Misión de la Procuraduría
Sergio Bofelli
El tema de la corrupción constituye una seria preocupación de los nicaragüenses. Encuestas de opinión y el sentir de la población lo demuestran, evidenciando que la ciudadanía no soporta más abusos y urge que las nuevas autoridades actúen con decisión y perseverancia, rescatando la honestidad y transparencia en nuestro país.
Estos legítimos deseos y expectativas de la población se justifican ante un nuevo gobierno que ofreció desde su campaña, como eje fundamental, batallar sin cuartel contra el vicio del Estado-botín. Fortalecen este clamor nacional las investigaciones y denuncias publicadas por los medios de comunicación independientes, el bochornoso contraste entre el cuestionado origen de la veloz opulencia de algunos y la abrumadora miseria general, así como el justo señalamiento de organismos internacionales y países donantes por una administración pública honrada y eficiente. En este contexto nace la Procuraduría General de la República, con la misión concreta de proteger los bienes del Estado y combatir la corrupción. Es así que se inició la investigación sobre el Canal 6 y la correspondiente acción legal promovida. Hoy un nuevo caso que involucra al señor Byron Jerez, ve la luz pública.
En relación al actuar de la PGR hemos visto dos reacciones completamente diferentes. Por un lado importantes sectores de la sociedad y la opinión pública mayoritaria respiran esperanza, demandan conocer la verdad y el castigo de los culpables. En contraste, pocos y sin constituir sorpresa alguna, están quienes apresurados han pretendido sembrar dudas sobre investigaciones y pruebas presentadas o por presentar por la PGR. Esta posición última ha provenido de grupos afines a los procesados y otros que, curiosamente, teniendo autoridad y deber de proceder como manda la ley, no parecen haberlo hecho apropiadamente y hoy enfrentan el público reclamo.
La PGR ha manifestado que estos casos no serán los únicos y que otras denuncias son minuciosamente investigadas para ser llevadas a la luz y ser resueltas por la justicia, lejos de montajes propagandísticos y debilidades “técnicas” que faciliten escapes a conveniencia, como tradicionalmente se nos ha acostumbrado. Es por eso que la población en general, y funcionarios y empleados públicos, deben esperar que la PGR continúe con independencia y firmeza lo que ha iniciado: proteger los bienes y recursos del Estado y perseguir a los corruptos, sean quienes sean y estén donde estén. Ahora el Estado tiene un abogado que lo representa y defiende, su presencia ya se hace sentir. Y aunque la PGR no contempla otra opción que no sea el cumplir de manera eficaz y sostenida lo que la ley ordena y Nicaragua exige con vigor, asumiendo su responsabilidad y enfrentando los riesgos que conlleva, surgen comentarios e iniciativas que intentan entorpecer su labor.
La corrupción es vergonzosa afrenta nacional y obstáculo para el desarrollo, pero recuperar nuestra dignidad como nación es posible. Así lo indica el respaldo de la ciudadanía, la solidaridad de la sociedad civil, organismos y países cooperantes, y porque la justicia parece iniciar el reencuentro con su propia identidad. Y aunque la PGR pareciera estar bajo amenaza, en realidad su futuro descansa en manos de la población. En ella confiamos.
El autor es Director de Relaciones Públicas e Internacionales de la Procuraduría General de la República. 
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