Hacia una nueva Justicia
Sergio Cuarezma
cuarezma@hotmail.com
Hoy, si el estado de derecho no es capaz de garantizar el goce efectivo de una justicia transparente, cumplida e igualitaria, simplemente no es posible hablar de Estado de Derecho, sino de formas autoritarias de relaciones humanas en las cuales el acceso a la justicia es privativo para las personas que poseen recursos económicos, poder político o influencia social, marginando a un sector importante de la población e incluso a los sectores más acomodados si la justicia es lenta, engorrosa, partidaria o ineficaz.
La justicia debería ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional debido a que en nuestra sociedad se ha originado una convicción moral y política en torno a la importancia y necesidad de intervenir en el mejoramiento de la justicia. Esta conciencia no nació de forma accidental, es la reacción contra una historia remota y reciente, en la que el país ha sufrido bajo el imperio de la arbitrariedad, el autoritarismo y los privilegios.
El profesor Patterson, de la Universidad de Harvard, ha planteado que el nacimiento y desarrollo del concepto occidental de libertad, y la consiguiente lucha por ganar para ella las leyes y las instituciones, surge de la experiencia concreta de la esclavitud. En otras palabras, sólo la convivencia dramática, y milenaria, con esta institución explica que, en contraste a ella, ha surgido una idea de tanta potencial moral como es la noción moderna de libertad.
Desde esta perspectiva, si uno pensara que la buena parte de la fuerza que hoy asume el compromiso nacional con la justicia es una respuesta al drama de la injusticia histórica de nuestra tierra, ponderaríamos en toda su medida el grado de responsabilidad que pesa sobre la Nación.
Nicaragua no puede desaprovechar este momento histórico. Las futuras generaciones no nos perdonarían el haber desaprovechado esta posibilidad. Más aún, los procesos de cambio que se han promovido han generado un juego creciente de expectativas que se vinculan con estándares de mayor acceso al sistema de justicia y de resolución de conflictos, se vinculan con un derecho a la satisfacción de expectativas de derechos y garantías.
Ni el más fervoroso creyente en la mano invisible del mercado puede discutir que el crecimiento y el desarrollo deben sustentarse en mayores niveles de equidad y de acceso de todas las personas a las oportunidades. Todos coinciden, además, que esas condiciones de equidad, participación y seguridad suponen la existencia de instituciones públicas fuertes, ágiles, transparentes y eficaces: la justicia aparece como el soporte indispensable para garantizar un estado de derecho constitucional que se funde en el respeto de los derechos de las personas y que sea percibido como funcional a los intereses de integración social y económico.
La consolidación del sistema democrático nicaragüense, particularmente para los próximos cinco años, exige invertir en la consolidación de una justicia accesible para todas las personas y que sea percibida como un sistema que equilibre el respeto de los derechos y garantías de las personas con adecuados niveles y estándares de eficiencia y eficacia.
En este sentido, la inversión que se efectúe en el ámbito de la justicia es una inversión en las personas, crucial para un desarrollo sostenible en el tiempo. Tenemos la posibilidad de revitalizar la justicia en Nicaragua. Pueda ser que estemos a la altura del desafío.
El autor es Catedrático de Derecho Penal y Criminología. 
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