Opinión económica
La necesidad de una política económica del Estado
Franklin Pérez C.*
El estado y la sociedad en general enfrentan enormes desafíos, probablemente los más difíciles tengan que ver con la promoción del desarrollo social, con el combate contra la desigualdad y la pobreza que lacera a la gran mayoría de nuestra empobrecida población. En estas circunstancias, tenemos en mente un Estado que deberá de orientar sus fortalezas y sus limitados recursos a favor de los que menos tienen y dar, ahora y aquí, en este mundo, lo que nuestros conciudadanos demandan; aquí, en esta esencia, radica su responsabilidad, no queremos que suceda lo que sí sucedía, en la Edad Media: que el disfrute de los pueblos se transfiera al futuro, a la otra vida; la legitimidad de los gobiernos se adquiere y consolida, en lo que se haga... aquí y ahora.
El debate contemporáneo y las nuevas ideas respecto del curso que deberán de tomar las acciones de los diferentes actores de la sociedad han proporcionado nuevas fortalezas a la reflexión sobre la magnitud y características de la intervención pública, en el proceso de desarrollo, en el cual se reconoce que la gestión estatal juega un papel fundamental, lo mismo que la del mercado, ambos parte de un mismo entorno. Como señala don Horacio Flores de la Peña (el desarrollo económico en los próximos años: 1980): “El dilema no es entre un Estado fuerte o débil, sino respecto al tipo de [su] intervención, ya que el Estado, como tal, es esencialmente fuerte”. Es decir, se trata que emerja un “Estado más eficiente, comprometido con el ciudadano, que funcione en paralelo con la sociedad y de acuerdo con sus anhelos, menos orientado a la protección y más a la promoción para competir”.
Se puede concebir una política del Estado como un conjunto de mecanismos institucionales con los que el Estado pueda restringir la conducta oportunista de los agentes económicos que, por supuesto, incluye al gobierno. La posibilidad que los ciudadanos, como votantes, puedan llegar a controlar a los gobiernos depende de instituciones eficientes y bien definidas. Si admitimos que el mercado y el Estado son, per se, mecanismos imperfectos de asignación y distribución de recursos, entonces, tendríamos que reconocer que se requiere de un sistema institucional aceptado por todos, que fije, administre y mantenga los procedimientos y rutinas que han favorecido, o potencialmente pueden favorecer, un ambiente más adecuado para la coordinación económica entre los agentes con diferentes intereses.
La política de Estado debe reflejar el mandato de los ciudadanos expresado en el proceso electoral; las metas nacionales de largo plazo pueden irse integrando en el cuerpo del sistema legal e, incluso, pueden quedar consagradas en la Constitución. Una política de Estado debe preocuparse por la calidad de la intervención del gobierno. La calidad, a su vez, depende, esencialmente, de su formulación institucional específica. Debemos admitir que no existe una formulación única. En realidad, la concepción, selección y aplicación de instituciones es un proceso de ensayo y error, de tanteos y búsqueda enmarcado en los procesos electorales y decisorios institucionales establecidos.
La posibilidad de fortalecer las políticas públicas mediante una discusión amplia entre todos los sectores de la sociedad, se erige como la base de la formulación de una política económica del Estado, pues permite alcanzar consensos básicos que garantizan un sano desarrollo económico del país; es decir, un desarrollo equilibrado y equitativo. Los objetivos cardinales de una política económica del Estado deberían de ser, fundamentalmente: 1) creación de empleo digno y bien remunerado, y 2) superación de la extrema pobreza.
Es absolutamente necesario proveer a la nación de un sentido de futuro, en su economía, de una política económica de conciliación y promoción de los grandes intereses nacionales.
Es indudable que el proceso de definición de la política económica del Estado no arranca de la nada. Destacan, en primera instancia, los avances en materia de estabilidad macroeconómica. También, se ha llevado a cabo un conjunto de reformas con una visión integral que pretende proporcionar viabilidad a la economía, frente a las nuevas circunstancias, al igual que, de alguna manera, se ha realizado una adecuación de las bases institucionales sobre las que descansa el sano funcionamiento de las transacciones económicas.
Es imperativo trabajar intensamente en un ejercicio democrático de diálogo para discutir, sin prejuicios, sin dogmas ni rigideces intelectuales, los lineamientos de una política económica de esta naturaleza. No obstante los retos que esta tarea encierra deben persistir pues ésta será la vía para consolidar el progreso con justicia social que reclama el país.
En síntesis, la construcción de una política del Estado es imprescindible para desterrar los vicios que perpetúan la situación de subdesarrollo en que se encuentra nuestro país. Así que en la medida en que se dote a la nación con lineamientos de política económica que perduren más allá de los ciclos políticos, se estará creando una sociedad donde imperen las reglas y la certidumbre.
* Economista, candidato Ph.D. 
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