La otra cara de las elecciones regionales
Félix Navarrete
El próximo domingo 3 de marzo, los habitantes de las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur concurrirán a las urnas para elegir a sus autoridades regionales. Según la Ley Electoral, en cada región se elegirán 45 concejales pertenecientes a los partidos políticos participantes en la contienda. Éstos conformarán el gobierno local que tendrá la tarea de promover el desarrollo económico y social de sus comunidades.
Sin embargo, a sólo diez días de que se realicen estas elecciones, hay sectores empeñados en impedir que los habitantes de estas regiones elijan a sus autoridades, alegando que no existen las condiciones materiales y políticas para realizar con éxito este proceso. Lo curioso es que quienes argumentan esto saben perfectamente que el Consejo Supremo Electoral está preparado desde el pasado mes de noviembre para realizar una elección que numéricamente no es complicada. Se trata, esencialmente, de escrutar 700 Juntas Receptoras de Votos (JRV), distribuir 310 mil boletas en helicópteros y pangas, empacar 700 maletas electorales, preparar a los fiscales y miembros de las JRV, realizar pruebas de transmisión, monitorear la campaña cívica de promoción del voto, en fin todo un proceso que ya se encuentra avanzado y cuyos técnicos encargados de coordinar estas acciones se encuentran en las zonas respectivas.
El pasado fin de semana, los Consejos Electorales Regionales realizaron los talleres de capacitación con fiscales y miembros de las JRV; se han distribuido cédulas de identidad y documentos supletorios en ambas regiones, y sólo falta realizar más pruebas de transmisión, con lo que el engranaje para el próximo 3 de marzo quedaría aceitado. Es decir, las condiciones están dadas, el escenario técnico está listo. Es seguro que puedan haber algunos problemas, pero ningún sistema electoral es perfecto, menos el nuestro.
¿Quién dice, entonces, que el CSE no está preparado? Los datos demuestran lo contrario. El problema es que algunos medios de comunicación presentan solamente una cara de las elecciones de la Costa Atlántica. Se limitan a escarbar en los problemas políticos de los partidos, y responsabilizan al CSE de éstos, olvidándose deliberadamente de todos los esfuerzos que ha realizado el Poder Electoral por garantizar un sistema electoral con un alto grado de calidad tecnológica.
La pregunta del millón es ¿quiénes están interesados en que no se realicen las elecciones del Atlántico? No son los habitantes de estas zonas a quienes algunos medios de comunicación social han calificado injustamente de indolentes ante los procesos electorales, sin explicar las razones culturales y hasta raciales que han divorciado al Pacífico del Atlántico. No es el Consejo Supremo Electoral, que pese a las presiones que ha recibido, tiene preparado todo el engranaje logístico y organizativo para que el proceso eleccionario culmine con éxito. Creo que es una irresponsabilidad estar promoviendo la suspensión de las elecciones, porque esto sólo alimenta la quimera separatista que debe ser desterrada de nuestras mentes. Debemos recordar que las elecciones significan también integración, y realizarlas, es fortalecer nuestro sistema político institucional.
En realidad, los que no quieren que haya elecciones son algunos partidos que no se sienten bien posicionados en esas regiones, y que temen una derrota electoral que los borre del mapa político de nuestro país. Sin embargo, estoy seguro que los habitantes de la Costa Atlántica, desean elegir contra viento y marea a sus autoridades locales el próximo tres de marzo. Y el Consejo Supremo Electoral tiene la obligación de garantizar la realización de estos comicios, aún cuando existan presiones políticas para que no se realicen.
Creo que es importante destacar que los partidos Yatama y Pamuc han reiterado su deseo de que se realicen estos comicios, ya que consideran que es el instrumento más cercano y eficaz que tienen nuestros hermanos de la Costa Atlántica para hacer valer sus derechos políticos, y contribuir a cambiar su situación económica. No podemos arrebatarle a 200 mil votantes su derecho constitucional de votar. No existen razones políticas ni técnicas para suspender una elección que si bien es cierto no goza de la publicidad de las elecciones nacionales, sí es importante para consolidar el proceso democrático de una región que necesita una mayor integración.
Es hora de concentrar nuestros esfuerzos institucionales en las elecciones del próximo domingo. Nuestros hermanos de la Costa Atlántica tienen el derecho de elegir a sus autoridades. Es un derecho que está por encima de cualquier interés político y partidario.
El autor es director de Prensa del CSE. 
|
