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JUEVES 25 DE ABRIL DEL 2002 / EDICION No. 22709 / ACTUALIZADA 02:00 am
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BID pendiente de sustitución de Aguado

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El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Eduardo Balcárcel, despide al diputado sandinista Roberto González, tras reunirse con él para abordar el tema de la sustitución del Superintendente de Pensiones.

 

Benjamín Blanco
benjamin.blanco@laprensa.com.ni

El diputado sandinista Roberto González se reunió en privado con el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Eduardo Balcárcel, con quien abordó el tema del condicionamiento que ha puesto ese organismo al desembolso de más recursos para Nicaragua.

Este organismo financiero no está dispuesto a soltar ni un dólar más para el gobierno del presidente Enrique Bolaños, mientras no sea sustituido en su cargo el actual presidente de la Superintendencia de Pensiones, Martín Aguado, cuyo nombramiento fue “arreglado” por el ex presidente de la República, Arnoldo Alemán, en la legislatura pasada de la Asamblea Nacional.

“El BID insiste en este planteamiento de que hubo irregularidades en el proceso de elección del superintendente y que por tanto el gobierno tiene que responder ante este planteamiento, de tal manera que éste es un tema que se va a ventilar en la Asamblea Nacional”, aseguró el diputado sandinista.

González dijo que la bancada de su partido mantendrá la posición de destituir a Aguado “porque ha sido juez y parte, y, además, sobre todo porque sentimos que es un abuso que después de estar aduciendo que el Seguro Social se tenía que privatizar porque estaba quebrado, para nosotros es totalmente inmoral que se estén usando fondos del Seguro Social para irse a sentar en la silla de la presidencia de la Superintendencia de Pensiones”, comentó González.

BID GUARDA SILENCIO

Por su parte, Balcárcel se abstuvo de brindar su opinión ante los medios de prensa que esperaban en las afueras de las oficinas del BID, y se limitó a decir que “por esta vez no daría ningún tipo de declaraciones”.

Según el parlamentario, entre las irregularidades está la transferencia de manera ilegal de alrededor de 36 millones de córdobas para la creación de la Superintendencia de Pensiones de los fondos del Seguro Social.  
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