La función de impartir justicia es tan importante y delicada que no se le puede confiar a cualquier persona, mucho menos a quienes por sus antecedentes pudieran ser sospechosos de que actuarían de manera parcial por motivos o intereses políticos, ideológicos, económicos, gremiales o familiares.

En realidad, en cualquier esfera del poder público, quienes gobiernan, administran los bienes de la nación y velan por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, deben ser personas de probada honestidad, sentido de justicia, responsabilidad y eficiencia. Pero el Poder Judicial es el “poder terrible”, según dijera el barón de Montesquieu, porque es el que decide sobre el bien y el mal; sobre la inocencia y la culpa; sobre el tuyo y el mío; sobre el honor, la libertad, los bienes e inclusive la vida de las personas. De modo que el poder de los jueces y magistrados es mayor que el de los sacerdotes, porque éstos pontifican sobre el bien y el mal sólo en sentido ético, mientras que aquellos lo hacen de manera vinculante, y, cuando se trata de la Corte Suprema de Justicia, nadie puede apelar sus sentencias definitivas.

En consecuencia, no es por idealismo ni romanticismo político sino por imperiosa necesidad de decencia institucional que demandamos que los jueces en general, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en particular, sean personas seleccionadas entre los mejores profesionales del derecho, los más expertos, ilustrados, capaces, honestos, eficientes, responsables, apolíticos, idóneos e íntegros en todo el sentido de la palabra.

Es bien sabido que los males de la administración de justicia en Nicaragua se derivan ante todo de que los jueces y magistrados son escogidos con criterios partidistas y prebendarios. Y las consecuencias de esto son la retardación de justicia, la politización de las sentencias, el prevaricato, los fallos estrafalarios, el tráfico de influencias y tantas otras lacras que han desacreditado el oficio y la institución judicial ante los ojos y la conciencia de los ciudadanos.

De modo que para comenzar a cambiar esta deplorable situación hay que poner fin a la práctica viciosa de nombrar a los jueces y magistrados por razones políticas y con criterios partidistas. Y empezar a designarlos por méritos personales y profesionales, por capacidad e imparcialidad comprobadas, y sobre todo, por independencia, o sea, por ausencia de compromisos de cualquier clase con partidos políticos, instituciones religiosas, organizaciones sociales, grupos empresariales y cualquiera otra entidad o persona que quiera o pueda influir —para sesgarla— en la administración de justicia.

La independencia es el elemento esencial y sacrosanto de la función judicial. La independencia significa la no supeditación de la función judicial al poder político, su sujeción absoluta a la ley y al debido proceso, sólo del cual es que deben emanar los fallo o sentencias. Y por lo tanto es obligación de los diputados elegir como magistrados a los candidatos que hayan demostrado capacidad de mantener su independencia tanto del poder político como de cualquier sector de influencia.

Pero la independencia de jueces y magistrados depende también del carácter y la personalidad de los individuos que sean escogidos para desempeñar la función judicial; de su formación ética, cultural y profesional; de su conocimiento del derecho; de la libertad y el valor que tengan para denunciar las injerencias en sus decisiones; de la integridad que posean para desecharlas y de la voluntad para enjuiciar a quienes se atrevan a querer inmiscuirse en la formación de su criterio y en el dictado de sus resoluciones.

Entre las personas propuestas por el Presidente Enrique Bolaños para llenar las cinco magistraturas que quedarán vacantes en este mes de julio, hay varias que reúnen los requisitos de idoneidad e integridad personal y profesional que se requiere para ser buenos magistrados.

Pero la escogencia de nuevos magistrados será decisión de las bancadas parlamentarias, o sea de los partidos, y de estos dependerá que los nuevos magistrados sean buenos o malos, independientes o partidistas. De modo que sólo nos cabe manifestar la esperanza de que los diputados entiendan las señales que les están enviando la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional, y que hagan la escogencia que les corresponde hacer, con inteligencia, honestidad y patriotismo.  

Los magistrados que necesitamos