Compras ‘turbias’ en el Centro Nacional de Oftalmología
 | Dos funcionarias del Cenao investigadas por compras al margen de la ley |
| CGR presume responsabilidad
penal contra ex cajera del Cenao |
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Jorge Loáisiga Mayorga
jorge.loaisiga@laprensa.com.ni
La Contraloría General de la República (CGR) en un informe de auditoría especial encontró responsabilidades administrativas contra la Directora General del Centro Nacional de Oftalmología (Cenao), Lissete Herrera Vásquez, y la Subdirectora Administrativa Financiera, Patricia Mayorga Gaitán, por haber realizado compras directas sin cumplir con el requisito de hacer tres cotizaciones y solicitar el debido permiso al ente fiscalizador para realizarlas.
Según la CGR, Herrera compró instrumentos quirúrgicos a la empresa GROBER; lentes intraoculares a AUROLAB y medicamentos a la empresa CEFA hasta por la suma de 287 mil 934 córdobas.
Herrera ya fue condenada a dos años de prisión en los Juzgados de Managua por el delito de lesiones culposas en perjuicio de nueve ancianos, quienes perdieron cada uno un ojo al infectarse con la bacteria pseudomona, en el Cenao.
LA PRENSA intentó hablar con Herrera, pero su secretaria dijo que la funcionaria se encontraba en una reunión y que no podía atendernos. Agregó que su jefa no conocía dicho informe de auditoría especial de la CGR y que mejor la llamáramos hoy para obtener su reacción. “Puede llamarla mañana para que ella le pueda dar información”, expresó.
Asimismo, la CGR en dicho informe establece presunción de responsabilidad penal en contra de María Lourdes Ortiz Manzanares, ex cajera del Cenao, por haberse apropiado indebidamente y para beneficio personal de 107 mil 975 córdobas.
La Contraloría examinó el período comprendido entre el primero de octubre de 1999 y el 31 de julio del 2000, por denuncias de los trabajadores sobre presuntas irregularidades que se estaban dando en el Centro.
En el caso de las compras directas realizadas por Herrera, la Contraloría sostiene que se violó el artículo siete del Reglamento de la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, Entes Autónomos y Municipalidades, vigente en la época examinada, que señalaba que “por la adquisición de bienes o servicios o ejecución de obras por montos iguales o inferiores al equivalente de 460 mil córdobas, podrá realizarse por contratación directa, previa obtención de tres cotizaciones de oferentes debidamente registrados…”.
“Lo que no hicieron fue solicitar la autorización de este Órgano de Control para efectuar contratación directa de conformidad con el artículo 14, numeral seis, inciso b, de la Ley de Contrataciones Administrativas, por lo que con fundamento en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la CGR, se deberá establecer en contra de dichas funcionarias responsabilidad administrativa”, explica el contenido de la resolución de la Contraloría.
En sus declaraciones en la CGR tanto Herrera como Mayorga Gaitán, encargadas del proceso de compras, justificaron que solamente obtuvieron dos cotizaciones debido a que CEFA y ALCON son las únicas casas comerciales que distribuyen esos productos.
CAJERA A LOS JUZGADOS
En el caso de la ex cajera María Lourdes Ortiz Manzanares, que se apropió indebidamente de 107 mil 975 córdobas, la CGR remitirá el caso a la Procuraduría General de Justicia y a los tribunales de justicia correspondientes para que se proceda a iniciar un juicio.
Respecto a las dos funcionarias a las que se les encontró responsabilidad administrativa, la CGR remitirá la resolución a la Ministra de Salud, Mariángeles Argüello, para que aplique las sanciones que establece el artículo 171 de la Contraloría, que van desde la aplicación de una multa de uno a seis meses de salario, pudiendo además ser destituidas de sus cargos. La decisión será tomada por la Ministra Argüello.
MINISTRA EN EE.UU.
“La ministra no está en el país. Se encuentra en Estados Unidos en un encuentro sobre salud”, dijo la vocera del Ministerio de Salud, Tamara Montes, al ser consultada si la Contraloría notificó alguna resolución en la que se determine presunción de responsabilidad administrativa contra dos funcionarias y presunción de responsabilidad penal contra una ex cajera.
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