Capacitan a reos menores y a funcionarios del penal
 | Para que conozcan sus deberes y derechos |
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Mercedes Sequeira/Corresponsal
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JUIGALPA.- Presidiarios menores de edad y funcionarios del Sistema Penitenciario de Cuisalá, que suman unas 36 personas, iniciaron un proceso de capacitación impartido por la Procuraduría para la Defensa de lo Derechos Humanos (PDDH), para que conozcan sus deberes y derechos.
María Auxiliadora Blanco, jefa del departamento de educación y capacitación de la PDDH, dijo que la capacitación durará un mes y busca que los funcionarios del penal conozcan el trabajo que realiza esta institución en pro y defensa de los derechos humanos.
Entre los temas que serán impartidos en la capacitación figuran derechos humanos, el derecho de la niñez y la adolescencia, derecho de la mujer y el pueblo indígena. “Se les da capacitación sobre esos temas para que los funcionarios públicos respeten los Derechos Humanos de las personas”, explicó Blanco.
Los reos menores tendrán la misma capacitación que los funcionarios públicos, pero a su rango. A los funcionarios se les enfatiza en el tratamiento que deben de guardar hacia el privado de libertad. “Hablamos del respeto a la integridad psíquica, física y moral que debe de guardar el funcionario entre el privado de libertad”, indicó.
BUEN TRATO A LOS MENORES
Juan Pablo Sánchez, encargado de las oficinas de seguimiento a adolescentes privados de libertad, afirmó: “Solicitamos que las autoridades provean de la alimentación básica que establecen las Naciones Unidas y la legislación nacional para el privado de libertad; que le provean de las calorías básicas para sobrevivir y para que eviten la desnutrición. Velamos para que haya una alimentación básica y que sea acorde con el presupuesto”, agregó.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también vigila que los reos menores tomen sol y sean visitados por sus familiares, ya que hay algunos que son mantenidos exclusivamente por el sistema penitenciario.
También supervisan que el adolescente se integre a las labores agrícolas u otras labores para que se les vaya reduciendo la pena. Así mismo, los incentivan para que se integren en actividades artísticas y grupos de estudio.
Sánchez recomendó que el interno que se acerque al cumplimiento de su sanción sea preparado para su reinserción a la sociedad, porque de “nada sirve que aquí pasen cuatro años, hasta seis años, y que vuelvan a delinquir”, razonó.
POCO PRESUPUESTO
María Auxiliadora Blanco, trabajadora de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dijo que esta institución pretende coordinar sesiones de trabajo con diferentes instituciones del Estado para capacitarlos sobre temas de la Procuraduría.
Sin embargo, se quejó por el poco presupuesto con el que cuentan para realizar el trabajo. Según ella, el Estado aprobó para este año una suma que asciende a 16 millones de córdobas para aproximadamente cinco millones de habitantes que hay en Nicaragua.
“Este año solicitamos 23.5 millones de córdobas, pero nos aprobaron solamente 16 millones de córdobas, y eso es una miseria porque tenemos que pagar salarios y gastos administrativos”, sostuvo.
Aseguró que por falta de dinero no tienen un delegado de la PDDHH en los distintos departamentos del país, excluyendo el Triángulo Minero, Puerto Cabezas y Bluefields. 
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