La Comisión de Gobernabilidad del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes), distribuyó un documento titulado “Reformas al marco jurídico político del Estado nicaragüense”, que contiene varias propuestas de transformación institucional que se elaboraron tomando en cuenta sugerencias y recomendaciones de la sociedad civil.

En el ámbito judicial, el Conpes propone la creación de un tribunal constitucional; reorganización de la Corte Suprema de Justicia, tribunales de apelaciones y juzgados de distrito y locales; creación de un consejo de la judicatura que funcionaría de manera autónoma y al margen de las influencias partidistas, y sería el encargado de proponer los nombramientos de magistrados, el Fiscal y el Procurador, así como de designar a los jueces, registradores y defensores públicos.

Por otro lado, el Conpes propone convertir al Consejo Supremo Electoral en un instituto autónomo de carácter técnico; establecer el principio de no reelección presidencial absoluta; unificar las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales; restablecer el umbral electoral del 45 por ciento para la elección presidencial en primera vuelta; reducir al 2 por ciento de la votación nacional el mínimo para mantener la personalidad jurídica de los partidos; reconocer el derecho de los partidos a conservar su personalidad jurídica cuando participen en alianzas electorales; y una ley específica de partidos políticos.

En cuanto al Poder Legislativo, la propuesta de reforma estatal del Conpes señala que se debe reducir a 51 del número de diputados nacionales (actualmente son 92); elección de los diputados en forma uninominal (también la de los concejales); y la revisión, modernización y democratización del Estatuto General y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

Y con respecto al Poder Ejecutivo —que también necesita una profunda renovación democrática—, el Conpes señala que todavía está recogiendo los aportes de la sociedad civil y política para elaborar la propuesta más apropiada.

Sin dudas que las propuestas del Conpes para la reforma estatal son excelentes en términos generales. Ellas contienen aspectos esenciales para la modernización del Estado que ya se han aplicado o se están aplicando con éxito en otros países. Y además, recogen las principales aspiraciones democráticas de la sociedad nicaragüense.

Pero el problema fundamental de Nicaragua en lo que se refiere al Estado, es más de carácter humano que institucional. Es decir que no es la falta de instituciones adecuadas, sino las incapacidades y los vicios políticos de las personas que gobiernan la sociedad, lo que ha causado la profunda crisis que sufre el país. La verdad es que si quienes ocupan los cargos superiores e intermedios en la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, el Consejo Supremo Electoral —inclusive el Poder Ejecutivo— fueran personas competentes, íntegras y equitativas, con verdadera vocación de servicio público, aún con las instituciones y las leyes actuales el país estuviera funcionando mucho mejor que ahora.

Ciertamente, en Nicaragua la discusión sobre la reforma del Estado no se plantea en derredor de, por ejemplo, los aspectos esenciales de la filosofía del Estado. Tampoco se debate sobre el tema estratégico de la correlación entre las libertades y la seguridad de los ciudadanos. Ni se discute acerca de la disyuntiva entre un Estado fuerte que ponga coto enérgicamente a la delincuencia, termine con la corrupción, imponga un estable orden económico y financiero e intervenga activamente en la promoción de la justicia social; o un gobierno eficiente, coherente e íntegro, pero suave, que facilite la libre iniciativa y sepa mantener el orden e impartir la justicia de manera racional y equitativa. Y ni siquiera se plantea la discusión sobre la al parecer atávica tendencia socio-cultural del nicaragüense promedio a buscar líderes carismáticos y paternalistas (caciques), versus la necesidad de gobernantes modernos, educados, gerenciales y genuinamente democráticos.

Sin duda que es necesario modernizar y democratizar el Estado. Pero, ¿quiénes van a hacer los cambios? ¿Las mismas personas que detentan ahora los poderes públicos? ¿Y a ellas quién las va a cambiar?

Como es bien sabido, el Estado es sólo una ficción jurídica y política que actúa bien o mal según sean las personas que detentan el poder. De manera que de nada serviría reformar las instituciones estatales si las van a seguir manejando las mismas personas que hasta ahora.  

Reformar el Estado... ¿y las personas?