La decisión del 4 de noviembre
Por la paz y la estabilidad
Joaquín Cuadra Lacayo*
Nadie con un mínimo de imparcialidad puede atreverse a adelantar o a predecir los resultados de las elecciones del próximo 4 de noviembre, y, a medida que se acerca el día, la incertidumbre crece. Esto no es sólo por el estrecho margen entre los candidatos del FSLN y el PLC, sino, sobre todo, por la partidarización del CSE, órgano bajo cuya administración y arbitrio se desarrollarán las próximas elecciones.
El ambiente se pone pesado y el clima anuncia posibles tormentas. La campaña electoral ha arreciado, los ataques verbales han subido de tono y ya se conoce de situaciones tensas escenificadas en distintas regiones del país. La campaña sucia, desatada y descarada, desconoce los más elementales límites de decencia y veracidad por ambos lados. Como decíamos arriba, a ello se suma de manera preocupante la naturaleza del actual Consejo Supremo Electoral, compuesto por Magistrados que antes de responder a las leyes de la República, hasta ahora se han caracterizado por un comportamiento fiel a las cúpulas de sus respectivos partidos políticos. Los mismos partidos que se han venido preparando para una batalla voto a voto en pos de la victoria del cuatro de noviembre a cualquier costo. Éste es un secreto, pero un secreto a voces que se discute en calles y buses, secreto medido incluso por la más reciente encuesta de la UCA, que investiga el grado de fanatismo de cuadros partidarios y hasta dónde están dispuestos a llegar para “defender” su voto.
Muchos nicaragüenses hemos optado por no ejercer nuestro derecho al voto en vista de que se nos ha negado la posibilidad de elegir libremente, pero, en el futuro inmediato, todos deberemos encontrar el camino para rescatar las instituciones del control partidarizado que actualmente padecen, y establecer un sistema político que respete y promueva la participación ciudadana y el pluralismo partidario mediante un cambio de las injustas leyes que hoy entregan nuestras instituciones a dos partidos, sobre todo la ley que rige los procesos electorales.
En este contexto, el llamado de la ex presidenta Violeta Chamorro, emplazando a los candidatos de los partidos que están participando en las presentes elecciones a que esperen y respeten los resultados oficiales de las elecciones, independientemente de que le sean favorables o no, o del margen de diferencia entre uno y otros, así como el llamado para que el candidato ganador se comprometa a formular una Estrategia Nacional a largo plazo, y como parte de esa estrategia, el nuevo Programa de Gobierno resulta absolutamente oportuno.
Se trata de que los partidos contendientes mediante el compromiso de honor explícito de sus candidatos, extirpen cualquier amenaza a la paz y la estabilidad. Lograrlo no debería ser difícil, si nos atenemos a la voluntad política que por lo menos de manera pública han expresado todos los candidatos presidenciales.
La rápida respuesta positiva de los tres candidatos presidenciales al llamado de doña Violeta es un buen augurio. Ciertamente insuficiente, pues sólo con su conducta en los próximos días, y especialmente de la que asuman en los días posteriores al cuatro de noviembre, podrá valorar la sinceridad y validez de los compromisos asumidos.
Un amanecer del lunes cinco de noviembre con dos partidos proclamándose ganadores y sus respectivos partidarios defendiendo sus votos en la calle, sólo echaría por la borda la frágil estabilidad que los nicaragüenses hemos logrado después de una época signada por los conflictos violentos, y constituiría una severa amenaza a la paz. Esta situación no conviene a nadie, en ella todos perdemos y el riesgo de que se presente debe abortarse desde ya.
El mismo peligro significa para el país, que en un ambiente violento en las calles, nuestro futuro se decida con un nuevo pacto entre Ortega y Alemán, quienes se rifarán a quién le toca esta vez, la Presidencia de Nicaragua. Este escenario pavimentaría el camino de un bipartidismo impuesto que se quedaría, alternándose uno de los dos caudillos en el poder por los próximos 20 años y, en el corto plazo, le aseguraría el retorno a la Presidencia a Arnoldo Alemán en el 2006.
El Consejo Supremo Electoral, por su parte, tiene ante sí la oportunidad y la responsabilidad de actuar con apego a la Ley y a la imparcialidad.
Las elecciones, independientemente de sus resultados, deberán dar lugar a un nuevo Gobierno que regirá los destinos de los nicaragüenses a partir del 10 de enero del próximo año. Y ese Gobierno tiene, desde ya, la inmensa responsabilidad de asumir las prioritarias tareas de enfrentar la pobreza que aflige al país, reconstruir la democracia, restablecer el pluralismo y fortalecer la institucionalidad, que serán los basamentos de su propia legitimidad. Lograr eso supone desterrar desde ya los riesgos de vivir situaciones que lo impidan, y toda la sociedad debe ejercer su fiscalización para que los compromisos asumidos sean honrados.
* Presidente de Unidad Nacional. 
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