Hito histórico en combate a la corrupción
El encarcelamiento de Byron Jerez es el hecho más relevante en la lucha contra la corrupción que libra actualmente el Gobierno de Enrique Bolaños. Pero, además, es un acontecimiento histórico, independientemente de cómo termine finalmente este proceso.
La significación histórica del encarcelamiento de Jerez se deriva, lógicamente, de que él es uno de los políticos más poderosos de Nicaragua y el más allegado al ex presidente Arnoldo Alemán, tanto, que su arresto tiene el mismo valor político como si el detenido fuese el propio Alemán. Además, la caída de Byron Jerez confirma lo que hemos dicho anteriormente, que si las autoridades lo quieren y la opinión pública presiona, también los grandotes pueden caer.
En este sentido, el caso más relevante hasta ahora era el de Antonio Ibarra, ex viceministro de la Presidencia durante el gobierno de la señora Violeta Barrios de Chamorro, quien fue condenado judicialmente en 1993 por delitos de corrupción. Pero Ibarra se fugó de Nicaragua con el dinero que se robó, y la justicia nunca pudo atraparlo —ni hizo mayores esfuerzos en perseguirlo— para que pagara por los delitos que cometió contra el Estado y el pueblo.
Además, lo de Ibarra fue circunstancial. Sólo ahora es que las autoridades hacen verdaderos esfuerzos por erradicar la corrupción, o al menos por disuadirla mediante el castigo a funcionarios y ex funcionarios corruptos. Y hasta el lunes de esta semana, los pájaros de más alto vuelo que habían caído a la cárcel y están pendientes de lo que decidan los tribunales de apelaciones —y podrían ser sometidos a juicio por jurado en caso de que les confirmen los autos de prisión—, son un ex secretario de comunicación presidencial en el gobierno del ex presidente Alemán y el ex director del saqueado y desaparecido Canal 6 de Televisión. Otros acusados más importantes, incluyendo al mismo Arnoldo Alemán, se han amparado en la inmunidad para evadir la acción de la justicia.
Por otro lado, el encarcelamiento de Byron Jerez, aunque sólo sea temporal, tiene también una gran significación política y moral en la lucha contra la corrupción, la cual, como ha dicho el renombrado escritor Mario Vargas Llosa, “representa el mayor peligro para las democracias latinoamericanas”, y por consiguiente para la muy frágil democracia nicaragüense. Eso mismo es lo que ha advertido el presidente para América Latina del organismo mundial de lucha contra la corrupción, Transparencia Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien dice que prácticamente en todos los países en desarrollo “los Estados están capturados por élites políticas y empresarias, que los ponen a su servicio para ganar dinero”. Mientras que Frank Vogl, vicedirector de ese mismo organismo internacional, señaló que “no hay soluciones rápidas en la lucha contra la corrupción, para acabar con ésta se necesita un esfuerzo sostenido en el tiempo y al menos tres cosas fundamentales: un gobierno con determinación, justicia independiente del poder político y una prensa libre y fuerte”.
Por cierto que en Nicaragua existen ahora dos de esas tres condiciones que señala Vogl como indispensables para luchar contra la corrupción: el Gobierno de Enrique Bolaños, que al parecer tiene la determinación de librar esa lucha sin treguas ni condiciones, y una prensa libre, fuerte e insobornable, que ha cargado sobre sus hombros el peso fundamental del combate contra la corrupción y del desenmascaramiento de los corruptos.
Pero la tercera condición, es decir, una justicia independiente del poder político —que es tan importante y necesaria como las otras dos— no existe en Nicaragua, porque los corruptos la tienen subordinada a sus intereses por medio de pactos, sobornos y presiones prebendarias. De manera que la Contraloría, la Fiscalía, los tribunales en términos generales y la mayoría de la Asamblea Nacional, son más bien un obstáculo a la lucha por el saneamiento moral de las instituciones y contra la corrupción, como se está viendo en el caso de Jerez, que aparecen como sus defensores institucionales.
No es de otra manera que se pueden interpretar las maniobras del diputado Pedro Ríos, del contralor Guillermo Argüello y del Fiscal Julio Centeno, para quitarle facultades a la Procuraduría y revertir el proceso contra Jerez. Maniobras que la ciudadanía espera que fracasen, por el bien y la dignidad de la nación. 
|
