Especial
Isleños defienden su “Oasis de Paz”
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 | Iniciarán “cruzada jurídica” para pelear Ometepe |
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Pedradas contra balazos. Esos fueron los ingredientes que se mezclaron durante el desalojo de 11 familias de la comunidad de Mérida, en Ometepe, este fin de semana. En la gráfica, habitantes enfurecidos apedrean a la Policía, que a su vez prepara sus fusiles AK para repeler el ataque. |
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José Adán Silva
jadan.silva@laprensa.com.ni
En Ometepe, llamado turísticamente “Oasis de Paz”, la historia parece repetirse.
Hace más de 500 años, cuando los conquistadores españoles llegaron a estas tierras los indios autóctonos opusieron una resistencia tenaz que bañó de sangre las costas del Gran Lago. Ahora, aunque ya el período de la conquista ha pasado, la lucha de los habitantes de la isla por la posesión de sus tierras, sigue provocando que se derrame sangre.
Don Lorenzo López llegó a la hacienda El Perú, en la comunidad de Mérida, hace 45 años. Fue el primer colono de los tantos que poco tiempo después importara la familia Somoza al paradisíaco lugar ubicado a 18 kilómetros al sureste del municipio de Altagracia.
Desde entonces vive ahí, viendo crecer a su descendencia, y con la dulce y trágica certeza de que moriría de viejo en el rancho de paja y madera que lo ha albergado por casi medio siglo en las costas del Gran Lago.
Se equivocó. Ahora, corre el riesgo de quedar sin el rancho donde añoró morir, y las costas que por tantos años creyó suyas, ahora resulta que le son totalmente ajenas. Sobre todo después de que la primera incursión policial en la historia de la comunidad dejara un rastro destructivo que aparte de rayar en lo brutal e injusto, tiene muchas aristas de ilegalidad.
Según Humberto Corea Rosales, el abogado de la comunidad de Mérida, el desalojo del que fueron objeto once familias tiene a su favor muchos argumentos jurídicos que lo pueden considerar como un acto al margen de la legalidad.
LOS ARGUMENTOS JURÍDICOS
Uno de estos argumentos jurídicos es de corte histórico, y se encuentra plasmado en La Gaceta, Diario Oficial, del viernes 30 de marzo de 1917. En esa fecha el presidente de la época ordenó al Senado y a la Cámara de Diputados decretar la Ley Agraria, donde se puso orden a las tierras del Estado y sus habitantes.
En el artículo segundo, párrafo dos, se lee textualmente lo siguiente: “No pueden enajenarse los terrenos comprendidos en una zona de dos kilómetros de latitud a lo largo de las costas de ambos océanos y a orillas de los lagos y ríos navegables en una latitud de ochocientos metros; y las islas de los mares territoriales y de los lagos; pero la zona reservada ribera sudeste del Gran Lago, desde el río de Las Lajas hasta el Tule, y en cada uno de los lados del San Juan, será de tres mil quinientos metros”.
CORTE SUPREMA RECORDÓ VIGENCIA DE LEY
Este artículo no ha sido derogado por nueva ley, tal como lo confirmó el 28 de mayo de 2000 el secretario de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Valle Pastora, quien en una circular enviada a los jueces civiles de la República recuerda que tales condiciones jurídicas están vigentes.
Corea expresó que en 1998 la Corte Suprema de Justicia ratificó la ley de 1917, la cual había sido integrada en la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, publicada en junio de 1996.
Además, en La Gaceta número 244, del 16 de diciembre de 1998, se publicó una ordenanza municipal de la Alcaldía de Altagracia, Isla de Ometepe, sobre el respeto de territorios municipales de Zona Costera, islas, islotes, lagunas, ríos, zona agrícola forestal y territorio estatal agrícola en todo el municipio.
LAS PROHIBICIONES
Ahí se expresa que “queda prohibido terminantemente a organismos no gubernamentales, fundaciones, asociaciones, cooperativas, entes estatales y toda persona natural y jurídica, hacer uso de las costas, irrespetando el límite comprendido, enajenándolas, cercándolas, obstruyendo la libre circulación del público, y otorgar permiso sin el aval del Gobierno Municipal, incluyendo: islas, islotes, lagunas y ríos, evitando los problemas de los lugares El Perú (Mérida), El Congo, San Ramón, Tichaná, San Pedro, La Palma, Corozal, Balgüe, y otros lugares de nuestros municipios”.
De acuerdo con estos y otros argumentos más, las tierras en litigio pertenecen a la Municipalidad, dirigida por el alcalde de Altagracia, Alcides Flores, quien debe arrendar las tierras a quien el Concejo estime conveniente.
Pero para el alcalde es más valioso y humano arrendar las tierras a sus antiguos moradores, que cederlas a alguien a quien nunca ha visto y a quien no quiere ver más por ahí. “Vamos a decretar por medio de sesión municipal como Non Grato a este señor”, dijo Flores, refiriéndose a Frank Mena Marenco, quien aparece reclamando las tierras de los nativos.
OMETEPE ES PATRIMONIO NACIONAL
“Además, hay que tomar en cuenta que la Isla de Ometepe, en su totalidad fue declarada Patrimonio Nacional en 1995, por lo cual no se puede entregar parte de un patrimonio nacional a una persona común, para que lo explote a su gusto”, dijo Flores, quien aún dentro de las limitaciones de su presupuesto, busca cómo darle una respuesta a los afligidos habitantes de Mérida.
Las tierras de Mérida que están en litigio, son un valle cercado por las dos costas del Lago Cocibolca, con una impresionante belleza natural. Muchas de las casas sobre las que aún penden órdenes de desalojo están a menos de 25 metros de la costa y son un gran potencial turístico.
El origen legal de esas tierras proviene de la venta que hizo el Estado de Nicaragua en 1903 a José Dolores Gámez, hace 99 años. La cadena registral se desplaza de asiento en asiento, hasta llegar a manos de la familia Somoza, que la inscribió como Compañía Agropecuaria Ometepe, S.A.
LA CADENA REGISTRAL
Esta propiedad de 332 manzanas cuadradas, más 2,311 varas cuadradas, fue confiscada por el gobierno sandinista y asignada al Ministerio de Reforma Agraria. Con el cambio de gobierno de 1990, y en cumplimiento a los acuerdos de desmovilización de los miembros de la Resistencia Nicaragüense, el gobierno de doña Violeta Chamorro otorgó las tierras en 1993 a José Domingo Treminio y otros socios, quienes posteriormente la vendieron a Frank Mena Marenco.
Desde entonces, los colonos de Mérida no conocen la paz. El supuesto nuevo dueño ha venido insistiendo, por medio de diferentes recursos legales, en el desalojo de quienes han vivido en esas tierras desde hace más de medio siglo. Algunos tienen la esperanza de que las autoridades se pronuncien y los ayuden. Otros, como don Lorenzo, sólo quieren vivir sus últimos días en paz, y morir en los ranchos que durante 45 años los han albergado.
VIOLENCIA Y MARRULLERIA
Cuarenta y cinco años después de vivir en esas tierras, humildes familias ven cómo aparece un “dueño” que reclama con violencia y marrullería la propiedad de las costas del Gran Lago. Decretos, leyes y sentencias contra este desalojo, rolan en un expediente jurídico que la justicia rivense ignoró, para favorecer a un millonario terrateniente.
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