Indígenas sutiabas defenderán tierras
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 | Representantes y miembros de 20 cooperativas de
Sutiaba en conflictos de propiedad, defenderán 25,000 manzanas con las leyes de las comunidades indígenas
y el derecho civil, para lo cual elaboran su plan de
acciones y algunas medida |
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Un instituto indigenista que atienda la problemática de las tierras de los pueblos indígenas, recomiendan los sutiabeños, para resolver los conflictos existentes. |
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Mercedes Peralta
CORRESPONSAL/LEON
departamentos@laprensa.com.ni
Decretos ejecutivos emitidos en diferentes años han permitido a terceros, ocupar parcelas en la comunidad de Sutiaba, lo que según los indígenas que las habitan, los obliga a defender su patrimonio.
De acuerdo a los Títulos Reales inscritos bajo el número 18,930, Asiento 1, Folio 300, Tomo 248; Folios 1-34, del Tomo 249 y Folio 91 del Tomo 250, el territorio de la comunidad indígena de Sutiaba abarca 63 caballerías, correspondientes a la medida antigua.
Los líderes expusieron su situación ante los directivos de la Comunidad Indígena de Sutiaba (CIS), líderes históricos, el asesor jurídico de los Pueblos Indígenas, representantes del Instituto Jurídico Social (IUS) que los capacita y los Representantes en Centroamérica y Nicaragua de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.
OBSTÁCULOS PARA EJERCER DERECHOS
El asesor jurídico de los pueblos indígenas, Rigoberto Mairena Ruiz, señala entre las limitantes que impiden la violación de sus derechos, el desconocimiento de los problemas por parte de las instituciones del Estado, y ausencia de políticas y programas para esos pueblos.
“La carencia de un funcionario del Estado o institución como un instituto indigenista que atienda la problemática de las tierras de los pueblos indígenas, da lugar a las arbitrariedades en contra de ellos”, reitera.
ALGUNOS CONFLICTOS
Los conflictos de tierra se localizan en Troílos, Nahualapa, Los Aposentos, Abangasca, Corcuera y otras comarcas. Entre las cooperativas que los enfrentan están: la Cacique Adiact, Xóchitl Acatl, Arístides Sánchez y Colectivo Agrícola San Silvestre.
Los indígenas que integran la Cooperativa Cacique Adiact defienden su derecho de propiedad sobre la finca La Gallina, ubicada en el sitio San Benito.
Ésta fue inscrita mediante un finiquito estatal en el Registro de La Propiedad en León bajo los números 2,906, Asiento 6, folios 24, 57 Tomo 892; # 2.936, Asiento 4, Folios 224, 227 del tomo 892; #2.385 Asiento 6, Folios 228-229 Tomo 892; #79 Asiento 5, Folios 230 232, Tomo 892 a nombre del Estado de Nicaragua.
Posteriormente, fue elaborada una escritura de fusión de cuentas registrales bajo el #50.705, Asiento 1, Folios 285-295, Tomo 910, Sección de Derechos Reales, del Registro en León.
MÁS PERJUICIOS A LA COMUNIDAD
Actualmente se encuentra reinscrita a nombre de la Cooperativa “Che Guevara” bajo el número 52,401, Asiento 1, Folios 191-192 del Tomo 936 y del Colectivo Comando Frente Norte (desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense), con cuenta registral 52,402, Asiento 1, Folios 196 y 197, Tomo 936 del RPP de León.
Los afectados denunciaron que los desmovilizados de la Resistencia, que desde 1999 ocupan casi 500 manzanas, afectan otros derechos como la servidumbre de paso hacia otras propiedades indígenas, depredan los bosques forestales y provocan daños al medio ambiente.
Mientras, en la comarca Corcuera, los miembros de la Cooperativa Xóchitl Acatl reclaman se les devuelva la propiedad que a través de un juicio le fue dada en dominio a Leyla Sánchez de Cerda a la Sociedad Agropecuaria Santa Ernestina, S.A., gravada con varias hipotecas millonarias en dólares.
AMPARO POR LAS VÍAS DE HECHO
Desde el punto de vista de los indígenas, sus leyes están vigentes pero son desconocidas por los judiciales y el registrador de la propiedad “que han dictado sentencias que son nulas”.
El presidente de la Comunidad Indígena (CIS) René Pérez Flores, invocando la Ley Especial de la Policía, del 8 de marzo de 1895, reglamentada por Decreto Ejecutivo del 17 de mayo de 1902, solicitó a las autoridades policiales su aplicación, que crea el amparo en las vías de hecho para evitar daños a los bienes comunales.
ESTADO VIOLA DERECHOS INDIGENAS
El Dr. Rigoberto Mairena Ruiz, asesor jurídico de los Pueblos Indígenas asegura que el Estado ejerce acciones que desconocen los derechos de esas comunidades, creando inestabilidad en éstas.
“El Estado desconoce los Títulos Reales de la Comunidad Indígena de Sutiaba, el uso de sus propiedades, los mecanismos de uso que tradicionalmente maneja. Eso crea conflictos e inestabilidad social, inseguridad y pobreza. La situación social de estos pueblos el Estado los resolvería atendiendo los recursos de los indígenas”, asegura el jurista. 
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