La lucha por la democracia y la legislación procesal penal
Blanca F. Galo*
En Nicaragua se realizan grandes esfuerzos para hacer realidad la democracia como forma de vida y gobierno. Como toda obra humana sólo puede alcanzarse a través de un proceso, de un camino, cuyo tránsito no es fácil; pero es necesario reconocer que hemos avanzado, hubo un tiempo en que pensar y expresar ideas era prohibido, ahora tenemos libertad, y en ejercicio de esa libertad los nicaragüenses ejerceremos el voto para decidir el cuatro de noviembre un nuevo gobierno.
El sufragio libre es un aspecto fundamental para lograr el país que queremos, pero no es suficiente. Es indispensable e inmediata la necesidad de establecer un verdadero Poder Judicial a cargo de jueces imparciales e independientes que ajusten su actuación al ordenamiento jurídico y garanticen a las personas los derechos fundamentales y la tutela de los bienes jurídicos. Necesitamos jueces que se caractericen por su honorabilidad, por su compromiso con una justicia pronta y eficiente, con capacidad académica para que en las resoluciones judiciales prevalezca la voluntad de la ley y no la voluntad de los hombres ni los intereses políticos o la visión ideológica de algún partido.
Para que exista un verdadero Estado de Derecho los ciudadanos deben sentir seguridad jurídica, confianza en los jueces y oportuna protección de sus derechos, cosa que no sucede en nuestro país por el deterioro y desgaste funcional que produce el Código de Instrucción Criminal, cuyos principios inquisitivos (escritura, semisecreto, indefensión, basado en el principio de culpabilidad, etc.) son generadores de injusticias, de desigualdad ante la ley, de retardación de justicia por el ritualismo y formalismo que lo caracterizan.
El proyecto de Código Procesal Penal que está en fase de aprobación en la Asamblea Nacional, propone cambios radicales en la forma de administrar justicia (oralidad, publicidad, principio de inocencia, defensa oportuna, la prisión provisional como medida cautelar, etc.), ya que introduce el sistema acusatorio, en el cual las garantías de los ciudadanos prevalecen ante todo y en el que los jueces tienen que cambiar su actitud autoritaria por una conducta humanista comprometida con la justicia y en donde se persiga por igualdad los delitos que se cometan, independientemente si se trata de un funcionario público, de un rico, de un pobre, de un político para hacer posible el bien común.
Es necesario señalar que el cambio legislativo no sólo se refiere al Código, sino también a las actitudes de los jueces y a las posibilidades de la sociedad nicaragüense de enfrentar la impunidad y las debilidades del Poder Judicial. Habrá que aprobar un Código Procesal Penal moderno y una Ley de Carrera Judicial que asegure el ingreso a la judicatura por la capacidad y méritos.
Los nicaragüenses debemos decir sí a la reforma del Código Procesal Penal.
Los nicaragüenses debemos decir sí a la lucha por la democracia.
* Estudiante de Derecho de la Universidad Centroamericana. 
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