Se dice que a Arnoldo Alemán no se le puede echar de la Asamblea Nacional, ni quitarle la inmunidad para que responda en los tribunales por las abundantes denuncias y acusaciones de corrupción, porque sólo los diputados pueden adoptar cualquiera de esas dos decisiones y no lo harán mientras la mayoría de los parlamentarios liberales siga siendo arnoldista.

En LA PRENSA del domingo recién pasado, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez aseguró que la única salida para “cambiar el destino de la actual Asamblea Nacional” (es decir, para sacar a Alemán del Parlamento, o al menos para desaforarlo) es construir una nueva mayoría parlamentaria. “La llave institucional la tiene la Asamblea Nacional”, sentenció Gutiérrez.

Por su parte, el diputado disidente del arnoldismo, Jaime Morales Carazo, quien fuera el principal consejero de Arnoldo Alemán cuando éste fue alcalde de Managua y presidente de Nicaragua, explicó que el pacto libero-sandinista tuvo la habilidad de romper la institucionalidad sin romper con ella, y que, por lo tanto, “Un contragolpe debe tener la misma habilidad”.

En realidad, la consecuencia fundamental del golpe contra la institucionalidad que asestaron Arnoldo Alemán y Daniel Ortega con el pacto libero-sandinista, fue la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría General de la República; la subordinación de estas instituciones a los partidos PLC y FSLN; y la repartición entre éstos del botín del Estado. Pero la “llave institucional” en poder de la Asamblea Nacional, a la que se refirió el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, fue establecida por la reforma constitucional de 1995.

En efecto, uno de los propósitos fundamentales de la reforma constitucional de 1995, cuando en la Asamblea Nacional había más de 15 partidos, era reducir los excesivos poderes del Presidente de la República (ya que la Constitución fue redactada bajo el régimen sandinista y dictada para el uso de un presidente revolucionario y autoritario que debía dirigir la construcción del socialismo en Nicaragua). Y el otro era impedir que en lo sucesivo un presidente autoritario pudiera imponerse a la Asamblea Nacional y avasallar a los demás poderes del Estado.

Pero los reformadores constitucionales de 1995 no previeron que se podría crear en el país una situación al revés, es decir, que un personaje autoritario se apoderara de la presidencia de la Asamblea Nacional y estructurara una mayoría parlamentaria, para sabotear desde allí al Gobierno y atropellar a las otras instituciones gubernamentales, y a toda la sociedad, que es lo que está haciendo ahora el ex presidente Arnoldo Alemán como resultado del golpe institucional que significó el pacto libero-sandinista de 1999, y el cual fue impuesto a la Constitución mediante la reforma del año 2000.

Al parecer, los reformadores constitucionales de 1995 creían que el pluripartidismo que imperaba en la Asamblea Nacional en aquella época se había establecido para siempre, y no previeron la posibilidad de que se restableciera el bipartidismo (a través de la votación en cascada de los electores) ni la posibilidad de que se fraguara un nuevo pacto como los que hacía el somocismo para imponer el continuismo autoritario, repartirse “equitativamente” el botín del Estado con la minoría, y legalizar la corrupción.

Pero no puede ser cierto que no haya salida a la crisis institucional creada por la presencia y la política de Arnoldo Alemán en la Asamblea Nacional, en la que ejerce la presidencia de manera ilegítima porque no fue electo popularmente, sino que la diputación se la regaló abusivamente Daniel Ortega por medio del pacto. Ni puede ser cierto tampoco que Nicaragua esté condenada a soportar a Alemán hasta que él mismo quiera renunciar a seguirle haciendo daño a Nicaragua.

Como dice la sabiduría popular: “Cuando Dios cierra las puertas deja abierta alguna ventana”. Jurídicamente esto significa que en derecho no puede haber vacíos, pues, como muy bien lo define Guillermo Cabanellas, la finalidad del Derecho “es establecer o restablecer las relaciones justas, pacíficas y bienhechoras entre los hombres por la regulación normativa y la efectiva exigencia, cuando proceda y se actúe”. El mecanismo para una solución institucional y legal al problema de la Asamblea Nacional debe estar en la misma Constitución. Sólo hay que tener inteligencia para descubrirlo y valor cívico para aplicarlo.  

En el derecho no hay vacíos