Comencemos por casa
Josefina Vannini
jvannini@netport.com.ni
El atentado perpetrado por un grupo de terroristas el pasado martes 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono, produjo indignación en todas partes del mundo, no sólo por la pérdida de vidas inocentes sino por constituir un ataque en contra de la libertad, del libre mercado, de la propiedad privada y de la seguridad de una nación que no le había declarado la guerra a nadie.
Ante este deplorable hecho, hemos presenciado en la pantalla de nuestros televisores a presidentes, jefes de estado, príncipes y reyes ofreciendo a los Estados Unidos las condolencias usuales en tragedias como ésta. No pongo en duda que la mayor parte de los mandatarios —especialmente aquéllos que pertenecen a sociedades libres—, además de dar el pésame diplomático en su fuero interno estaban indignados ante semejante barbarie; sin embargo de otros me cuesta creer que hayan realmente sentido lo que sucedió.
Lo que gradualmente va quedando claro es que a partir del 11 de septiembre del 2001 las palabras condenando el terrorismo sobran. Los Estados que verdaderamente se encuentren comprometidos en la lucha contra este flagelo deberán demostrarlo con hechos. La comunidad internacional deberá tomar acciones conjuntas entre las cuales no puede faltar la obligación de no cobijar a personas condenadas por sus actos terroristas y con historial de crímenes, atentados, bombazos, secuestros, etc.
Nicaragua es uno de los países que demostró indignación por lo ocurrido el pasado martes, sin embargo, es un país que le ha dado y sigue dando albergue a terroristas. En nuestro país vive un miembro de las Brigadas Rojas que tiene, según la justicia italiana, doce condenas a cadena perpetua, entre otros, por su participación en el asesinato del Primer Ministro italiano Aldo Moro, en 1978. Cabe señalar que este individuo —dueño de un restaurante— es el único miembro de ese grupo que se ha salvado de la cárcel gracias a nuestros tres últimos gobiernos: el sandinista que le otorgó la nacionalidad nicaragüense; el gobierno de la señora Chamorro por su política de reconciliación y el gobierno del Dr. Alemán por el pacto firmado con Daniel Ortega mediante el cual las delincuencias mutuas y de sus allegados no son negociables.
El gobierno sandinista, conocedor de los crímenes cometidos por este señor y a raíz de la persecución internacional desplegada por el gobierno italiano, lo amparó con la nacionalidad nicaragüense con un nombre falso y, tiempo después, se la regularizó con el verdadero.
De ellos no se podía esperar menos; recordemos que cuando gobernaron, nuestro país fue convertido en el santuario del terrorismo internacional y, sin duda alguna, lo volvería a ser si regresaran al poder. Por lo tanto, no me extraña que ahora, dada la cercanía de las elecciones, se rasguen las vestiduras expresando sus condolencias al “pueblo estadounidense” por actos que, durante los ochenta, permitieron y festejaron.
Además, por la facilidad con la cual han pedido perdón y el arrepentimiento demostrado por todo el mal que hicieron —también sólo en víspera de elecciones— se deduce que con toda y la actual piel de oveja, si llegaran al poder serían solidarios nuevamente con quienes han sido sus aliados naturales de siempre independientemente que éstos sean terroristas o no. De no ser así, ellos deberían ser los primeros en pedirle al Gobierno que entregue al individuo en cuestión al Estado italiano.
Es inaceptable que este señor siga amparado en Nicaragua so pretexto de que es nacionalizado nicaragüense y porque no existe un tratado de extradición entre ambos países. Esto equivaldría a justificar el no entregar a quienes estando detrás de los asesinatos cometidos contra el pueblo norteamericano el pasado martes, se escondieran en otros estados sin Tratado de extradición con Estados Unidos y adquirieran la nacionalidad de esos países para protegerse.
A estas alturas, los asesinatos perpetrados por la mafia internacional, los secuestros de aviones o de personas, los bombazos en los que mueren miles de inocentes, vengan de donde vengan, deberían ser tratados como crímenes contra la humanidad y, los terroristas —tanto ejecutores como asesores— juzgados por tribunales de justicia internacionales sin consideraciones jurisdiccionales de ninguna índole.
El Gobierno de Nicaragua para demostrar su verdadera voluntad de lucha contra el crimen organizado debe responder a la solicitud del Gobierno de Italia y entregar al miembro de las Brigadas Rojas, quien además de haber asesinado al Primer Ministro de su país, sitúa a Nicaragua en la lista de estados que albergan y protegen a connotados terroristas internacionales.
De no ser así, que nuestras autoridades digan que “romperán relaciones diplomáticas con las naciones que den asilo a los terroristas” mientras ellos mismos les dan protección en el propio suelo, constituye un acto de gran hipocresía e inmoralidad.
La autora es dirigente del PLD 
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