Cuando un nicaragüense siente que sus derechos humanos han sido violados, puede, si así lo desea, recurrir al sistema judicial de Nicaragua en búsqueda de justicia. Y para quienes así lo hacen pero sienten que ahí no la han podido encontrar, no todo está perdido. Les queda todavía la posibilidad de buscar justicia recurriendo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), que está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que en el pasado reciente hicieron, entre otros, los padres del joven Jean Paul Genie, y los representantes de la comunidad indígena de Awas Tingni, que hace algunos años presentó un reclamo por una violación de sus derechos sobre los bosques de su comunidad. Y eso mismo es lo que, más recientemente, ha hecho la señora Zoilamérica Narváez.

En esos casos, los ofendidos acuden ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, a presentar sus denuncias, alegando que en Nicaragua se les ha negado el debido proceso y que no se les ha hecho justicia. Es sumamente importante notar aquí que, en esos casos, el demandado ante el sistema de justicia interamericano es el Estado de Nicaragua, porque es éste el que, teniendo la obligación de impartir justicia, se supone que no la ha impartido.

La Comisión recibe las denuncias, las procesa, y cuando determina que una denuncia tiene base y méritos suficientes para ser investigada a fondo, la remite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ésta abre un juicio, falla, y dicta sentencias que son de ineludible cumplimiento. En los casos de Jean Paul Genie y de Awas Tingni, el Estado de Nicaragua fue encontrado culpable y obligado a cumplir las sentencias dictadas en su contra. Y cada vez que eso sucede, Nicaragua sufre una vergüenza, pues se presenta ante el mundo como un país en el que la justicia deja mucho que desear.

La señora Zoilamérica Narváez buscó justicia en su país y no la encontró, ya que la persona a quien ella acusa —el señor Daniel Ortega— se escudó en la inmunidad que le otorga su cargo de diputado ante la Asamblea Nacional. Zoilamérica pidió el desafuero del diputado Ortega para que éste hiciera frente a la demanda interpuesta por ella ante los tribunales de justicia nicaragüenses, pero la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, con el apoyo de la bancada liberal —que bien pudo al menos intentar reunir los votos necesarios para desaforarlo—, ni siquiera procesó la solicitud de desafuero. Es obvio que el pacto entre el presidente Alemán y el líder del FSLN, Daniel Ortega, abortó ese proceso.

Ahora, después de que el jueves de la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptara el caso de Zoilamérica Narváez, Nicaragua está sentada una vez más en el banquillo de los acusados, y expuesta a sufrir, si el caso llegara hasta la Corte y ésta fallara a favor de la demandante, una ignominia inaudita.

Como era de esperarse, el FSLN reaccionó airadamente a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, acusándola de intentar perjudicar la candidatura presidencial del señor Daniel Ortega. “La resolución de la CIDH, en este preciso momento y contexto —aseguró el Frente Sandinista en un comunicado— sólo confirma su intencionalidad política, con pretensiones destructivas en el plano humano, familiar y público.” Y agregó que “La actualización del tema, en estos momentos, a través de la decisión señalada, demuestra que se continúa haciendo un uso político destructivo, intentando ahora perjudicar un proceso nacional”.

Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una institución seria, ajena a los asuntos políticos internos de los nicaragüenses. Y al contrario de lo que dice el FSLN, si la CIDH hubiera retardado su aceptación del caso de la señora Zoilamérica Narváez hasta después de las elecciones de Nicaragua, a pesar de que la denuncia reunía todos los requisitos necesarios, entonces sí que habría cometido un acto indebido de retardación de justicia. Y justicia es ni más ni menos lo que Zoilamérica está buscando.  

Nicaragua en el banquillo