Reformas: impostergables e indispensables
Joaquín Cuadra
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Nicaragua continúa sumergida en una compleja crisis. A partir de 1990, en el nuevo contexto internacional unipolar y superada la guerra, el país se abocó a la construcción de la democracia y al reestablecimiento de la economía de mercado. Superando las tensiones propias de un período singular, la gestión de la ex presidenta Chamorro preservó la paz, sentó las bases de una nueva institucionalidad y reinsertó al país en la economía mundial.
Las reformas constitucionales de 1995 adecuaron la Constitución a las nuevas circunstancias, encauzaron el proceso democrático y configuraron de manera más clara la división de poderes.
Con la elección del Dr. Arnoldo Alemán como Presidente de la República, en 1996, la institucionalidad fue sometida a un nuevo caudillo que detentó el poder con estilo autoritario y aspiraciones continuistas, contaminando la gestión pública de una conducta corrupta generalizada.
El pacto entre las cúpulas del PLC y el FSLN en 1999, sacudió la precaria institucionalidad y la democracia. Impusieron el bipartidismo, partidarizaron las instituciones del Estado y restringieron la participación en las elecciones del 2000 y del 2001.
Nicaragua enfrenta una situación económica dramática, por la corrupción en el sector público. Como telón de fondo, una crisis de legitimidad envuelve a las principales instituciones del Estado.
La cruzada contra la corrupción ha evidenciado que los actos delictivos en buena medida fueron posibles por el debilitamiento y partidarización de las instituciones del Estado. Eso explica que el juzgamiento a los corruptos dependa de los acuerdos de cúpulas, que arreglos por debajo de la mesa hagan desparecer de un día a otro presunciones penales contra representantes caracterizados de Poderes del Estado.
Una radiografía simple de los Poderes del Estado es reveladora: la Corte de Justicia incompleta por la falta de acuerdo entre los políticos; la Asamblea Nacional bloqueada por quien la ha hecho trinchera para protegerse de la justicia; el órgano contralor dependiendo de los dictados de las cúpulas partidarias y un Consejo Supremo Electoral, carente de legitimidad, credibilidad y eficiencia.
Se impone una reforma profunda, pronta y radical del Estado, que coloque al país en la senda de la institucionalidad, promueva la eficiencia y extirpe el riesgo de la corrupción en la administración pública.
Se requiere una reforma al Estado que racionalice la composición de los órganos colegiados. ¿Para qué tantos magistrados en el Poder Judicial que recargan las finanzas públicas?. Hay que poner —tal vez por primera vez en la historia nacional— las instituciones al servicio de los ciudadanos.
La no reelección presidencial absoluta y el reconocimiento a expresiones partidarias no tradicionales ahora excluidas de la participación electoral, deberían resultar de las reformas.
En este desafío corresponde al Presidente de la República una incidencia decisoria. Esta reforma impulsada “desde arriba” debe propiciar la participación y motivación “de los de abajo”. Toca a la sociedad civil un rol protagónico, ahora y después.
El Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes) y Conciencia Nacional deberán desempeñar un importante rol en el impulso de estas reformas.
La lucha contra la corrupción liderada por el ingeniero Bolaños, necesariamente será fructífera, pero sería incompleta si no aborda las causas de la delincuencia en el ejercicio de la gestión pública. Esa lucha y el desafío de la democracia, imponen de forma impostergable la reforma del Estado. Sólo así habrá despegue
El autor es presidente de Unidad Nacional 
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