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MARTES 27 DE AGOSTO DEL 2002 / EDICION No. 22833 / ACTUALIZADA 02:30 am
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Padres de la delincuencia

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Josefina Vannini
Jvannini@netport.com.ni

Día a día, los nicaragüenses observamos boquiabiertos los disparates que, con lujo de desfachatez y de cinismo, dicen algunos de nuestros diputados para justificar el innegable saqueo del Estado llevado a cabo por la pasada administración.

Los checazos que conocíamos desde meses atrás y ahora los tarjetazos y los apartamentazos, pagados con dinero del empobrecido pueblo de Nicaragua, han sido evidenciados, ante los ojos de todos, por nuestras autoridades, por el gobierno de Panamá y, entiendo que, por investigaciones derivadas de la recientemente aprobada “Ley Patriótica” de Estados Unidos. Hay serias acusaciones de movimiento de millones de dólares sustentadas con amplia documentación, además de escrituras de propiedades compradas con dinero mal habido y perversamente legalizadas mediante sociedades constituidas fuera del país.

A todo esto, mientras el país grita de la indignación, los únicos que parecen estar en una burbuja de incredulidad son una mayoría de diputados liberales quienes se han atrincherado junto a los delincuentes, desacatando la orden de desafuero del tribunal de justicia y se niegan, además, a aceptar las irrefutables pruebas que aparecen a diario, alegando que todo este escándalo se induce por razones políticas. Yo le pregunto a los señores diputados: ¿desde cuándo el robo, asociación ilícita para delinquir, apropiación indebida de los bienes del Estado, lavado de dinero, malversación de fondos, etc. son actos políticos? De lo que sí estamos seguros es que en este caso el atraco fue llevado a cabo por políticos, entonces no se trata de un “juicio político” —cuya figura legal ni siquiera existe— sino un juicio a políticos por comisión de delitos comunes y conexos.

Esta actitud de desacato y de atropello al mandato constitucional para el cual fueron electos estos “padres de la patria”, convertidos en “padres de la delincuencia”, constituye una flagrante obstrucción de la justicia. Es claro que quienes protegen y justifican a los blanqueadores e impiden que los acusados se enfrenten a los tribunales se vuelven cómplices del delito.

Pues bien, este grupo de “leales”, “agradecidos” o “sumisos” padres de los delincuentes deberían entender que esta complicidad, eventualmente, les podría acarrear consecuencias nefastas a ellos y sus familias porque, como nos consta en la actualidad, las cosas en Nicaragua están cambiando.

Por ejemplo, alguna organización de la sociedad civil podría abrirles una causa en un juzgado bajo la acusación de obstrucción de justicia —razones habría de sobra— y cuando la inmunidad ya no los proteja, ser llamados a enfrentar los cargos. Para mientras quedarían con una causa abierta en los tribunales.

Igualmente podría darse que en virtud del acuerdo de cooperación y de colaboración para perseguir el lavado de dinero, firmado entre Nicaragua y Estados Unidos a raíz del 11 de septiembre, esos individuos pudieran ser considerados “cómplices y encubridores de los blanqueadores” y ser privados de la visa de ingreso a Estados Unidos.

Estoy segura que el efecto no se haría esperar mucho. La muestra la tuvimos cuando al “desvisar” a uno de los entronizados jerarcas del sandinismo —aún afirmando éstos “que los gringos son enemigos de la humanidad”— se rasgaron las vestiduras y emprendieron rauda y velozmente la procesión a la embajada americana. Entonces, con igual o más razón, es sano pensar que la posibilidad de quitarles la visa de ingreso a los Estados Unidos a los diputados liberales que protegen a alguien investigado, en ese país, por un delito grave, haría que los malentendidos “agradecimientos”, “lealtades” y “sumisiones” liberales cambiaran radicalmente y se lograra, finalmente, destrabar las cosas en la Asamblea dándole un respiro al país.

Resumiendo: los nicaragüenses haríamos nuestra parte demandando ante los tribunales nacionales a los cómplices de los corruptos y, además, para ser consecuentes en la lucha contra la corrupción, Estados Unidos podría mandar una señal de posible “desvisado” para quienes protegen a convictos blanqueadores.

Sería hora de que con una sola voz solidaria y patriótica se hiciera saber que, a lo largo de todo nuestro continente americano, nunca más habrá lugar para quienes amparados en el poder estafan a los estados y tampoco para quienes los encubran convirtiéndose en cómplices del crimen. Ambos grupos, por igual, son los directamente responsables de la miseria, del hambre y del subdesarrollo de nuestras naciones y deben ser perseguidos y castigados sin piedad.

La autora es miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA.  
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