El Superintendente de Pensiones
La Asamblea Nacional designará hoy al Superintendente de Pensiones, de acuerdo con la reforma a la Ley 388 (Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones) que fue aprobada la semana pasada sólo por diputados del PLC y sus aliados exclusivamente para suprimir el impedimento a los funcionarios actuales del Poder Ejecutivo para ejercer ese cargo. De manera que ahora la Asamblea Nacional podrá nombrar como Superintendente de Pensiones al actual presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), señor Martín Aguado, quien es una persona que goza de la absoluta confianza política y personal del presidente Arnoldo Alemán.
Pero precisamente en estos últimos días LA PRENSA ha publicado un amplio y documentado reportaje sobre graves problemas administrativos que tuvo el señor Martín Aguado con el desaparecido Banco Mercantil (Bamer), del que fue su gerente general, problemas que supuestamente resolvió mediante un acuerdo secreto con el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser) que fue protegido con la regla del “sigilo bancario”. Y si bien es cierto que el señor Aguado no ha sido declarado culpable de malos manejos bancarios por ningún tribunal, el caso del Bamer en el que se vio involucrado lo debería inhabilitar al menos éticamente para el cargo de Superintendente de Pensiones
En realidad, se supone que el nuevo sistema de administración de los fondos de pensiones fue creado para garantizar que dichos recursos serán manejados en forma segura, honesta y transparente, o sea, todo lo contrario a lo que ocurrió con el antiguo sistema de pensiones administrado por el INSS, que resultó insatisfactorio y frustrante para los pensionados y fue llevado a la quiebra por la mala administración, la politización y la corrupción. Por eso el nuevo sistema de administración de los fondos de pensiones sólo podría ser bueno si garantizara una oportuna y eficiente fiscalización de la administración de dichos fondos, para lo cual lo primero que hay que hacer es nombrar como Superintendente a una persona que no tenga ningún antecedente controversial y sobre quien no recaiga ni una sola sospecha de nada.
En efecto, si la función fundamental de la Superintendencia de Pensiones será escudriñar el historial y la idoneidad de quienes administren los fondos de los usuarios, entonces ante todo el mismo Superintendente tiene que ser alguien que no provoque ninguna desconfianza; una persona que no sólo reúna los requisitos formales de “ser mayor de edad, tener experiencia en el ámbito financiero, presentar solicitud, ser recomendado políticamente”, etcétera, sino que también y sobre todo tenga una irreprochable reputación y una reconocida e incuestionable idoneidad moral. Hay que estar bien claros de que si manejar bancos requiere de conocimientos muy especializados que no están al alcance de cualquier persona, con mucha mayor razón la administración honesta de los fondos de pensiones es una tarea muy complicada que no se puede confiar a alguien sólo porque ostenta “buenas” recomendaciones políticas.
De manera que en mucho dependerá que haya una Superintendencia de Pensiones eficiente, honesta y transparente para que no ocurran estafas millonarias en perjuicio de los usuarios, que las autoridades judiciales no castigarían en forma ejemplar, así como no lo han hecho con los muchos casos de corrupción ocurridos bajo el gobierno actual y los anteriores.
Los candidatos presidenciales deberían demandar públicamente a los diputados para que se abstengan de nombrar al señor Martín Aguado como Superintendente de Pensiones. Y sobre todo el candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), don Enrique Bolaños Geyer, debería exigir a los diputados de su partido que no cometan ese grave error, y si es necesario hacer ya la escogencia del Superintendente de Pensiones, pedirles que lo escojan entre los propuestos por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que son personas verdaderamente idóneas.
Pero si de todas maneras los diputados liberales nombran al señor Martín Aguado como Superintendente de Pensiones, los candidatos presidenciales deberían comprometerse a que cualquiera de ellos que resulte electo como próximo presidente de Nicaragua, promovería de inmediato la revocatoria de tan inapropiado nombramiento. 
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