Investigan desalojo sangriento
 | Informe de Comisión especial de Policía determinará suerte de Subcomisionado que dirigió operativo |
| Asuntos Internos busca aclarar cómo, por qué y quién ordenó disparar a los 30 agentes |
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Ary Neil Pantoja y
Noelia Sánchez Ricarte
nacionales@laprensa.com.ni
El subcomisionado Fidel Domínguez Álvarez, jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) del departamento de Rivas, fue suspendido de sus funciones, mientras una comisión especial encabezada por el comisionado Cristian Munguía, Inspector General de la Policía Nacional, investiga los sucesos ocurridos el fin semana durante un desalojo en la comunidad de Mérida, en la Isla de Ometepe.
El comisionado Marlon Montano, jefe de Relaciones Públicas de la Policía, confirmó que Domínguez fue suspendido mientras las investigaciones no concluyan y que dentro de tres días darán a conocer un informe preliminar.
Montano agregó que al término de 10 días, la comisión deberá presentar un informe final al primer comisionado Edwin Cordero Ardila, quien, en última instancia y en base a los resultados, decidirá la suerte del subcomisionado Domínguez.
Inspectoría General de la Policía inició las averiguaciones para determinar cómo, por qué y quién ordenó a unos 30 agentes que ejecutaban un desalojo en la comunidad de Mérida, Ometepe, disparar contra civiles de los cuales unos 15 resultaron heridos de bala.
El jefe de la Policía de Rivas, comisionado Marvin Castro, indicó que el 22 de febrero a las diez de la mañana, fecha prevista para dar cumplimiento al desalojo, estuvo “todo normal”.
Sin embargo señala que al día siguiente, el sábado 23, la Policía se dispuso a concluir el mandamiento judicial en dos lugares que quedaron pendientes, pero “había una buena cantidad de personas que estaban tendidas sobre la vía, la que habían bloqueado con piedras, palos, ramas, árboles”.
“Tanto la Policía como la jueza trataron de persuadirlos para que se apartaran de la vía para que todo fuera lo más cívico posible”, dijo el Comisionado, agregando que todo fue inútil, por lo que procedieron a retirar a toda la gente y a despejar la vía.
Los ánimos se caldearon, cuando cerca de las últimas viviendas que faltaban por desalojar “unas 200 personas procedieron a agredir a la Policía, tanto verbal como a pedradas, por lo que en primera instancia la Policía tuvo que replegarse hacia atrás”.
El paso próximo, según Castro, fueron disparos “preventivos” que se realizaron al aire, pero fue inútil y al final “llegó un momento en que al parecer algunos compañeros procedieron a hacer unos disparos hacia abajo y lograron ocasionar cuatro heridos”.
El comisionado Castro indicó que antes de esta situación siete policías se encontraban golpeados, entre ellos el subcomisionado Fidel Domínguez, quien estaba a cargo del operativo y la jefa de la Policía de Altagracia, capitana Maribel Ruiz Lovo.
MENA ALEGA POSESIÓN HISTÓRICA
En el expediente judicial sobre el caso de la demanda de Frank Mena a los campesinos de Mérida, se lee, entre muchas cosas, que éste alega ser dueño histórico de una finca rústica situada en Mérida, con área de 332 manzanas con dos mil 311 con cuarenta centésimas de varas cuadradas, propiedad número 27,734, inscrita en el asiento segundo, folios 94-95, del Tomo 284.
La mencionada propiedad de la disputa, según se lee en el expediente, “la ha poseído mi demandante (Mena) uniendo su posesión a la de sus antecesores por más de 50 años, desde el primero de enero de 1940 hasta el 31 de diciembre de 1997, conforme a una cadena de posesiones continuas e inscritas” (...).
Pero irónicamente en ese mismo expediente, testimonio de los afectados aseguran que han permanecido en ese lugar por más de 60 años, negando que el señor Mena ha tenido posesión de los mismos.
Forma parte del expediente la escritura número 38 “compraventa de inmueble”, realizada el primero de diciembre de 1997, que indica que los señores Enrique Zelaya Cruz, José Domingo Molina Treminio y Frank Enrique Oviedo Fuentes, vendieron al señor Mena dos propiedades (la 27,737 y la 27,734).
De acuerdo a esta escritura, estas personas “son dueñas en comunidad indivisa y por partes iguales de dos inmuebles ubicados en Mérida”, luego de ser beneficiados con un título de Reforma Agraria, extendido en 1993.
Cabe destacar que en la otra propiedad vendida al señor Mena, hay cerca de 40 cabezas de familia que viven en esa misma zona de Mérida. Ambas propiedades fueron vendidas al señor Mena por un precio de 540 mil córdobas.
INVESTIGARÁN A CIVILES
El jefe de la Policía de Rivas, comisionado Marvin Castro, dijo que la sección de Asuntos Internos a la par de las investigaciones del actuar de los policías en Ometepe, también investigará a los civiles “responsables” de haber caldeado los ánimos en este lugar.
Castro agregó que la Policía cumplía con un oficio que ordenaba “auxilio” para cumplir el mandamiento de la Juez de Distrito Civil de Rivas, doctora Gloria María Arauz, que indicaba “la entrega material de trece lotes de terreno rústico y sus mejoras, que serían entregados al señor Frank Mena Marenco”.
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