar el debido proceso, pero también debo garantizar los derechos humanos a los procesados y si no lo hago, cometo delito”, manifestó.
OTROS PROCESADOS
El artículo 116 del Código de Instrucción Criminal, dijo Pérez, le faculta liberar a los reos en caso que “estén en peligro inminente de muerte”, previo examen del Instituto de Medicina Legal (IML).
Aclaró que no sólo Duarte fue liberado, sino también otros tres reos a los cuales les aplicó los mismos artículos por padecer enfermedades crónicas o terminales y que por sus condiciones de salud no pueden estar bajo régimen carcelario. Agregó que hace tres semanas visitó el Sistema Penitenciario con el fin de verificar las condiciones de esos reos.
En tanto, Daniel Olivas, defensor de Duarte, dijo que no era necesario que la juez Ileana Pérez mandara a oír al procurador especial penal, Eduardo Boza, pues ella se basó en un dictamen forense para ordenar la libertad de su cliente. Según Olivas hacer esa diligencia habría significado poner en riesgo la vida del procesado. 
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