Nicaragua, tercer país más corrupto de Latinoamérica
 | Comparte “ranking” con Guatemala y Venezuela, según la organización independiente Transparencia Internacional |
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Rolando Flores
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Nicaragua se encuentra en el nada distinguido puesto número tres de los países más corruptos de América Latina y en el primer lugar de Centroamérica, junto a Guatemala, según dio a conocer ayer la organización independiente Transparencia Internacional.
De acuerdo al Indice de Percepción de Corrupción (IPC) publicado por esta organización anualmente, Nicaragua obtuvo este año 2.5 puntos de calificación en una escala del uno al 10, siendo 10 la puntuación para la nación menos corrupta.
Nicaragua este año empató en el quinto lugar con Guatemala y Venezuela, manteniéndose prácticamente en la misma posición que en el 2001, cuando obtuvo una calificación de 2.4 puntos.
Según los responsables del estudio, pese a que en estos países se han creado nuevas estructuras democráticas, la práctica común del “soborno y el mal gobierno de las élites políticas” han restado credibilidad en esas mismas estructuras.
Percepción que comparte el contralor Luis Ángel Montenegro, para quien estos resultados suponen una seria adversidad para Nicaragua porque envía el mensaje de que nuestro país “no es viable, ahuyentando tanto la inversión extranjera como la nacional”.
La democracia en Nicaragua, es a juicio de Montenegro, muy incipente y se reduce únicamente a una operación de traspaso de mando, donde los nicaraguenses sólo pueden participar con su voto.
Montenegro afirma que el Estado de derecho debe estar basado en el respeto a las instituciones y en la existencia de leyes para castigar la corrupción, situación que no es la de Nicaragua, ya que “ni existen leyes que persigan este flagelo (la corrupción), ni las instituciones son capaces de ejecutar las pocas leyes que tenemos”.
EN EL RUMBO CORRECTO
Sin embargo, el panorama está cambiendo, según Montenegro, quien opina que el rumbo que ha tomado Nicaragua y el Poder Ejecutivo es “completamente correcto”, persiguiendo a los que cometen los delitos.
“Los señalamientos y acusaciones de parte del Ejecutivo han puesto a los tribunales frente a la opinión pública obligándolos por primera vez a terminar con la impunidad, de manera que en un futuro cercano se pueda esperar que no haya quienes quieran robarse el erario”, indico Montenegro.
También para el presidente de la organización cívica Etica y Transparencia, Gabriel Solórzano, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo por erradicar la corrupción del Poder Ejecutivo.
“Se siente una cultura en los niveles más altos del Ejecutivo por trabajar transparentemente, esperamos que esta cultura se concrete con la eliminación de la corrupción y simplificando trámites que muchas veces provocan la misma corrupción”.
Solorzano considera que esa misma austeridad no se observa en otros poderes del Estado como la Asamblea Nacional, donde los diputados se ha autorrecetado exoneraciones, o en el Consejo Supremo Electoral.
Dentro de la clasificación de Transparencia Internacional, ningún país latinoamericano obtiene la máxima puntuación. Chile se coloca en el primer lugar con 7.5 puntos, seguido de Uruguay, Trinidad y Tobago, y Costa Rica.
El IPC se concentra en la corrupción del sector público y define la corrupción como el abuso de un cargo público para el beneficio privado. Las encuestas utilizadas en la compilación del IPC tienden a hacer preguntas con respecto al abuso del poder público para obtener beneficios privados, con un enfoque, por ejemplo, en el soborno de funcionarios públicos en una licitación pública.
CALCULANDO LA CORRUPCIÓN
El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) clasifica este año a 102 países, 21 de América Latina, en función del grado de corrupción percibida entre funcionarios públicos y políticos. Es un índice basado en 15 sondeos y encuestas diferentes realizadas por nueve instituciones independientes y llevadas a cabo entre empresarios y analistas.
El IPC no está basado en el número de acusaciones o casos judiciales, ya que según Transparencia Internacional éstos no reflejan niveles reales de corrupción, sino la calidad de los fiscales, de los tribunales o de los medios para descubrir la corrupción. Por lo tanto, el único método para compilar datos comparativos es basarse en la experiencia y en la percepción de aquéllos que observan o sufren directamente la corrupción.
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