Para tratar de cumplir su compromiso de campaña electoral, de promover la reestructuración y el saneamiento de la administración de justicia en Nicaragua, el presidente Enrique Bolaños anunció el jueves de la semana pasada —al presentar ante la Asamblea Nacional un paquete de iniciativas de leyes— la creación de una comisión presidencial “para identificar cuáles son los cambios necesarios en nuestro sistema judicial”.

“Tenemos que revisar todo nuestro sistema judicial. Quiero compartir con Uds. —que—, le he pedido, en su carácter privado, al Dr. Iván Escobar Fornos, presidente de la Corte Suprema de Justicia, que encabece una Comisión Presidencial de notables y personas probas, para que se estudie y me proponga los cambios necesarios en las leyes y procedimientos judiciales, que hagan posible la aplicación de las leyes a todos por igual. Sin favoritismos ni exclusiones”, dijo el presidente Enrique Bolaños.

Como se recordará, el 3 de junio del año pasado el entonces candidato presidencial Enrique Bolaños prometió que bajo su gobierno se seleccionaría a los magistrados “con la participación de la sociedad civil, las facultades de derecho y las asociaciones de abogados”; que los jueces y magistrados de los tribunales de apelación se nombrarían a base de una carrera judicial; que cada servidor judicial sería un profesional que garantizaría la seguridad jurídica necesaria para vivir con dignidad; y que se nombraría en esos cargos a mujeres y hombres probos.

Pero precisamente por eso fue decepcionante el anuncio del presidente Bolaños sobre la comisión presidencial que va a proponer los cambios necesarios en la administración de justicia, que será presidida en su carácter privado (¿?) por el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Iván Escobar Fornos. En realidad, si no fuera porque sabemos que don Enrique es una persona muy seria, creeríamos que ese anuncio fue hecho deliberadamente como una burla a la población, de manera que preferimos creer que lo que pasó fue que sus asesores lo embrocaron.

El nombramiento del Presidente de la Corte para encabezar una comisión del Ejecutivo viola la independencia del Poder Judicial, pues de acuerdo con la Constitución (artículo 129) los Poderes del Estado son independientes entre sí, y si bien es cierto que en ese mismo artículo se dice que se coordinan armónicamente, también la Constitución establece expresamente (artículo 165) que “Los magistrados y jueces en su actividad judicial, son independientes y sólo deben obediencia a la Constitución y a la ley..”. Y eso significa que el Presidente de la República no puede ni debe nombrar al Presidente de la Corte para integrar o encabezar una comisión presidencial, ni al revés, o sea que el Presidente de la Corte no puede ni debe nombrar al Presidente de la República para que integre o presida una comisión judicial.

Pero el presidente Bolaños cometió otro grave error, a nuestro juicio, quizás motivado por el interés de no tener más choques con el ex presidente Arnoldo Alemán, o simplemente mal aconsejado por sus asesores, al designar al Presidente de la Corte para que encabece la comisión presidencial que propondrá los cambios en el Poder Judicial, pues una de las personas menos indicada para presidir esa comisión es precisamente el Dr. Escobar Fornos, quien fue uno de los artífices del pacto libero-sandinista que subordinó el Poder Judicial a los partidos PLC y FSLN. Independientemente de la reconocida capacidad jurídica del Dr. Escobar Fornos, él está ahora de magistrado y Presidente de la Corte como beneficiario de dicho pacto, y además, es muy conocido su planteamiento de que para “solucionar” los problemas de la administración de justicia hay que hacer vitalicios a los actuales magistrados, cuando más bien habría que destituirlos si es que en realidad se quiere sanear el Poder Judicial.

No es nuestra intención poner en duda las buenas intenciones del presidente Bolaños, pero si desea sinceramente impulsar la transformación del Poder Judicial, ante todo debería integrar la comisión que va a preparar las propuestas de cambios con juristas idóneos, independientes, que tengan credibilidad en la sociedad nicaragüense. Y no debería olvidar, don Enrique, el sabio aforismo de Platón de que la peor forma de injusticia es la justicia simulada.  

La peor forma de injusticia