Los sueldos en las alturas
“Megasalarios”, asesores y servicio civil
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 | Los sueldos y complementos (estipendios, les dicen ahora) de la alta burocracia gubernamental motivan una permanente discusión pública, porque se les considera desproporcionados en relación con los ingresos del país y el estado de pobreza de la mayor parte de la población. Nuestros invitados a la Controversia aportan sus criterios a este debate de interés nacional. |
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Salvador Stadthaghen*
Gran parte del debate público de las últimas semanas se ha centrado de manera individual sobre los temas de los salarios en el gobierno, los asesores de los jefes de las diferentes carteras y sobre la propuesta de Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que ya ha mudado su quinta piel.
Lastimosamente este debate ha rehuido el asunto central donde los tres temas se interceptan: la carencia de capacidad en las instituciones estatales.
A partir de la segunda mitad de los años 90, teóricos y prácticos del desarrollo concurren cada vez más en una revaloración del papel del Estado; en extremo contraste con las opiniones, tendencias y experimentos alrededor del mundo durante los 80, donde el mejor Estado era el menor Estado, y cuando en algunos casos reducciones excesivas tuvieron un alto costo en varios países. En Nicaragua vivimos un proceso a la inversa, donde los ochenta fueron una época de un Estado crecientemente hipertrófico. No es por tanto extraño que muchos propugnen localmente por un rol lo más marginal posible para el Estado y vean con escepticismo la posibilidad de creación de instituciones de gobierno más capaces.
Es inconcebible la carencia en Nicaragua de siquiera un marco jurídico que apunte a un servicio civil profesional, indispensable en la construcción de una capacidad estatal instalada que aproveche la experiencia, que optimice los altos costos de entrenamiento y que colabore a que la memoria institucional no se borre cada cinco años. La experiencia internacional apunta a que la construcción de un servicio civil eficiente y efectivo puede tomar hasta una década y requiere de una enorme cantidad de estabilidad y de voluntad política.
La carencia de un servicio civil profesional explica en parte la carencia de capacidad en nuestro Estado. Esta carencia a su vez justifica la necesidad de asesores, que resultan vitales para complementar los baches de capacidad en las estructuras formales de las instituciones estatales.
En cuanto al nivel de salarios, el debate ha obviado varios ángulos. En un país con una gran mayoría de la población con un bajo nivel educativo y de baja productividad como Nicaragua, y por tanto con salarios que corresponden a esa realidad, cualquier salario nivel ejecutivo (que no causaría ninguna sorpresa al nivel internacional) es un “megasalario”. Por tanto, un salario de dos mil dólares para un ministro, sería para un obrero agrícola que devenga menos de cien, tan “megasalario” como los salarios que han sido dados a conocer de manera transparente. Objetivamente, ¿qué es un “megasalario”?
Firmas transnacionales de auditoría han concluido nuevamente este año que el nivel de salarios ejecutivos en la empresa privada nicaragüense sigue siendo el más alto de Centroamérica, incluyendo Panamá. Entonces, el gobierno actual, estaría pagando a sus mandos más altos alrededor de un 20% más que el mercado laboral privado.
Pero en la realidad esta diferencia se reduce si tomamos en cuenta que:
a) Este nivel salarial en el sector privado corresponde a los ejecutivos y no comprende a los profesionales independientes, como abogados especializados y consultores que normalmente devengan ingresos incluso mayores. Algunos de los altos funcionarios de este gobierno provienen de ese sector.
b) En Nicaragua, a diferencia de muchos otros países, hay muy pocas firmas privadas cuyo tamaño exceda el de un Ministerio de Estado, tanto en número de empleados como en presupuesto. Es decir, la responsabilidad gerencial y la fiduciaria es relativamente bastante mayor en los altos puestos del estado.
El gobierno aparentemente ha optado por el camino de otras varias naciones de liberalizar el “índice de compresión”, es decir, la distancia entre el mayor y el menor salario. Esta prescripción ha sido seguida por muchos países del mundo en desarrollo en vista de la necesidad de poner las instituciones estatales en manos de profesionales de alto calibre.
Un ejemplo, tal vez extremo, es el de Singapur. En este país, algunos ministros de Estado devengan hasta U$1 millón de dólares anuales. El gobierno compite con su empresa privada para capturar las mejores mentes. Por otro lado, el gobierno es implacable con respecto a la corrupción. La temida Comisión Anticorrupción investiga con rigor la conducta de los empleados estatales y la tolerancia social con los corruptos es mínima: hace unos años uno de los ministros cometió suicidio antes de enfrentar los cargos de la Comisión Anticorrupción.
Más que obsesionarnos por los salarios, debería preocuparnos si la capacidad de los funcionarios elegidos concuerda o no con las responsabilidades y las capacidades que el puesto requiere. El público tiene derecho a solicitar currículos y a exigir resultados. Muchos dirán que en el gobierno es difícil medir resultados porque, a diferencia de la empresa donde éstos son claramente rojos o claramente negros, los criterios son ambiguos. En este caso la ciencia de la administración pública también ha tenido avances. Existen “contratos de rendimiento”, que gobiernos desde Nueva Zelanda a Estados Unidos han considerado exitosos, y gobiernos más próximos como Costa Rica han experimentado con utilidad. La presencia de estas medidas de rendimiento podría ser una buena idea para que el público juzgue si está recibiendo valor por lo que paga.
El retrasar la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa no permite el inicio de la creación sostenida de capacidad en el Estado. Las exigencias de la comunidad internacional al respecto son una prescripción que transciende a Nicaragua. El no tener una ley al respecto es como andar todavía en taparrabos.
En fin, no deberíamos reducir el debate sobre los salarios ejecutivos en el Estado a una retórica de supuesta “equidad”, sin tomar en cuenta los otros factores aquí mencionados.
* El autor es jurista
Salvador_Stadthagen @ksg02.harvard.edu 
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