Poder Judicial "manos arriba"
Janelys Carrillo Barrios
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El incremento salarial del 20 por ciento que 2,500 trabajadores del Poder Judicial recibían en enero de cada año, no llegará a su destino en el 2002 por el recorte presupuestario que el Ejecutivo propone para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), indicó Roberto Larios, director de Relaciones Públicas de este poder del Estado.
Para el 2002, el proyecto de ley presupuestario recorta en 600,000 córdobas el presupuesto del Poder Judicial, al asignar únicamente 391.9 millones contra 392.5 millones de córdobas que entregó en el 2001.
Indicó que de la partida presupuestaria en el 2001 en salarios se asignaron 260.7 millones. Para el año que viene hay un incremento a 313.3 millones de córdobas, pero como el techo disminuye del presupuesto total, esto implica que para cubrir los gastos habría que disminuir los gastos operativos y de capital.
Estos gastos de capital son las contrapartidas que la CSJ tiene que aportar a los proyectos que se financian con la cooperación externa como la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco Mundial, que aportan para la modernización de los registros públicos y los tribunales de la propiedad, entre otros.
Los gastos operativos, que después de los salarios son el rubro más importante, se verán reducidos en 64.8 millones en el 2002.
Dijo que esta reducción que se calcula en más del 40 por ciento de gastos operativos, significa que habrá menos dinero para el pago de servicios básicos como agua luz teléfono, combustible, viáticos y demás.
Por otro lado, la Corte deberá postergar la creación de las Salas de lo Contencioso Administrativo, cuatro Juzgados de Adolescentes en Estelí, Matagalpa, Chinandega y Rivas, y tampoco creará los juzgados locales programados para El Crucero, Ciudad Sandino y El Ayote ni los cuatro nuevos Juzgados de Distrito para Managua y una judicatura en Ocotal, agregó Larios.
“Se elimina, además, la posibilidad de contratar más defensores públicos y construir el Laboratorio de Toxicología y Biología molecular en el Instituto de Medicina Legal”, aseguró.
Por su parte, la juez Cuarto Local del Crimen, Adela Cardoza, dijo que “si a estas alturas llevamos dos meses sin papelería, la comida es pésima, hay serios problemas para pagarle a los jurados, nos van a quitar las líneas directas y recortarán la asignación de combustible, lo que viene es peor. Nos preguntamos, ¿qué sentido tiene que se aprueben leyes y códigos nuevos, si no hay infraestructura ni defensores públicos?”, expresó. 
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