En los últimos días han arreciado las denuncias de que se está preparando un fraude de carácter electrónico para las elecciones del 4 de noviembre. Estas denuncias provienen del sector sandinista, en contra de los liberales, pero estos últimos también han denunciado que el FSLN pretende recurrir a maniobras fraudulentas para ganar las elecciones a toda costa. Inclusive, los liberales —igual que los conservadores— han denunciado supuestas infiltraciones entre sus fiscales también con propósitos fraudulentos.

En todos los casos las denuncias de supuestos preparativos de fraude carecen de pruebas, pero de todas maneras son preocupantes por la larga historia de elecciones fraudulentas que hubo en Nicaragua hasta las elecciones de 1990, que da pie a que la ciudadanía dé crédito a los rumores y que crezcan las desconfianzas y las tensiones, particularmente entre los seguidores de los partidos políticos.

En estas circunstancias es muy importante tener en cuenta las opiniones de los representantes de los organismos independientes de observación electoral, así como de los diplomáticos extranjeros acreditados en Managua, quienes hasta ahora han descartado la posibilidad de que haya algún fraude, ni electrónico ni en ninguna otra forma, aparte de las irregularidades y pillerías de segundo orden que durante las elecciones se suelen cometer en países de cultura e instituciones democráticas incipientes, como Nicaragua.

“Tengo confianza en que el proceso (electoral) se va a llevar bien, tenemos organizaciones internacionales que están observando, como la OEA y la Comunidad Europea. Tengo calma. Por eso es que creo que hay pocas posibilidades de que se dé un fraude electrónico, ya que hay muchas personas observando las elecciones”, aseguró a LA PRENSA, el miércoles 17 de octubre, el embajador de Suecia en Nicaragua, señor Klas Markesten. Por su parte, el jefe de la observación electoral de la OEA, Santiago Murray, declaró la semana pasada a corresponsales extranjeros que “las posibilidades de un fraude son remotas”. Murray recordó que “ninguna elección es perfecta”, y advirtió que “de todos modos, cualquier señal de fraude lo denunciaríamos inmediatamente”.

La verdad es que resulta muy difícil creer en que se podría hacer un fraude electoral de cualquier forma, puesto que el pacto entre el PLC y el FSLN se hizo precisamente para que ambos partidos se repartieran de manera equitativa los cargos y los mecanismos de control del Poder Electoral, y en consecuencia para que el uno no pudiera hacer fraude en contra del otro. Así lo reconoció para LA PRENSA el magistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Rafael Solís Cerda, en una entrevista que publicamos el domingo 14 de octubre: “El interés del Frente Sandinista en esas negociaciones —dijo Solís— era reformar el aparato electoral y buscar cómo tener una presencia ahí para garantizar que no le hicieran fraude a la hora de las elecciones. Lo que hubo fue una reforma a la Ley Electoral, planteada originalmente para que se hiciera justicia por situaciones como la del 96, cuando le robaron las elecciones al sandinismo”.

Además, tanto el PLC como el FSLN tienen capacidad de garantizar la presencia de fiscales electorales, con sus respectivos suplentes, en todas las 9,502 Juntas Receptoras de Votos que funcionarán el 4 de noviembre. Incluso los conservadores han preparado a sus fiscales, aunque no puedan garantizar que estén presentes en todos los centros de votación por falta de recursos económicos.

La verdad es que las denuncias de fraude parecen ser más bien una estrategia de los partidos para aumentar la desconfianza de la población hacia la institución del Estado que organiza las elecciones y cuenta los votos, y para crear condiciones que permitan, después de las votaciones, en caso de perderlas, reclamar que hubo fraude.

En estas circunstancias los observadores electorales independientes y la realización de un conteo rápido y confiable de las votaciones que sea conocido inmediatamente por el público, vendrían a desempeñar una función legitimadora de las elecciones. Así se podría disuadir a quien pretenda desconocer el resultado de los comicios alegando que hubo fraude, y, gane quien gane, se aseguraría la continuidad del proceso democrático a pesar de los diversos obstáculos que se le interponen, incluyendo las trampas de los mismos partidos políticos.  

El fantasma del fraude